Educación: A través de la Resolución 61/2024, el Ejecutivo oficializó el nuevo programa que se propone «subvencionar la demanda y no la oferta» para «evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales». Un dato que resulta llamativo cuando fue el propio Gobierno el que decidió desregular el valor de las instituciones privadas que ahora las familias no pueden pagar.
Con la firma de Sandra Pettovello se oficializó lo que Javier Milei había adelantado que se iba a implementar en educación: un mecanismo de «asistencia» para la clase media destinado a pagar las cuotas escolares de los colegios privados, ante el aumento significativo de las mismas, tras la desregulación que él mismo propicio. La medida, a la que denominó «vouchers educativos», no es otra cosa que una «beca» para financiar a las familias que ya envían a sus hijos a instituciones educativas privadas.
A través de la Resolución 61/2024, el Ejecutivo oficializó el nuevo programa en educación que se propone «subvencionar la demanda y no la oferta» para «evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales». Un dato que resulta llamativo cuando fue el propio Gobierno el que decidió desregular el valor de las instituciones privadas.
Pese a ello, el documento, que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, el oficialismo responsabiliza de la situación actual a la gestión anterior y expresa que el programa en educación se implementa como resultado de la «situación económica heredada», la cual «hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones».
En esencia, los vouchers educativos representan un subsidio directo temporario otorgado a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, con al menos 75 por ciento de aporte estatal, siempre que el ingreso familiar no supere el equivalente a SIETE (7) salarios mínimos vitales y móviles.
Fuente página 12
