Con Casupá como eje, la administración nacional lanza un plan estructural para asegurar agua hasta 2050.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, presentaron en el Parlamento su nueva estrategia para asegurar el abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana, tras descartar la implementación del Proyecto Neptuno y, además, expusieron los lineamientos centrales del plan ante la Comisión de Ambiente de Diputados.
«Estamos construyendo la solución definitiva», afirmó Ortuño, al explicar que el nuevo enfoque se basa en una combinación de obras estructurales, previsión territorial y cobertura social. Las principales obras incluyen la construcción de una represa en Casupá, una nueva planta potabilizadora en la cuenca del Solís Chico con capacidad para procesar 200.000 metros cúbicos diarios, y la extensión del servicio a localidades de la Costa de Oro que no tienen acceso regular al agua como Jaureguiberry.
Además, se prevé una reserva adicional de agua bruta en Solís Chico y mejoras en redes y tuberías existentes. Ortuño explicó: «No solo vamos a asegurar el agua potable para el Área Metropolitana, sino que por primera vez vamos a llegar con agua a zonas que hoy no tienen servicio regular».
El costo total estimado del conjunto de obras es de 350 millones de dólares. La represa de Casupá, prevista para iniciar obras en 2027, tendrá una capacidad de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos, más del doble que Paso Severino, y estará ubicada a 10 kilómetros del pueblo. El proyecto será financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El alcalde de Casupá valoró la nueva obra
Desde Casupá, donde el anuncio fue recibido con expectativa, el alcalde Luis Oliva lo valoró y resaltó: «Es bueno que no sea solo un embalse de agua potable, sino que venga a solucionar la falta de inversión estatal y de fuentes laborales en el interior del país».
Por otro lado, el Ministerio de Ambiente (MA) analiza escenarios y medidas de mitigación ambiental, ya que la obra implicará la tala de 400 hectáreas de monte nativo. La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental exigió a OSE actualizar los estudios de impacto, condición para otorgar la Autorización Ambiental Previa. En paralelo, se firmó un acuerdo con la Facultad de Ingeniería para estudiar la futura calidad del agua del embalse y se proyecta declarar la cuenca del Santa Lucía como Área Protegida.
«Las obras que estamos impulsando no son solo necesarias, son urgentes. Y tienen sustento técnico, ambiental y social», concluyó Ortuño.
Fuente Ámbito
