La Ley de Corresponsabilidad en la Crianza y Tenencia Compartida fue de amplio debate en Uruguay, con elogios de grupos como Varones Unidos y críticas de los movimientos feministas y hasta la propia ONU.
La Ley Nº 20.141, conocida popularmente como «Ley de Tenencia Compartida«, fue aprobada por el Parlamento uruguayo el 3 de mayo de 2023 y entró en vigor poco después. Esta norma establece el principio de corresponsabilidad en la crianza, reconociendo que ambos progenitores tienen derechos y obligaciones iguales en el cuidado de sus hijos, independientemente de su situación sentimental o de separación.
La tenencia compartida se presenta como el régimen preferente para niños y adolescentes, salvo en casos de «imposibilidad» justificada, como graves problemas de salud o incompatibilidades extremas. La ley permite modalidades flexibles (por ejemplo, alternada o indistinta) y prioriza el interés superior del niño, pero impone que la tenencia sea acordada de mutuo consenso o, en su defecto, decidida por un juez con énfasis en la igualdad parental.
El objetivo declarado, según el texto, es fomentar la «participación activa» de ambos padres en la vida cotidiana de los hijos, reduciendo la alienación parental y promoviendo vínculos estables. Sin embargo, críticos argumentan que esta «imposición» de la compartida como default ignora contextos de desigualdad de género y violencia intrafamiliar, ya presentes en la legislación anterior (como el Código de la Niñez y Adolescencia de 1994, que ya contemplaba la tenencia compartida de mutuo acuerdo).
Todo esto vuelve a la palestra luego del doble femicidio ocurrido en Córdoba, Argentina, por el cual está acusado Pablo Laurta, líder y fundador del grupo de la manósfera «Varones Unidos», quien apoyó y participó de la conformación de la ley. Se había fugado con su hijo de 5 años (también hijo de la víctima) hacia Gualeguaychú, en la frontera con Uruguay.
La Ley Nº 20.141, conocida popularmente como «Ley de Tenencia Compartida«, fue aprobada por el Parlamento uruguayo el 3 de mayo de 2023 y entró en vigor poco después. Esta norma establece el principio de corresponsabilidad en la crianza, reconociendo que ambos progenitores tienen derechos y obligaciones iguales en el cuidado de sus hijos, independientemente de su situación sentimental o de separación.
Una ley criticada hasta por la Unicef y la INDDHH
Desde su aprobación, la ley ha generado un amplio debate, con reparos expresados por organismos internacionales, expertos en derechos humanos y organizaciones feministas. Las principales críticas se centran en su potencial para vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), especialmente en contextos de violencia de género.
Una de las mayores preocupaciones es la imposición de la tenencia compartida como régimen predeterminado, que prioriza la compartida incluso sin acuerdo mutuo, obligando a NNA a convivir con progenitores potencialmente abusivos. Esto contradice recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que advierte contra regímenes rígidos en casos de violencia, según informes de UNICEF Uruguay y el propio Comité.
Otra crítica clave radica en la dificultad para suspender regímenes de visitas en casos de violencia, ya que la norma impide la suspensión automática de visitas o tenencia ante denuncias de abuso (físico, psicológico o sexual), requiriendo pruebas exhaustivas y procesos judiciales largos. Esto expone a NNA a riesgos continuos, como revictimización o escalada de violencia; en Uruguay, el 70% de los femicidios involucran hijos en común, y la ley complica la protección inmediata, como señalan la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Además, se acusa a la ley de carecer de perspectiva de género y enfoque en la infancia, considerándola «innecesaria» porque la tenencia compartida ya existía en el Código de la Niñez (art. 193), pero sin obligatoriedad. Críticos, incluyendo el Movimiento de Participación Popular (MPP) y expertas en derecho familiar, señalan que ignora la sobrecarga histórica de las madres en la crianza y prioriza «derechos paternos» sobre la protección infantil, aumentando casos de alienación parental falsa para deslegitimar denuncias de abuso.
En el impacto sobre víctimas de violencia doméstica, casos reales reportados muestran que madres denunciantes enfrentan órdenes judiciales de compartida pese a abusos probados, generando estrés postraumático en los hijos y perpetuando ciclos de violencia; un estudio de la INDDHH destaca que esto viola la Convención sobre los Derechos del Niño al no priorizar el «mejor interés del menor».
Finalmente, las consecuencias recientes incluyen llamados a derogación tras el filicidio de Río Negro en septiembre de 2025, donde un padre mató a sus hijos durante un régimen de tenencia; el Frente Amplio (FA) impulsa su derogación total, argumentando que la ley «facilita tragedias» al no blindar a NNA de progenitores violentos, y organizaciones proponen un marco más protector con evaluaciones psicosociales obligatorias. Estas críticas no niegan la importancia de la corresponsabilidad parental en contextos igualitarios, pero enfatizan que la rigidez de la ley agrava desigualdades preexistentes en Uruguay, donde el 80% de las denuncias por violencia doméstica provienen de mujeres.
El caso de Pablo Laurta: un defensor de la ley bajo escrutinio
Pablo Laurta, un empresario uruguayo de 40 años y fundador del grupo «Varones Unidos» (creado en 2014), se ha convertido en las últimas hora sen un símbolo de las tensiones alrededor de la ley. Este colectivo, calificado como misógino por analistas, promueve discursos contra el «feminismo radical» y defiende la igualdad parental absoluta, incluyendo la tenencia compartida obligatoria.
Laurta militó activamente por la aprobación de la Ley 20.141, argumentando que protege a padres «discriminados» por sistemas judiciales sesgados hacia las madres. El 12 de octubre de 2025, Laurta fue detenido en Gualeguaychú (Entre Ríos, Argentina) como principal sospechoso de un doble femicidio seguido de secuestro. Acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina (24 años), y a su madre, Mariel Zamudio (50 años), en Córdoba, Argentina, el crimen ocurrió en el hogar familiar, donde las víctimas fueron baleadas.
Posteriormente, Laurta huyó con su hijo de 5 años, secuestrándolo durante horas hasta que el niño fue rescatado, sano y salvo, por la policía argentina en un operativo coordinado con Uruguay. La Justicia argentina lo imputa por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, además de sustracción de menor. El caso ha conmocionado a ambos países, vinculando directamente los discursos de Laurta con violencia extrema.
Laurta usaba «Varones Unidos» para amplificar narrativas de «víctimas masculinas» en disputas de custodia, alegando que las denuncias de abuso son «armadas» por mujeres para alienar a los padres. En el contexto de su separación de Giardina, se reportan antecedentes de conflictos por la tenencia del hijo, donde Laurta invocaba principios de la ley uruguaya para reclamar derechos iguales, pese a denuncias previas de violencia.
Expertos no paran de advertir que la ley, defendida por figuras como Laurta, normalice regímenes de tenencia que ignoran señales de peligro, como en este caso donde el niño fue expuesto a un fugitivo armado. Además, resalta la escalada de violencia de género, mostrando cómo defensores de la «corresponsabilidad» absoluta minimizan la violencia intrafamiliar; en Uruguay, casos similares (como el filicidio de 2025) muestran que leyes rígidas retrasan intervenciones protectoras, poniendo en jaque la vida de NNA.
Finalmente, legitima discursos tóxicos, ya que Laurta colaboró con referentes antigénero como Agustín Laje y Nicolás Márquez, influyendo en lobbies parlamentarios; su detención ha avivado llamados a revisar la ley, argumentando que amplifica retóricas de odio que deslegitiman denuncias de abuso.
En respuesta, organizaciones como la Red contra la Violencia Doméstica urgen evaluaciones obligatorias de riesgo antes de cualquier régimen de tenencia, y el FA acelera su proyecto de derogación, citando el caso Laurta como «prueba irrefutable» de fallas sistémicas.
Fuente LR21
