La Intendencia de Río Negro a través de la Dirección de Ambiente, procedió a la detención de caballos sueltos que se encontraban en predios del Barrio Las Canteras y Barrio Matto Grosso.
Ante el reclamo y las denuncias por los perjuicios que causan los animales en la vía pública, sobre todo caballos y perros, la Intendencia intervino basándose en la normativa vigente que data de 1979. El gran problema al apresar un caballo y llevarlo a un corral, como se hizo en este caso, son las diferencias de criterio ya que según algunas opiniones entendidas en el tema, rige el Código Rural pero no resulta claro que organismo público debe intervenir.
Anteriormente era una función del Ministerio del Interior a través de la Policía, pero eso fue derogado por una Ley en 2018 y que en 2019 tenía que entrar en vigencia y empezar a aplicarse, pero por distintas circunstancias, no se reglamentó. Lo complejo del caso es que muchas intendencias y otros organismos públicos están a la espera de entrada en vigencia de la Ley, que sigue un trámite por diferentes ministerios, encontrándose ahora en el de Ganadería Agricultura y Pesca.
Ante la complejidad del tema, Orilla y Media consultó a un experto en el tema, quien prefirió el anonimato y reconoció que la firma está “trancada” y que existirían diferencias de criterio ya que en última instancia, el ministerio a través de los servicios ganaderos, tendría que dar destino a los caballos apresados y podría darse el caso que si el propietario decide no hacerse cargo del mismo, el animal puede terminar en un remate o en un frigorífico.
Todo parece indicar que la Intendencia aplicó la normativa del año 1979, la cual está desactualizada, entre otras cosas, en el valor de la multa. La mayor dificultad, según la fuente que insistió en el anonimato, fue la operativa de captura y traslado de los caballos, pues debió recurrirse a la Guardia Rural y Sanidad Animal, ya que es necesario proteger al caballo al punto que debió intervenir Dirección de Tránsito de la Intendencia para que eventualmente el animal no se desbocara, se lastimara o produjera un accidente.
Cuando los caballos ingresaron al corral donde se los mantiene, fue necesario recurrir a Sanidad Animal, lo que significó todo un procedimiento para evaluar el estado del animal.
Tras la notificación a los propietarios donde se informa acerca de la situación del caballo y la multa que deberá abonar, tras haber justificado la propiedad, algunas personas se enfrentaron a los funcionarios de la Intendencia.
Orilla y Media pudo confirmar que algunos propietarios de caballos se habrían expresado en forma virulenta por el accionar de la Intendencia y además de las quejas, habrían amenazado con cortar el alambrado del sitio donde están los animales de su propiedad.
