El PAMI tiene en la actualidad una deuda con sus prestadoras que alcanza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, el ministro Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para explorar un auxilio financiero.
A la par, la crisis del PAMI también impacta en la cadena de provisión de medicamentos. Este medio accedió a un comunicado del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que advierte: “Atención. Las farmacias en situación crítica. Informamos a nuestros pacientes que, ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos”. Si bien remarcan que mantendrán la atención a los afiliados, aclaran que “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”.
Hace ocho días hubo un encuentro entre los ministros Lugones y Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo del PAMI y, desde la cartera de Salud, sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.
Desde la Casa Rosada, en tanto, ayer relativizaron el conflicto interno y se mostraron confiados en una pronta resolución de la crisis de pagos que enfrenta al PAMI con sus prestadores. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales ante las consultas sobre cómo pensaba el Gobierno resolver el conflicto que hasta llegó a ser tema en el AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí, Lugones afirmó ayer que “el PAMI está pagando”.
La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados y pensionados, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”, especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos dentro del gabinete nacional.
El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero en la actualidad no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada por los prestadores. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Leguízamo, cuya gestión quedó en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares.
La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo en la que le advirtió que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfases”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los ser vicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.
Reconfiguración
El paro que terminará hoy es impulsado por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia) y cuenta con el respaldo de los gremios del sector público, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que pretenden extender la protesta. La medida de fuerza surge tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos y fue aplicada, según los profesionales, sin consulta y con carácter retroactivo al 1° de abril.
Desde el PAMI sostienen que no se trata de un ajuste sino de una reconfiguración del sistema que incrementa el ingreso fijo de los médicos y que permite ordenar el gasto. Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por un sistema exclusivamente capitado: el PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extras.
Fuentes del PAMI señalaron que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que busca “ordenar y proyectar la inversión del instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”.
Según explicaron, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”. Además, sostienen que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector para simplificar la carga administrativa y que permitirá mejorar los controles sobre las prestaciones efectivamente realizadas.
“Hay una crisis generalizada en el PAMI. El reclamo de los médicos de cabecera es entendible porque les sacaron los adicionales. Además, les pidieron que limiten la atención a los pacientes diabéticos porque son tratamientos de alto costo. También hay demoras en la entrega de pañales. Es parecido a lo que sucedió en los 90”, dijo Ramón Farías, coordinador nacional de ATE en ese organismo.
El PAMI tiene 10.500 empleados.
Hubo un recorte de 1500 desde que llegó Milei, entre despidos y jubilaciones. Hay versiones que anticipan que se activaría en el corto plazo un plan de retiros voluntarios como el que el Gobierno abrió en los medios públicos.
En ese contexto, médicos de cabecera describen un escenario de fuerte deterioro en sus condiciones de trabajo y en la atención a los afiliados. “Muchos médicos tienen miedo de hablar por temor a represalias, pero yo no. Hace 17 años que trabajo en el PAMI”, señaló Fernanda Scoccia.
Según explicó la médica, la reducción salarial llegó “al 50% sin aviso”, pese a que se les había anticipado un cambio “para descomprimir un poco los gastos de sostener un consultorio abierto full time”. “Hicieron todo lo contrario”, afirmó.
Scoccia detalló el impacto en su actividad: “Tenemos muchos gastos y esta reducción llega con el pago de abril sin que lo supiéramos. Tengo que pagar el consultorio, la secretaria, entre otras cosas. Son un montón de pagos y tengo que poner plata de mi bolsillo para sostener el mes”. Y advirtió sobre la falta de respuestas: “No tenemos respuestas del Gobierno y eso es lo que más nos preocupa. No estamos acostumbrados a tomar estas medidas, pero no nos queda otra”. En ese sentido, consideró que “hay un desfinanciamiento de la salud” y cuestionó la mirada oficial: “El Gobierno nos ve como un gasto, pero no lo es”.
La médica también puso el foco en el vínculo con los pacientes: “Mi relación con los jubilados es de hace 17 años. Muchos me conocen desde cuando estaba embarazada. Se forma un vínculo y por eso duele esta situación, porque nos afecta a nosotros y a ellos también”.
Scoccia advirtió sobre los límites de esa situación: “Uno jura un compromiso con la salud, pero llega un momento en que, si nos siguen sacando ingresos, no voy a poder seguir sosteniendo el consultorio. Voy a intentar que eso no ocurra”.
En la misma línea, el médico de cabecera Rodrigo Ortiz, de PAMI Santa Fe, sostuvo: “Una reducción salarial del 50% no es una medida administrativa, es un ajuste directo sobre la salud pública”. Ortiz cuestionó además que la resolución 1107/2026 se haya implementado “sin diálogo” y advirtió que “no solo golpea a los profesionales, también afecta la calidad de atención de miles de jubilados que dependen de nosotros todos los días”.
Además, Ortiz describió un sistema sanitario en tensión: “Trabajar en estas condiciones se vuelve cada vez más difícil. Se atienden solo urgencias y muchas consultas se reprograman”. Y planteó los ejes del reclamo: “La derogación de la medida y una recomposición laboral”.
En su testimonio, remarcó el costado humano de la tarea: “Detrás de cada consulta hay historias, hay soledad, hay enfermedades. No son privilegios, sino de condiciones dignas para poder cuidar”. Y concluyó: “Cuando se ajusta sobre la salud, no se recorta un gasto: se debilita el cuidado de toda una sociedad. La salud no se ajusta”.
(Fuente: La Nación)
