Ante el pronunciamiento del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos en respaldo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial, el Foro de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos considera necesario “expresar con claridad una posición firme, responsable y fundada”.
Desde el Foro consideraron que “el déficit de la Caja de Jubilaciones no puede ser presentado como si fuera una carga generada por los jubilados”. “Esa mirada es injusta y profundamente sesgada. La Caja se sostiene con los aportes de los trabajadores en actividad, con las contribuciones patronales y con la responsabilidad legal e institucional del Estado. Si hoy existe un déficit estructural, ello responde a años de malas administraciones, desorden fiscal, políticas salariales equivocadas, falta de previsión, ausencia de controles y una deficiente estrategia de financiamiento. No corresponde, por lo tanto, trasladar ese costo a quienes ya cumplieron toda una vida de trabajo y hoy ejercen un derecho previsional legítimo”.
“Nos preocupa que ciertos sectores empresarios hablen del peso que soportan por la presión fiscal, pero omitan reconocer todo lo que reciben del Estado. La actividad privada también se apoya todos los días en la escuela pública que forma trabajadores y profesionales, en la salud pública que preserva la fuerza laboral, en la justicia que da seguridad jurídica, en la infraestructura, en la seguridad, en la obra pública, en las promociones, en las exenciones y en múltiples formas de respaldo estatal. No se puede reclamar austeridad solo cuando se trata de salarios y jubilaciones, y callar cuando se trata de beneficios, alivios o costos que terminan siendo absorbidos por toda la sociedad”, plantearon.
“Mucho menos -agregaron- se puede aceptar que se enfrente a empresarios con jubilados, como si el problema previsional fuera consecuencia del haber de quienes ya están retirados. Esa confrontación es falsa, peligrosa y funcional a un objetivo muy claro: desplazar la discusión sobre las verdaderas responsabilidades del Estado y convertir al jubilado en variable de ajuste”.
Señalaron que “desde la mirada del docente jubilado, este debate resulta aún más grave. Los docentes jubilados integran uno de los sectores de menores ingresos relativos dentro del universo previsional, y sin embargo son quienes dedicaron décadas a sostener la escuela pública y a formar generaciones enteras de entrerrianos. Su jubilación no es un privilegio, no es una dádiva y no es una concesión política: es salario diferido, es derecho previsional y es la continuidad de una vida de trabajo al servicio de la provincia. Pretender que ese sector pague el costo del déficit es, además de injusto, moralmente inadmisible”.
“No negamos la existencia del problema. Lo que rechazamos es la solución elegida. Si el sistema arrastra desequilibrios, el Estado debe hacerse cargo de lo anterior y de lo actual: ordenar sus cuentas, transparentar el financiamiento, auditar aportes y contribuciones, reclamar los recursos que correspondan, terminar con las distorsiones salariales y cumplir plenamente con sus obligaciones legales. Lo que no puede hacer es descargar el ajuste sobre jubilados y pensionados, ni mucho menos sobre los sectores más débiles del sistema”, sostuvieron.
Apuntaron que “si las entidades empresarias quieren participar del debate, bienvenidas. Pero deben hacerlo con todos los números sobre la mesa: no solo con lo que dicen aportar, sino también con lo que reciben del Estado y con los beneficios de los que gozan. Porque no hay debate honesto si solo se pone bajo la lupa a los jubilados, mientras se omite discutir exenciones, promociones, subsidios, infraestructura financiada por el conjunto y otros costos sociales y ambientales que también recaen sobre la provincia”.
“La sustentabilidad del sistema previsional no puede construirse sobre el perjuicio de quienes menos margen tienen para defenderse. No habrá modernización legítima del Estado si ella se apoya en la pérdida de derechos previsionales. No habrá crecimiento justo si ese crecimiento exige que los jubilados financien con su deterioro los errores acumulados por la administración pública”, subrayaron y concluyeron: “El déficit de la Caja no debe pagarlo el jubilado. Debe enfrentarlo y corregirlo el Estado, con responsabilidad, transparencia y justicia”.
Fuente Análiis
