La Multisectorial de Entre Ríos —espacio que nuclea a diversos gremios y organizaciones sociales— formalizó este jueves ante la Cámara de Diputados la presentación de un anteproyecto de reforma. La iniciativa busca posicionarse como el camino opuesto a la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, centrando su estrategia en la creación de un fondo específico de financiamiento.
El núcleo de la propuesta es la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper). Según el texto al que tuvo acceso la prensa, este instrumento se diseñó como una “respuesta estructural, innovadora y profundamente solidaria ante el desafío histórico que representa el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de nuestra provincial”.
A diferencia del planteo oficial, que apunta a revisar parámetros de aportes y beneficios, la Multisectorial sostiene que “la sustentabilidad del sistema debe buscarse en la eficiencia recaudatoria sobre la renta extraordinaria y no en el sacrificio de quienes ya cumplieron su ciclo laboral”.
El proyecto fundamenta la obtención de recursos en la aplicación de alícuotas diferenciales, apelando a los principios de progresividad y equidad tributaria. El objetivo es gravar con mayor fuerza a los sectores con mayor capacidad contributiva del territorio entrerriano.
Para sustentar legalmente este avance sobre sectores de mayor patrimonio, el texto se apoya en la Constitución de Entre Ríos, mencionando que la propiedad tiene una “función social” (Art. 23) y está sujeta a las obligaciones que el Estado imponga en pos del bien común.
En este sentido, el documento afirma:
“Al dirigir el esfuerzo fiscal hacia los sectores de mayor patrimonio no solo se cumple con el criterio de proporcionalidad, sino que se garantiza la operatividad del sistema de seguridad social, protegiendo el carácter integral e irrenunciable de los beneficios previsionales”.
Uno de los puntos más críticos del anteproyecto es la defensa del carácter contractual del sistema previsional. La Multisectorial argumenta que, tras décadas de aportes, el trabajador cumple con su parte de un acuerdo que el Estado no puede romper unilateralmente.
“Este proyecto se fundamenta en la premisa innegociable de que el déficit previsional es una contingencia financiera del Estado y nunca puede ser utilizado como excusa para la regresión de derechos de los beneficiarios”, expresa el documento de manera tajante.
Finalmente, los autores de la iniciativa subrayan que el riesgo de una gestión ineficiente o de los cambios poblacionales no debe recaer sobre los jubilados. El texto concluye que, si durante décadas el trabajador entregó parte de sus ingresos bajo la promesa de una “vejez digna”, cualquier falla en el sistema debe ser absorbida por la estructura estatal.
“Si el Estado no gestionó eficientemente esos fondos o si las condiciones demográficas cambiaron, el riesgo debe ser asumido por la estructura estatal y no por el eslabón más débil. Restringir derechos hoy es una ruptura unilateral de un contrato social preexistente”, sentencia el anteproyecto que ahora deberá ser analizado por los legisladores en la capital provincial.
Fuente El Entre Ríos
