El proyecto de ley de reforma de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio no es una simple reestructuración contable; representa un quiebre profundo en los derechos históricos de los trabajadores entrerrianos.
Bajo la premisa de la urgencia fiscal, la propuesta les traslada el costo de la crisis a los eslabones más vulnerables y consolida un modelo de precarización institucional que pagaremos durante las próximas décadas.
Por Pablo Mugherli (*)
El proyecto altera la naturaleza misma de la seguridad social, transformando la solidaridad en una carga confiscatoria que afecta tanto a activos como a jubilados.
Se rompe un principio elemental del derecho laboral: el jubilado ya aportó durante toda su vida activa para gozar de su descanso. Imponerles «aportes solidarios excepcionales» a los pasivos y mantener los descuentos en regímenes especiales equivale a una doble imposición y a una expropiación encubierta de un haber que tiene carácter alimentario.
Al deprimir los ingresos de los pasivos mediante múltiples capas de descuentos y topes máximos, el Estado asume una lógica utilitarista donde el equilibrio de las cuentas públicas justifica el sacrificio de los derechos individuales ya consolidados.
Para equilibrar la balanza fiscal, la reforma endurece las condiciones de acceso a los beneficios básicos, ignorando las realidades del mercado de trabajo.
Exigir 20 años de aportes efectivos y continuos inmediatamente anteriores al cese o forzar la actividad regular previa a una invalidez es desconocer los baches contributivos que sufren los trabajadores (desempleo transitorio, licencias, crisis económicas). Esto deja desamparadas las contingencias biológicas e inculpables del trabajador.
Limitar la pensión por viudez o convivencia a un plazo equivalente a la duración del vínculo matrimonial (para menores de 55 años) les quita la integralidad a los derechos de familia y rompe el estándar internacional de protección ante la pérdida del sostén económico.
Elevar la edad jubilatoria común a los 68 años para futuros aportantes responde a un frío cálculo demográfico que ignora el desgaste biológico diferencial según el sector de trabajo y la expectativa de vida saludable.
Uno de los puntos más graves e inconsistentes de la reforma es la redacción puramente «facultativa» que permite a la Caja de Jubilaciones o a Tesorería retener fondos cuando detecten sumas no remunerativas en los municipios o el Estado, en lugar de prohibirlas de manera taxativa.
Mientras que en el sector privado abonar sumas «en negro» está severamente penalizado, el Estado provincial se autoexcluye de la prohibición absoluta. Se crea una desigualdad ante la ley: el Estado puede licuar sus obligaciones patronales pagando bonos no remunerativos, desfinanciando de forma crónica a la propia Caja a la que dice querer salvar.
Al ser la Caja un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, el control queda debilitado. Si el Ministerio de Economía otorga aumentos en negro para ahorrar millones en aportes patronales, la Caja «omite» u «observa tarde» estas maniobras, y el perjuicio se traslada directamente al bolsillo del futuro jubilado, cuyo haber se calculará sobre un sueldo básico distorsionado.
El proyecto de ley plantea una falsa salida. En lugar de dotar de sustentabilidad real y genuina a la Caja de Jubilaciones combatiendo la precarización laboral del propio Estado y expandiendo la base de aportes de manera equitativa, opta por el recorte regresivo y la delegación de facultades. La reforma consagra un esquema de antijuridicidad manifiesta que posterga las soluciones de fondo, debilita la confianza legítima de la ciudadanía en sus instituciones y traslada la deuda fiscal hacia el futuro en forma de juicios multimillonarios por reajuste.
Señor Gobernador Frigerio, la provincia exige una reestructuración profunda, pero también seria, donde el equilibrio de las cuentas públicas no se logre quebrando la dignidad de quienes entregaron su vida al trabajo. Para el arco político siempre es sencillo firmar un ajuste desde la comodidad de ingresos que no conocen el hambre: si un funcionario percibe 13 o 15 millones de pesos, retirarse con una jubilación de 10 millones seguro no le impide seguir viviendo dignamente. Sin embargo, para nuestros jubilados reales, la matemática del Excel se traduce en carencia.
Es tiempo de ordenar los números con sensibilidad social, demostrando que la verdadera austeridad empieza por casa y que el costo de la crisis no debe recaer, una vez más, sobre las espaldas de los más vulnerables.
(*) docente – C. del Uruguay
