El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, sumó sus consideraciones al debate legislativo en torno al proyecto de reforma del sistema jubilatorio impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. En declaraciones radiales, el exmagistrado analizó el rol del Fiscal de Estado, cuestionó la declaración de emergencia previsional y apuntó con dureza contra un legislador de la oposición.
Al respecto, el expresidente del STJ marcó una postura clara sobre el deber del fiscal en caso de que la norma sea aprobada y posteriormente cuestionada por la vía legal: “Y los intereses de la Provincia lo marcan los ejecutivos, y el Ejecutivo, en este caso, ha mandado el proyecto. Por lo tanto, si se judicializa alguna ley, alguna norma, algún artículo, la defensa de la posición de la ley y de la Provincia la va a hacer el fiscal de Estado”.
A pesar de definir el rol técnico de la defensa estatal, Castrillón manifestó su abierto desacuerdo con los fundamentos de la reforma y el uso de la figura de emergencia. Evaluó que la crisis del sistema previsional responde a una falta de previsión prolongada en el tiempo y no a una coyuntura excepcional.
“El déficit de la Caja de Jubilaciones y el desfinanciamiento es un problema que se ha tornado crónico y sobre el que no se han tomado las medidas de fondo que se tenían que ir tomando en el tiempo”, señaló. Asimismo, recurrió a la ironía para desmitificar los argumentos técnicos sobre la sustentabilidad del sistema: “Una de las explicaciones más fáciles que se da es que la relación de aportantes y beneficiarios tiene que ser 3 a 1. Actualmente no hay esa relación. Claro, la respuesta mía en el Senado es que el Estado tome más empleados, que haya más activos, bajan el nivel de desocupación, llegan al 3 a 1 y se termina el desfinanciamiento de la Caja. Claro, en ese caso va a tener el Gobierno el desfinanciamiento salarial”.
El exmagistrado recordó que la incorporación al sistema provincial de pasivos provenientes de sectores privatizados o disueltos —como el Banco de Entre Ríos, la distribuidora de energía y el ex Frigorífico Regional Santa Elena— agravó la situación actual. “Fueron medidas que se fueron tomando en el tiempo así que no pueden ahora resolverlo con una emergencia. No es una emergencia. Te diría que es negligencia de no cumplir con lo que habíamos firmado, que es buscar armonizar con la norma nacional y que los otros nos paguen el déficit que tenía la Caja nuestra”, fustigó.
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista radicó en la consulta sobre la situación del senador provincial Rubén Dal Molín, quien trascendió públicamente por haber iniciado su trámite jubilatorio y luego haber solicitado su retiro ante las repercusiones negativas.
Castrillón fue tajante al respecto: “Lo de Dal Molín es una payasada, como lo de (el exjefe de Gabinete, Manuel) Adorni. Después de haber iniciado el trámite de la jubilación, no podes volver atrás. Retirar el pedido porque se hizo público es una payasada, la verdad. Muestra que no está tan sólido”.
Respecto al comportamiento de los bloques legislativos frente al tratamiento de la ley, Castrillón vinculó la disciplina partidaria a las dinámicas electorales de la provincia. “Hay gente que está muy preparada y hay gente que está muy alineada para hacer los deberes. En ambas Cámaras. El problema del legislador es siempre que, cuando se arriman las elecciones, quiere seguir. Y para seguir en una lista, normalmente, cuando gobierna un partido, algo tiene que ver con la lapicera del Gobernador”, analizó.
Finalmente, sobre el posicionamiento del Partido Justicialista (PJ) y los votos clave en la Cámara Alta, recordó que “el congreso del PJ le ha dado instrucciones a los legisladores para que se rechace el proyecto”. En tanto, al evaluar el rol de la senadora Gladys Domínguez (Peronismo Federal), cuyo voto podría definir el rumbo de la votación, concluyó: “No lo sé. Creo que ella va a buscar algunas modificaciones al proyecto. No creo que firme el texto original”.
