La Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros respondió este jueves 2 de julio una solicitud de acceso a la información pública presentada por ANÁLISIS y puso sobre la mesa, con número de expediente, fecha de pago y resolución para cada operación, el mapa completo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la administración de Javier Milei giró a la provincia de Entre Ríos desde el inicio de su gestión. La nota, firmada digitalmente por el director Sebastián Folino y tramitada bajo el expediente EX-2026-60484026-APN-DGDYL#MI, acompaña un detalle de diez páginas de la Dirección de Asistencia y Política Demográfica más nueve documentos agregados: los informes trimestrales que, por mandato del artículo 5 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, el Ministerio del Interior debe remitir a los gobernadores para dar cuenta del reparto del fondo.
El número central del expediente es contundente: entre el 29 de diciembre de 2023 y el 30 de abril de 2026, el gobierno nacional transfirió a Entre Ríos 36.144.712.230 pesos en concepto de ATN, distribuidos en diez operaciones. La cifra, cruzada con el detalle nacional que el propio informe aporta, convierte a la provincia que gobierna Rogelio Frigerio en la tercera jurisdicción más favorecida del país por este fondo durante la era Milei, apenas detrás de Misiones y Tucumán, y por delante de Salta. En un esquema donde siete distritos no recibieron un solo peso en treinta meses, el dato no es menor: Entre Ríos capturó el nueve por ciento de todos los ATN repartidos por la actual gestión en todo el territorio nacional. Y siempre quedó claro que la buena relación de Rogelio Frigerio con varios de ellos -y el pacto con Milei-, fueron determinante para lograr mayores beneficios. No obstante, ninguno de los ATN fueron derivados -desde el gobierno entrerriano que siempre concentra ese poder- a municipio alguno de la provincia, para atender situaciones difíciles, como las que también transitaron en estos tiempos. Obvio que para ello debe existir el pedido concreto del municipio, con las argumentaciones respectivas, para que luego se envíe el ATN desde el gobierno nacional a la Gobernación de Entre Ríos y desde ahí se debe derivar. Si no hay pedido, no hay ATN.
Durante la gestión de Javier Milei hubo tres ministros del Interior en sentido estricto, con dos períodos intermedios en los que la cartera perdió rango ministerial y quedó absorbida por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Guillermo Francos fue el primero, desde el 10 de diciembre de 2023. Ocupó el cargo hasta fines de mayo de 2024, cuando tras la salida de Nicolás Posse pasó a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior fue degradado y fusionado con esa estructura.
Lisandro Catalán fue el segundo ministro. Duró apenas un mes y medio en el cargo: renunció a fines de octubre de 2025, arrastrado por la salida de Francos de la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Manuel Adorni como ministro coordinador. Diego Santilli fue el tercero, desde noviembre de 2025. Llegó al Ministerio del Interior después de encabezar la remontada electoral bonaerense de octubre, cuando José Luis Espert cayó de la lista oficialista. Su ciclo al frente de la cartera se cerró el 30 de junio de 2026: tras la renuncia de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el Decreto 548/2026 aceptó la renuncia de Santilli al Ministerio del Interior y lo designó jefe de Gabinete. Milei anunció que volverá a fusionar la cartera con la Jefatura de Gabinete, con el argumento de que Santilli tiene músculo político para trabajar con los gobernadores, el mismo movimiento que había hecho con Francos en 2024. En la nueva estructura, Gustavo Coria quedó como secretario de Interior e Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete.
Diez giros en treinta meses
La secuencia que reconstruye el informe oficial comienza el 29 de diciembre de 2023, a menos de tres semanas de la asunción de Milei y de Frigerio, con una transferencia de 344.712.230 pesos por emergencia climática, dispuesta por la Resolución 226/2023 del entonces Ministerio del Interior. Fue, en rigor, uno de los tres únicos giros de ATN de ese diciembre inaugural: los otros dos, mucho más voluminosos, fueron para Córdoba (15.123 millones) y Mendoza (5.600 millones), ambos por desequilibrios financieros de arrastre.
El año 2024 aportó a Entre Ríos tres operaciones por un total de 6.800 millones de pesos. El 26 de marzo llegaron 1.300 millones por emergencia climática (Resolución 56/2024); el 24 de mayo, otros 2.500 millones bajo la misma causal (Resolución 100/2024); y el 31 de octubre, 3.000 millones que inauguraron un cambio de etiqueta que se volvería sistemático: por primera vez, la provincia invocó desequilibrio financiero (Resolución 126/2024 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior).
En 2025 la asistencia se cuadruplicó: cinco transferencias por 19.000 millones de pesos. El 7 de mayo y el 6 de agosto ingresaron dos giros idénticos de 3.000 millones, esta vez rotulados como emergencia ambiental (Resoluciones 169/2025 y 330/2025). El 12 de septiembre llegaron otros 3.000 millones por desequilibrio financiero (Resolución 392/2025); el 17 de octubre, una suma igual por la misma causal (Resolución 32/2025 del restituido Ministerio del Interior); y el 15 de diciembre se produjo el giro más abultado de toda la serie: 7.000 millones de pesos, también por desequilibrio financiero (Resolución 66/2025).
El primer semestre de 2026, hasta el corte de la respuesta fechado el 25 de junio, sumó dos operaciones más por 10.000 millones: 6.000 millones el 19 de marzo (Resolución 46/2026) y 4.000 millones el 30 de abril (Resolución 108/2026), ambas por desequilibrio financiero. Con esos giros, el acumulado de la gestión alcanzó los 36.144.712.230 pesos que el informe consigna como total.
La lectura fina de las causales invocadas dibuja una curva reveladora. De los diez giros, los tres primeros (4.144,7 millones en total) se fundaron en la emergencia climática, un anclaje verificable en las inundaciones y eventos extremos que castigaron el litoral. Los dos de mediados de 2025 apelaron a una fórmula más elástica, la emergencia ambiental. Pero los últimos cinco, desde octubre de 2024 en adelante, se apoyaron todos en el desequilibrio financiero de la provincia: 26.000 millones de pesos, casi el 72 por ciento del total recibido, ingresaron a las arcas entrerrianas bajo esa figura.
El detalle abre un flanco incómodo para el discurso oficial de la administración Frigerio, que desde 2024 exhibe como bandera el ordenamiento de las cuentas públicas provinciales y el equilibrio fiscal alcanzado. Formalmente, cada uno de esos cinco pedidos ante la Nación debió fundarse en la existencia de un desequilibrio financiero, la causal que el artículo 5 de la Ley 23.548 habilita junto a las emergencias. Es decir: mientras la comunicación oficial provincial celebraba superávits, la gestión gestionaba -y obtenía- auxilios del Tesoro nacional declarando lo contrario ante la Jefatura de Gabinete. Los 7.000 millones de diciembre de 2025 y los 10.000 millones del primer semestre de 2026 llegaron todos bajo ese rótulo.
La relación con los municipios
La solicitud de ANALISIS requería expresamente el detalle de los ATN transferidos «a la provincia de Entre Ríos y a sus municipios y comunas», a través del gobierno entrerriano, tal como lo establece la ley nacional. La respuesta oficial fue elocuente por lo que contiene y por lo que no: el informe de la Subsecretaría de Asuntos Políticos puso a disposición «todos los aportes del tesoro nacional enviados a la provincia de Entre Ríos durante la actual gestión» y enumera únicamente giros al gobierno provincial. Ni un solo municipio ni comuna entrerriana figura como beneficiario del fondo en treinta meses de gestión.
El dato contrasta con la práctica histórica del instrumento, que en administraciones anteriores canalizó asistencias directas a intendencias -con criterios tan discrecionales como los actuales, y frecuentemente teñidos por el color político del municipio solicitante-, y deja en evidencia que la ventanilla de los ATN se cerró por completo para los gobiernos locales: Paraná, Concordia, Gualeguaychú y el resto de las intendencias y comunas de la provincia dependen, para cualquier auxilio de este tipo, de lo que la Casa Gris decida redistribuir de los fondos que recibe. Paraná tiene una comuna identificada con el peronismo; Concordia y Gualeguaychú responden a Frigerio y a Milei. La ironía entrerriana es que el gran usuario de ese esquema fue justamente Rogelio Frigerio como ministro del Interior de Macri (2015-2019), que firmó cientos de ATN nominados a intendencias de todo el país, incluidas algunas de Entre Ríos, con Gustavo Bordet como gobernador.
La cuestión no es abstracta. Varias localidades entrerrianas atravesaron en estos treinta meses emergencias hídricas, temporales y crisis de infraestructura que en otros tiempos habrían motorizado pedidos directos de ATN. Si esos pedidos existieron y fueron denegados, o si directamente los intendentes desistieron de formularlos ante la evidencia de que la ventanilla nacional solo atiende a gobernadores, es una pregunta que este expediente no responde y que deberá reconstruirse por otras vías. Lo que el documento sí certifica es el resultado: en la contabilidad oficial del fondo, los 36.144 millones entrerrianos tienen un único destinatario, y ese destinatario es el gobierno provincial.
El mapa nacional: aliados premiados, opositores en cero
El informe incluye, además del capítulo entrerriano, la nómina completa de ATN distribuidos a todas las jurisdicciones entre el 10 de diciembre de 2023 y el 25 de junio de 2026. La suma general asciende a unos 400.868 millones de pesos: 21.067,7 millones en el tramo final de 2023, 49.800 millones en 2024, 209.000 millones en 2025 y 121.000 millones en el primer semestre de 2026.
El ranking de beneficiarios encabezado por Misiones (47.000 millones), Tucumán (41.500 millones), Entre Ríos (36.144,7 millones) y Salta (36.000 millones) replica con precisión de cirujano el mapa de los gobernadores que acompañaron -con votos legislativos propios o abstenciones funcionales- a La Libertad Avanza en el Congreso. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego no recibieron un solo peso del fondo en toda la gestión. La provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, apenas registra una operación: 10.000 millones en marzo de 2025, tras las inundaciones que devastaron Bahía Blanca. Córdoba solo aparece con el giro fundacional de diciembre de 2023.
Los números del informe permiten, además, dimensionar la magnitud del ajuste sobre el instrumento. Los 49.800 millones repartidos en todo 2024 representaron, según los análisis que circularon durante el debate parlamentario del año pasado, el nivel de distribución de ATN más bajo en dos décadas, con una caída superior al 90 por ciento en términos reales respecto de 2023. La recuperación nominal de 2025 -209.000 millones- y la aceleración de 2026 -121.000 millones en apenas seis meses- no respondieron a un cambio de doctrina sino a la necesidad política: los giros se multiplicaron exactamente cuando el Ejecutivo necesitó votos para sostener vetos, aliados para las elecciones de octubre y gobernabilidad para el nuevo Congreso.
La distribución confirma con documentación oficial lo que los propios gobernadores denunciaron durante 2025, cuando los veinticuatro mandatarios impulsaron la Ley 27.794 para coparticipar los ATN en forma automática y diaria, incorporándolos a la masa de fondos coparticipables que se remite a las provincias sin intermediación política. Milei la vetó mediante el decreto 652/25 con un argumento que el expediente ahora ilustra a la perfección: defendió «la posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo» como «una necesidad estructural del federalismo argentino». El Senado insistió el 18 de septiembre de 2025 con 59 votos contra 9, y allí quedó registrada una postal entrerriana: el senador Alfredo de Angeli, jefe del bloque PRO, se abstuvo por orden de Frigerio, que por entonces sellaba su alianza electoral con La Libertad Avanza. Seis días antes de esa abstención, el 12 de septiembre -el mismo día en que se publicaba el veto presidencial-, la provincia había recibido 3.000 millones de pesos por desequilibrio financiero.
Quizás el dato más demoledor del expediente no esté en lo repartido sino en lo retenido. El informe consigna el saldo final de la cuenta escritural 11-85-2638/95, donde se acumulan los recursos del fondo: 811.697.164.053,94 pesos al cierre del ejercicio 2024 y 1.552.232.836.549,12 pesos al cierre de 2025. Más de un billón y medio de pesos dormían en esa cuenta al 31 de diciembre pasado.
La comparación es inevitable: en 2024 el gobierno nacional distribuyó 49.800 millones, apenas el equivalente al 6 por ciento del saldo que atesoraba la cuenta a fin de ese año; en 2025 repartió 209.000 millones, poco más del 13 por ciento de lo acumulado. El fondo, creado por el artículo 3 inciso d de la Ley 23.548 con el 1 por ciento de la masa coparticipable -recursos que se detraen de la coparticipación antes de llegar a las provincias-, funcionó en los hechos como una caja de ahorro del ajuste: se nutre automáticamente todos los días con dinero de las jurisdicciones, pero se vacía solo cuando la Casa Rosada lo decide, a quién lo decide y cuando lo decide. Sobre 2026, el informe se limita a aclarar que «al no haber finalizado el año aún no existe saldo cierto».
El calendario político de los giros
La cronología de las transferencias a Entre Ríos admite otra lectura: la del almanaque electoral y parlamentario. Los 3.000 millones del 12 de septiembre de 2025 integraron una tanda de 12.500 millones que el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, giró esa semana a Entre Ríos, Chaco, Misiones y Santa Fe en plena batalla por blindar los vetos presidenciales en el Congreso. Los 3.000 millones del 17 de octubre de 2025 llegaron nueve días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo provincial compitió aliado a La Libertad Avanza. Y el giro récord de 7.000 millones aterrizó el 15 de diciembre de 2025, en el marco de una lluvia inédita: solo en ese diciembre, ya con el resultado electoral consumado y el Congreso renovado, el gobierno nacional repartió 77.500 millones de pesos en ATN, más que todo lo distribuido en 2023 y 2024 juntos. Tucumán se llevó 20.000 millones, Misiones 12.000, Chaco 11.000, Catamarca 10.500, Chubut 9.500, Entre Ríos 7.000 y Salta 6.000.
El primer trimestre de 2026 mantuvo la lógica: 74.000 millones distribuidos entre doce provincias, todas de gobernadores dialoguistas o aliados, con Corrientes al tope (14.000 millones) y Entre Ríos entre los principales destinos (6.000 millones en marzo). En abril se agregaron otros 47.000 millones, de los cuales 4.000 fueron para la provincia. Los informes trimestrales anexados confirman que la obligación legal de informar a los gobernadores se cumplió en tiempo y forma durante 2025 y 2026, con notas firmadas primero por el secretario de Provincias y Municipios Javier Milano y luego por el secretario de Interior Gustavo Coria. Los correspondientes a 2024, en cambio, son documentos escaneados sin firma digital visible en el cuerpo, otra señal de los vaivenes institucionales de un área que en dos años pasó de ministerio a secretaría, de secretaría a vicejefatura de gabinete y de regreso a ministerio.
La respuesta obtenida por ANALISIS documenta, en definitiva, el funcionamiento real de uno de los instrumentos más opacos del federalismo fiscal argentino en su versión libertaria: un fondo que se promociona como herramienta de auxilio ante emergencias pero que se reparte con criterios de alineamiento político; que acumula billones mientras las provincias que lo financian esperan; y que en el caso entrerriano fluyó con regularidad creciente -de 344 millones en 2023 a 19.000 millones en 2025- al compás de la sociedad electoral entre Frigerio y Milei, siempre con destino exclusivo a la caja provincial y nunca a los municipios. La provincia declaró desequilibrio financiero seis veces para obtenerlo. El expediente, con sus resoluciones, sus fechas y sus montos, queda ahora a disposición de los lectores. Y de quienes, en la Legislatura o en los concejos deliberantes, quieran preguntar en qué se usó.
Fuente Análisis
 que la administración de Javier Milei giró a la provincia de Entre Ríos){kind=link}