En medio de una masiva marcha de trabajadores que reclamaban contra la iniciativa y con un recinto fuertemente custodiado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley, con 18 votos contra 12, la reforma del sistema previsional que impulsó el gobernador Rogelio Frigerio. El peronismo y algunos legisladores libertarios rechazaron el proyecto y denunciaron el tratamiento exprés, el ajuste sobre jubilados y municipios, y la inconstitucionalidad de varios artículos.
La sesión duró más de 5 horas. No hubo tensión ni cruces entre los legisladores. Fuera de Casa de Gobierno la Multisectorial realizó una multitudinaria manifestación en la que no se registraron inconvenientes. Al recinto no asistieron los diputados oficialista Mauro Godein, Rubén Rastelli y la diputada de Fe y Libertad Julia Calleros.
El debate lo abrió la presidenta de la comisión Previsión y Seguridad Social, Vilma Vásquez. La principal defensa la llevó adelante el diputado oficialista presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bruno Sarubi, quien remarcó que la actual gestión «viene trabajando desde el punto cero para reducir el déficit con responsabilidad, reclamándole al Estado nacional lo que no corresponde a todos los entrerrianos». En ese sentido, sostuvo que ese trabajo permitió reducir el déficit «de un 64 por ciento a un 42 por ciento» y afirmó que el verdadero objetivo de la reforma es «poder garantizar que las poblaciones de las ciudades se puedan seguir jubilando en la provincia».
En ese marco, señaló que los cambios «no son sólo para quienes ya están en el sistema sino también para las próximas generaciones de los entrerrianos», y sostuvo que «otras gestiones de distintos signos políticos intentaron llevar adelante una reforma y no lo hicieron». En tono desafiante, indicó que el actual gobernador Rogelio Frigerio «no vino a especular, vino a transformar la provincia de Entre Ríos y su gestión prefiere hacer lo que está bien aunque cueste». Sobre el rechazo de los sectores movilizados, admitió que «hubo reclamos legítimos de sectores que se sintieron amenazados o afectados», aunque enseguida remató: «la responsabilidad de gobernar es precisamente tomar las decisiones difíciles cuando hay que tomarlas, no cuando conviene electoralmente».
Ajuste sobre los trabajadores, inconstitucionalidad y avasallamiento a las autonomías municipales
La oposición en Diputados, advirtió que la reforma del sistema impulsada por Frigerio “no tiene consenso social, aumenta la edad jubilatoria, implicará un brutal ajuste sobre los habres, atenta contra el federalismo y es inconstitucional”.
La presidenta del bloque Más Para Entre Ríos en Diputados, Laura Stratta, afirmó que “compartimos que hay que buscar la sostenibilidad del sistema previsional, pero no compartimos el camino del ajuste, es decir, se trata de encontrar la sostenibilidad con datos claros, con estudios actuariales independientes, escuchando y atendiendo las demandas, con amplitud en la mirada para encontrar el mejor camino y el mejor camino no es el más fácil, el del ajuste, sino el de sentarse a dialogar y escuchar en serio de cómo podemos fortalecer el sistema previsional”. En ese marco, aseguró que “atropellando facultades de la Legislatura y atropellando derechos de los jubilados y trabajadores no hay previsibilidad posible, lo que hay es ajuste y este bloque no acompañará ni este ajuste y ni este retroceso de semejante envergadura”.
Por su parte, la diputada Silvina Decco (Más para Entre Ríos) fue categórica: «Esta reforma no resiste un control de constitucionalidad ni un control de convencionalidad». La legisladora recordó que ni siquiera el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, durante su paso por la comisión, pudo garantizar la validez del proyecto, ya que se limitó a decir que «no hay declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto», un argumento que Decco calificó de «vago y poco válido».
La diputada advirtió que el texto “contradice los artículos 14 bis, 16, 17 y 23 de la Constitución nacional, además del 41, el 60 y el 122 de la Constitución provincial, y que también se opone al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Protocolo de San Salvador y a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Sobre la declaración de emergencia previsional, Decco denunció que el Poder Ejecutivo fijó «un plazo de dos años renovable por dos años más, es decir, cuatro años de emergencia, con la mera comunicación al Poder Legislativo, cuando la Justicia ya había advertido que ese tipo de plazos «no se podía fijar» de esa manera. Arrancamos este análisis con el artículo primero, que es el primero que es inconstitucional».
También cuestionó la delegación de facultades del Legislativo hacia el Ejecutivo, un mecanismo que -advirtió- «está vedado porque afecta el respeto estricto de la división de poderes». Citó a Montesquieu para sostener que la clásica división de poderes tuvo «como solo y único objetivo garantizar la libertad individual y fijar un freno al poder político». En ese marco, calificó a la emergencia declarada por el proyecto como carente de fundamento: «esto no está fundado».
En ese marco, la integrante de la Cámara de Diputados puso el foco, además, en el artículo 11, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar «aportes solidarios previsionales a cargo de quienes percibían beneficios otorgados por el régimen prudencial». Según la diputada, esa cláusula habilita al Ejecutivo a «seguir fijando más aportes» sin límite, lo que constituye «una nueva delegación de facultades». Recordó también que los regímenes especiales alcanzados incluyen a trabajadores de salud mental, radiólogos, personal expuesto a sustancias reactivas, docentes, agentes del servicio penitenciario y personas con discapacidad.
Por su parte, la diputada Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) coincidió con los cuestionamientos jurídicos planteados por su par de bloque y concentró su intervención en el impacto de la reforma sobre los municipios. «El primer punto que quiero analizar tiene que ver con el avasallamiento al federalismo y a la autonomía de los municipios que implica este proyecto», planteó.
La legisladora citó datos de la propia Caja de Jubilaciones para señalar que los municipios generan apenas «el 3,64 por ciento» del déficit del sistema, pese a que financian con fondos propios «el 80 por ciento» de las jubilaciones de sus trabajadores. Aun así, remarcó, el proyecto les impone «una suma extra del 3 por ciento sobre la masa salarial» a los municipios deficitarios, y una carga adicional de «1,5 por ciento mensual» a los que no lo son.
Asimismo, denunció que esa exigencia llega «en plena caída de la coparticipación» y en un contexto en que los municipios «están haciendo cargo de prestar servicios y cumplir con competencias que en realidad son del gobierno nacional y provincial». Consultada sobre el origen de esos fondos, fue tajante: «para que un municipio pueda pagar esta contribución extra, la única manera es que haga un ajuste de partidas», lo que -explicó- significa «dejar de prestar servicios o dejar de realizar obras».
La contadora cuestionó además que el proyecto aprobado definitivamente en Diputados, faculte al gobernador a variar el porcentaje del aporte por decreto, lo que -sostuvo- deja a los municipios «en una total imprevisibilidad, sin poder hacer ninguna proyección de sus recursos». Explicó que, a diferencia de la ley 8.732 vigente, que fija «una fórmula matemática precisa» para calcular el aporte municipal, el nuevo artículo 12 delega ese cálculo en la reglamentación que dicte el presidente de la Caja de Jubilaciones, un funcionario designado por el propio Poder Ejecutivo. A esto se suma, advirtió, que la Contaduría provincial queda facultada a retener de la coparticipación «la suma que disponga» el titular de la Caja, «sin ningún tipo de límites». Por último, la legisladora calificó como «una falta de respeto» la reducción del haber inicial que surge de modificar la base de cálculo del 82 por ciento móvil, lo que -concluyó- provocará «un recorte drástico» sobre los haberes jubilatorios.
Fuente AIM
