Legisladores de la oposición impulsaron en la Cámara de Diputados un pedido de informe para que el poder Ejecutivo detalle el estado del pago del subsidio mensual que la provincia debe otorgar a las Bibliotecas Populares, en medio de versiones sobre atrasos que afectan a decenas de instituciones, confirmó AIM.
La iniciativa, impulsada por la diputada Silvia Ávila junto a Lorena Arrozogaray, Enrique Cresto, Andrea Zoff y Yari Seyler, invocó el artículo 117 de la Constitución provincial para exigir precisiones sobre expedientes, montos adeudados y motivos de la demora.
El texto recordó que la Ley 8.092 declaró de interés público la creación y el funcionamiento de las bibliotecas populares en el territorio entrerriano y estableció «un régimen específico de promoción, asistencia y control». Según se explicó en los fundamentos, el artículo cuarto de esa norma contempla beneficios para sostener el funcionamiento de esas instituciones, mientras que la Ley 9.094 modificó el inciso primero y dispuso que las entidades «perciban un subsidio mensual destinado a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico», equivalente al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado del Consejo General de Educación.
Los diputados remarcaron que la periodicidad y el monto del beneficio «no constituyen aspectos librados a una decisión discrecional de oportunidad», en tanto la legislación fija de manera expresa su carácter mensual y una pauta objetiva de cálculo. Además, señalaron que el artículo veintidós de la Ley 8.092 obliga al Ejecutivo a incluir en el Presupuesto General de Gastos los fondos necesarios para el cumplimiento de la norma, al tiempo que la Ley 9.094 exige a la Dirección de Presupuesto realizar las transformaciones presupuestarias que permitan a las bibliotecas recibir mensualmente los importes que les corresponden.
El pedido de informe advirtió sobre «información de público conocimiento difundida por medios de comunicación de la provincia» que dio cuenta de un reclamo de bibliotecas populares entrerrianas por la demora en la percepción del subsidio. Los legisladores sostuvieron que esa situación generó «dificultades para sostener sus actividades y servicios» en las instituciones afectadas y consideraron «razonable» que la Cámara cuente con información oficial y documentada sobre el trámite, los períodos pendientes y el cronograma previsto para regularizarlo.
El texto también repasó antecedentes recientes que, a criterio de los firmantes, ameritan aclaración. Mediante el Decreto 3.338/24 MGT, el Ejecutivo otorgó en 2024 un aporte no reintegrable a 63 bibliotecas populares que cumplían los requisitos legales, instrumentado como un pago anual. Luego, el Decreto DTO-2025-2964-E-GER-GOB «dejó expresamente consignado que, para el ejercicio 2025, el monto presupuestario disponible resultaba insuficiente» para afrontar la suma calculada conforme al régimen vigente, por lo que se dispuso un pago parcial que finalmente alcanzó a 60 instituciones.
Frente a ese antecedente, los diputados plantearon la necesidad de esclarecer «el criterio jurídico, administrativo, presupuestario y contable utilizado para instrumentar un beneficio que la ley caracteriza como mensual mediante aportes anuales, acumulados o pagos parciales», y reclamaron precisiones sobre eventuales diferencias pendientes del ejercicio 2025. Aclararon, de todos modos, que el objetivo del pedido «no es anticipar una conclusión respecto de la regularidad de esas modalidades», sino reunir los antecedentes técnicos y presupuestarios necesarios para evaluarlas.
El documento consta de diez puntos. Entre ellos, se solicita el estado del trámite administrativo de liquidación y pago del subsidio durante 2026; la nómina actualizada de bibliotecas inscriptas y habilitadas para cobrarlo, con la causa concreta en los casos de instituciones que no estén en condiciones de percibirlo; el sueldo básico utilizado como base de cálculo mes a mes; los pagos efectivamente realizados y los saldos pendientes; el crédito presupuestario asignado y su grado de ejecución; y la integración actual de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, cuya vigencia institucional fue reafirmada este año mediante el Decreto DTO-2026-553-E-GER-GOB, que designó al representante de la Secretaría de Cultura ante ese organismo.
Los legisladores concluyeron que las bibliotecas populares cumplen «una función cultural, educativa y comunitaria de significativo valor en numerosas localidades entrerrianas» y afirmaron que la previsibilidad en la percepción de los recursos resulta «especialmente relevante» porque el subsidio está destinado a gastos de personal, mantenimiento y material bibliográfico, vinculados de manera directa con la continuidad de los servicios que esas instituciones brindan a la comunidad.
Fuente AIM
