El oficialismo reflotó en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el artículo 5° de la Ley N° 11.280 y habilita la concesión de actividades y funciones esenciales del Estado —educación, salud, seguridad, administración de justicia y sistema penitenciario— a terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros. Se trata del mismo artículo que el peronismo había conseguido frenar cuando se debatió y sancionó el régimen general de concesiones, confirmó AIM.
La iniciativa, cuya autora es la legisladora Noelia Taborda, propone que «en toda modalidad de concesión de las actividades y funciones esenciales, propias o inherentes del Estado a favor de terceros —sean éstos personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras— la titularidad, potestad regulatoria y de fiscalización de los mismos, permanecerá en cabeza del Estado». La letra del proyecto aclara que esa titularidad estatal conviviría con la posibilidad cierta de tercerizar la prestación de esos servicios en manos privadas.
El texto enumera de manera taxativa cuáles son las actividades que quedarían habilitadas para ser concesionadas: «educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario». La enumeración, remarca la iniciativa, no es cerrada, ya que deja la puerta abierta a que «otras» actividades «pudieran ser definidas por la normativa vigente».
Como único límite, el proyecto establece que «la transferencia de la titularidad sólo podrá realizarse con autorización expresa de la Honorable Legislatura Provincial mediante ley especial». Sin embargo, la concesión de la prestación del servicio —a diferencia de la titularidad— no exigiría ese mismo mecanismo agravado, lo que despejaría el camino para que áreas sensibles del Estado terminen gestionadas por capitales privados o extranjeros.
Acompañan la iniciativa como coautores los legisladores Lenico Aranda, Mariana Bentos, Silvio Martín Gallay, Mauro Godein, Gabriela Lena, Jorge Maier, Susana Pérez, Rubén Rastelli, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi, Bruno Sarubi y Carolina Streitenberger, todos ellos integrantes del oficialismo provincial.
El proyecto, que consta de un segundo artículo de forma, ya tiene dictamen para su tratamiento en la Cámara Baja, adonde el bloque de Juntos por Entre Ríos apura los tiempos para dar media sanción antes de que la iniciativa pase al recinto del Senado, cámara en la que el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para convertirla en ley.
Fuente AIM
