El abogado concordiense Mariano Giampaolo brindó detalles de la denuncia que presentó para que se investiguen contratos relacionados al senador Gustavo Vergara y que podrían encuadrarse en posible desvío de fondos públicos.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Giampaolo explicitó que “estuvimos observando tanto en publicaciones de distintos medios, como en la misma página que ampulosamente la Legislatura llama de transparencia y que no tiene nada de ello, es que el régimen de contrataciones supera ampliamente la normalidad de lo que es el trabajo de una oficina, e incluso, como deslizó Vergara en una publicación, supera o por lo menos no encuentra explicación lógica para lo que es el movimiento legislativo de un bloque”.
“Con toda humildad, con todo el sentido de buscar transparencia en la gestión pública, que es lo que estamos reclamando todos los que pagamos impuestos, los que ejercemos nuestras profesiones, los que trabajamos a diario, es que esto se transparente. Es decir, que se explique hacia dónde van esos recursos, por eso es que la medida que le solicitamos a la justicia es que indague, solicite informes o requiera la documentación de cada uno de esos contratos, que algunos llegan a 8 millones de pesos –obsérvese que es prácticamente el sueldo de un funcionario judicial- y que se determine si esas personas efectivamente lo cobraron en sus cuentas personales a ese dinero, si lo utilizaron en sus gastos habituales, diarios, tarjetas de crédito, si tienen una vida acorde a ese ingreso o si lo transfirieron a una cuenta y saber a qué cuenta lo transfirieron, o si lo retiraron en efectivo y en ese caso qué es lo que hicieron con ese dinero. Algo que entendemos que para la justicia, que en esto está muy avezada, es muy sencillo hoy en día, con prácticamente dos clics, determinar la trazabilidad de ese dinero para conocer en qué se usa, porque existe en toda la sociedad un grado alto de sospecha respecto de para qué se usa ese dinero –y con esto respondo un poquito a publicaciones que hacía el senador- y esto se soluciona transparentando y mostrando cada uno de esos contratos y cada una de esas personas que cobró esos contratos y para qué usó ese dinero. Esto nos da a toda la sociedad una tranquilidad”, explicitó.
En este marco, aclaró que “no hay un límite” respecto de cuánto dinero se puede destinar a contrataciones. “Esto claramente es una decisión política, pero también es una decisión de lógica administrativa y ética de la administración de los fondos públicos. Hoy por parte de esta administración se está haciendo prácticamente como único eslogan o defensa de su gestión la transparencia, pero sin embargo en el sistema de transparencia de contratos se observa que se generaron sistemas de módulos para cada senador que no se puede saber dentro de ese módulo cuántos contratos hay y a quién se le otorgan porque se asignan módulos contractuales a los bloques y módulos contractuales a cada senador. Esto le da un grado de oscurantismo que, puede ser que sea absolutamente atinado y necesario, como puede que no. Lo que estamos pidiendo, ya que el único eslogan de defensa de la gestión que administra la provincia actualmente es la transparencia, que justamente lo exhiban a través de la justicia y a través de los medios de comunicación”, planteó.
Destacó que “en esto la justicia ha trabajado muy bien, muy fuerte, ha investigado con profundidad a otros casos, así que lo que estamos pidiendo de parte de la justicia es que haga exactamente lo mismo y hasta tal vez terminamos todos los entrerrianos sintiendo que está perfecta y prolijamente hecho esto y nada ha pasado”. “La justicia, a nuestro humilde entender, es la última barrera para salvar lo que es un sistema democrático, que es la forma en que nos organizamos como sociedad para vivir más o menos dignamente. Entonces es la justicia en la que confiamos que le dé transparencia a esto a través del pedido que le hicimos a la Fiscalía en Paraná, porque la inmensa mayoría de la justicia viene trabajando muy bien en esta materia”, definió.
Respecto de los controles que tienen los módulos que maneja cada senador, el abogado indicó que “la solicitud de cuánto se cobra es parte de un mecanismo de contraprestaciones, a veces no de orden administrativo sino político, que por ahí explican votaciones como las que se dieron en la transformación de una obra social como IOSPER en una caja política intervenida como es OSER o que explican que se haya desmantelado prácticamente el sistema de la Caja de Jubilaciones de la provincia con una transferencia de incumbencias y delegaciones legislativas en favor del Poder Ejecutivo. De esto se habla muy poco pero el Poder Ejecutivo hoy en la provincia puede modificar por vía de delegación de facultades, léase decretos, prácticamente la jubilación que vamos a cobrar el día de mañana. Tamaño daño en la obra social y tamaño daño en la Caja de Jubilaciones de la provincia sólo se explican a través de estos favores legislativos que se vuelcan a través de decretos”.
“Esto es lo que sospecha la inmensa mayoría de los entrerrianos, es lo que sospechamos nosotros y es lo que le pedimos a la justicia que investigue dado que no es difícil; es muy sencillo saber a quién se dieron cada uno de esos contratos, a qué cuentas bancarias fueron y de esa cuenta bancaria qué trazabilidad tuvo el dinero, sobre todo respecto de una gestión que no está haciendo escuelas, no está haciendo rutas, está recaudando igual que anteriores gestiones, no está innovando en ninguna materia y su única política, su única bandera es la transparencia. Pues bien, Vergara mismo puede presentar todos estos contratos ante el Ministerio Público Fiscal y decir: ‘esta persona me realiza tales estudios; esta otra me realiza tales otros; ésta me asesora en esto y vive en tal parte y trabaja en tal oficina’, que es lo que estamos meticulosamente pidiendo en esta solicitud de que el Ministerio Público Fiscal investigue”, explicitó.
Por otra parte, Giampaolo lamentó que “hasta el momento no hubo movimiento de la denuncia”. “Esta mañana me comuniqué con el coordinador del Ministerio Público Fiscal, me derivó con la oficina que nuclea a los fiscales anticorrupción y seguimos esperando por ahora la carátula. Me duele esto porque es prácticamente una variable que venimos observando”, cuestionó. Como ejemplo, mencionó que “en Concordia con la causa VITSA donde el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Concordia, que también tienen como única bandera de gestión la transparencia, contrataron una empresa por 250 millones de pesos para la recolección de una pequeña parte de los residuos de la ciudad y lo hicieron en un trámite hiper exprés que duró 12 hora. Esto se denunció, se solicitó al Ministerio Público Fiscal de Concordia que lo investigue y sigue todavía sin pedirse una sola prueba, un solo pedido de informes”.
“Un poco esto es lo que nos motiva, nos lleva a decir que la sociedad está exigiendo transparencia; la administración provincial actual sostiene prácticamente como única política que son transparentes; demostrémoslo, exhibámoslo, dejemos en claro si esta transparencia es tal o es solo declamativa”, concluyó Giampaolo.
Fuente Análisis
