Hay un artículo escondido en el DNU 70/23 de diciembre de 2023 que resume a la perfección por qué en Argentina estamos tan hartos de cierta política. El artículo 154. Una línea. Así de corto. Una línea que dice: «Se deroga la Ley N° 26.737″ o sea, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales».
Por Eugenio Jacquemain (*)
Así, de un plumazo. Sin debate, sin comisión, sin votos. Esa ley, la Ley de Tierras, sancionada en 2011 con un enorme consenso, decía algo bastante sensato: que no más del 15% de las tierras rurales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros, y que un mismo extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Y ponía límites en zonas de frontera y cerca de los cuerpos de agua. No prohibía la inversión. Ponía un límite.
Esa Ley nació por una razón que la mayoría de los argentinos entiende de manera intuitiva: la tierra no es una mercancía más. Es soberanía. Es agua dulce. Es alimentos. Es Malvinas. Y ese artículo 154 es el que hoy volvió a quedar vigente, no porque el Congreso lo haya votado, sino por un fallo de la Corte Suprema.
Hagamos historia para entender el manoseo. El DNU 70/23 tuvo más de 600 artículos. Derogaba y reformaba centenas leyes de un saque.
La Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional justamente este artículo 154. Dijo algo obvio: las razones genéricas de un DNU no justifican que el Ejecutivo derogue una ley del Congreso, sobre todo cuando no hay ninguna urgencia que impida esperar al Congreso. Fue a partir de un amparo del CECIM, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata. Para ellos, vender sin límite tierras en frontera es una cuestión de soberanía. Ahora la Corte Suprema, con firma de los tres jueces, revocó ese fallo. Pero atención: no dijo que el artículo 154 es constitucional. Dijo que el CECIM no tiene legitimación para reclamar, que no hay un «caso concreto». Una cuestión procesal, técnica. Resultado práctico: la Ley de Tierras queda derogada. Cualquier persona física, jurídica o Estado extranjero puede comprar tierra rural sin límite, en cualquier lugar, incluso en frontera.
Y acá es donde esta editorial no es solamente por Milei. Es por todos. Porque el abuso del DNU es la enfermedad crónica del presidencialismo argentino. Nos indignamos con este DNU 70/23, y con razón. Pero esta historia no empezó en 2023. La empezó Menem con más de 500 DNU. La siguió De la Rúa. La profundizaron Néstor y Cristina Kirchner. La usó Macri. La usó Alberto. Todos descubrieron el atajo: es más fácil firmar un decreto en Olivos que convencer a casi 300 diputados y casi 80 senadores. El artículo 99 inciso 3 de la Constitución es clarísimo: el Poder Ejecutivo no puede legislar.
Los DNU solo están permitidos cuando hay circunstancias excepcionales que hacen imposible el trámite legislativo. Imposible, no incómodo. No es «no tengo los votos», es «el Congreso no puede reunirse porque se está incendiando el país».
¿Qué urgencia había para derogar la Ley de Tierras? ¿Qué catástrofe impedía que ese tema se discutiera en el Congreso? Ninguna. De hecho, se intentó discutir hace un mes y el propio gobierno tuvo que retirar el proyecto porque no tenía los votos. Hasta tres gobernadores aliados dijeron que no. Y hubo una movilización enorme bajo el lema «La patria no se vende».
La gente ya dijo lo que piensa. En la calle, en las encuestas, en el Congreso. La mayoría no quiere extranjerización ilimitada de su territorio. No es ser xenófobo. Es entender que no podés venderle el grifo de agua dulce a cualquiera.
Pero cuando gobernás por DNU, no te importa lo que piensa la mayoría. Gobernás contra la mayoría. Y ese es el peligro. Hoy es el artículo 154 de Milei que nos molesta a muchos. Mañana puede ser otro artículo de otro presidente de otro color que te moleste a vos. Cuando aceptamos el método, después no nos podemos quejar del contenido.
Si la tierra argentina puede venderse sin límite por un decreto de tres líneas, que nunca pasó por el Congreso, y que vuelve a tener vigencia por una discusión sobre quién puede reclamar y quién no, sin que nadie discuta si es bueno o malo para el país… entonces no tenemos República. Tenemos una monarquía electiva que cada cuatro años cambia de rey, pero que gobierna con lapicera.
El Congreso tiene una herramienta para frenar esto. La ley dice que si las dos cámaras rechazan un DNU, cae. Pero nunca se ponen de acuerdo para hacerlo. Porque en el fondo, a todos les sirve tener esa lapicera a mano para cuando les toca.
Por eso, más allá de si estás a favor o en contra de la Ley de Tierras, deberíamos estar todos en contra de la forma. Porque hoy te derogan la Ley de Tierras por DNU. Mañana te derogan la Ley de Jubilaciones por DNU. Pasado te derogan la Ley de Contrato de Trabajo por DNU. Y cuando te des cuenta, no vivís en una democracia. Vivís en un país donde tu destino lo decide un solo hombre encerrado en un despacho, y vos te enterás por el Boletín Oficial.
Y para que entendamos por qué la gente está harta, basta con ver lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Mientras se estaba tratando en comisión el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional – justamente el proyecto para intentar frenar la derogación de la Ley de Tierras que deja vigente el artículo 154 – y estaba en uso de la palabra otra diputada, explicando por qué la tierra con agua dulce no se puede vender sin límite…Entró a los gritos la diputada Lilia Lemoine. A los gritos. Interrumpiendo. Provocando. Haciendo show. Como ya nos tiene acostumbrados. Y ahí tenés la postal completa de la decadencia. De un lado, un tema central para el país: si la Argentina le pone un límite a la extranjerización de su territorio o si rifamos la soberanía por un DNU de tres renglones. Del otro, el circo, el grito, la chicana, la cámara de TikTok prendida para el recorte. Eso es lo que ve el entrerriano en su casa. Un Congreso que no debate, que no legisla, que hace espectáculo mientras por la ventana se llevan la tierra.
Y después nos preguntamos por qué la gente se pregunta «¿para qué ir a votar?». Por esto. Porque cuando la soberanía se defiende a los gritos y no con ideas, y cuando un DNU vale más que una Cámara de Diputados y Senadores, lo que se rompe no es una ley.
Lo que se rompe es el contrato entre la política y el pueblo.
(*) Editorial Mate en mano – Radio2820 1-10-26
