Las universidades públicas se reunirán este miércoles para reclamar por la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario luego del fallo del juez Martín Cormick que ordenó su aplicación y que declaró inconstitucional el decreto del gobierno de Javier Milei que había condicionado su puesta en marcha. El Gobierno apelará la resolución. La novedad surge a días de una nueva protesta masiva de las casas de estudios.
En el marco de la reunión mensual, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se congregará en Plaza de Mayo, epicentro de las protestas públicas, para reiterar el reclamo al Poder Ejecutivo «por el cumplimiento pleno y efectivo» de la normativa aprobada y defendida por el Congreso de la Nación.
El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores se reunirá a las 14:30 para insistir en la aplicación de la ley, sobre la cual recientemente se expidió la Justicia al ordenar la aplicación total de sus artículos, no solo aquellos referidos a la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y a la recomposición de los programas de becas estudiantiles, publicó Ámbito.
El fallo firmado por Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionando su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.
El fallo que ordena al Gobierno cumplir con la ley de Financiamiento
El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En concreto, cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”, que establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben prever expresamente su financiamiento. El juez destacó que el artículo 9 de la ley 27.795 establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Ejecutivo para realizar las adecuaciones necesarias.
El magistrado también puso el foco en que Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, sino que se habían prorrogado las partidas del presupuesto 2023. Durante 2025, señaló, hubo seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.
Además, el juez citó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el costo total de la Ley 27.795 para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Ese contexto fue considerado relevante para analizar si efectivamente existía un impedimento presupuestario que justificara la suspensión de la ley.
El fallo también tuvo en cuenta hechos posteriores a la presentación de las demandas. En particular, incorporó las actas paritarias celebradas el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes. Allí se acordó una actualización salarial acumulada del 24,33%, con un incremento del 21,33% desde junio y otro del 3% previsto para octubre.
También se acordó una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano. Para el magistrado, esos acuerdos formaban parte de la situación existente al momento de resolver y debían ser considerados al momento de analizar el conflicto.
Previo al fallo de Cormick, el CIN y la UBA habían tenido una decisión cautelar que declaró inaplicable la suspensión de los artículos 5° y 6° de la ley 27.795 que establecía el decreto de Milei. La Sala III confirmó esa medida y ahora, con la sentencia definitiva, Cormick avanzó sobre la cuestión de fondo y declaró directamente la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 en el aspecto cuestionado y ordenó cumplir con la ley.
El Gobierno apelará el fallo
Por lo pronto, mientras los rectores y rectoras preparan la protesta de este miércoles, en Casa Rosada trabajan en la estrategia judicial, mientras que en paralelo se analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.
Por el momento, si bien en la administración libertaria se está discutiendo cómo cumplir con los fondos que marca la ley, el plan apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales.
Nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso
La novedad en el plano judicial llega en la antesala de una nueva movilización de las universidades convocada para el jueves 15 de octubre que incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.
La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se realizará e desarrollará en coincidencia con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.
El cambio de escenario hacia el Palacio Legislativo se produce mientras el Congreso comienza a discutir las partidas para el próximo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para sostener el sistema durante 2027.
Fuente Análisis
