Hay una imagen que se repite en cada hospital público de Entre Ríos y de todo el país, y que debería avergonzarnos. Gente con obra social haciendo fila cuando sale el sol en un hospital. No porque quiera. Porque no le queda otra.
Por Eugenio Jacquemain (*)
Hoy en la Argentina estamos naturalizando algo muy grave: pagar toda la vida una obra social para no poder usarla.
El recorte presupuestario en salud no es un número en una planilla de Excel. Es la pastilla que no está. Es la autorización que no sale. Es la mamá de un chico con discapacidad que espera varios meses un reintegro. Es el jubilado diabético que tiene que elegir entre comer o comprar la insulina.
¿Y qué nos dicen? Que hay que ordenar. Que hay que auditar. Que se gastaba mucho. Puede ser. Nadie defiende el despilfarro. Pero ordenar no puede significar abandonar.
Porque mientras se ordena, la gente se enferma igual. Y se queda sin respuesta en los dos lados.
Por un lado, un Estado Nacional que recortó fondos clave en programas de medicamentos de alto costo, en salud mental, en atención a personas con discapacidad y en hospitales de referencia. Por el otro, obras sociales provinciales como OSER, la ex IOSPER, que reciben cada mes el aporte compulsivo de 300 mil afiliados y cuando el afiliado más la necesita, le dice: no hay cobertura, no hay convenio con odontología, no hay reintegro, compre usted y después vemos.
El resultado es perverso: el trabajador formal, que aporta, llega al hospital público, que ya está colapsado, atendiendo también a quienes no tienen cobertura. Y el hospital público, que también sufre el recorte, hace lo que puede.
Analizamos en una nota de Orilla y Media casi 200 comentarios de afiliados de OSER en un post de Docentesentrerrianos en Facebook. El 88% son negativos. No es una campaña en contra, no es una campaña de la oposición. Es la voz de la gente. El 50% reclama medicación crónica, oncológica y para diabetes. 45 personas hablan de odontología cortada. 30 hablan de psicología y discapacidad sin pagar. ¿Qué obra social puede funcionar si no cubre lo más básico?
Y lo más doloroso: la gente no puede comprar los remedios. Hoy un tratamiento oncológico cuesta millones. Una caja de tiras para diabetes, miles de pesos. Un antibiótico simple, 15 mil. Con sueldos de 500, 600, 700 mil pesos, es imposible.
Nos quieren hacer creer que la salud es un gasto. No. La salud es una inversión y es un derecho. La Constitución lo dice. Cuando un Estado deja de garantizarla, rompe el contrato social más básico.
No pedimos magia. Pedimos gestión. Que las auditorías no frenen tratamientos en curso. Que los convenios con odontólogos, ópticas y psicólogos se firmen y se paguen en tiempo. Que los reintegros no tarden 120 días. Que un afiliado no tenga que poner un abogado para que le den una silla de ruedas.
Porque detrás de cada expediente hay una persona que duele. Que espera. Que a veces no puede esperar.
Hoy mucha gente va al hospital público no por elección, sino por desesperación. Y esa desesperación debería ser la principal alarma para quienes gobiernan, tanto en Nación como en la provincia. La salud no espera el presupuesto del año que viene.
Si un sistema obliga a su propia gente a mendigar lo que ya pagó, ese sistema está enfermo. Y curarlo tiene que ser la prioridad uno.
Editorial Mate en Mano – Radio 2820 – 8-10-26
