El reconocimiento a Lacalle Pou, coincide con un debate parlamentario sobre nuevos cambios impositivos, marcando un contraste en las políticas fiscales del país del gobierno anterior con la nueva visión del gobierno actual contra el lavado de activos.
La organización The 1841 Foundation, que promueve a escala internacional los impuestos bajos y los derechos de privacidad fiscal, reconoció al expresidente Luis Lacalle Pou con el premio “Personalidad Tributaria del Año”. La entrega del galardón fue realizada por el abogado argentino Martín Litwak, fundador y director de la institución, y tuvo lugar el martes 21 en Montevideo. El comunicado oficial, difundido un par de días después, detalló los motivos de la distinción.
Según explicó la fundación, el premio, creado recientemente, busca reconocer a aquellas personalidades que, mediante su gestión o influencia, han contribuido de manera significativa a la implementación de políticas tributarias coherentes con los valores que promueve la organización: la libertad individual, el respeto a la privacidad y a la propiedad privada, y la competencia fiscal entre jurisdicciones. El texto enfatiza que la distinción valora la contribución a estos principios específicos.
Lacalle Pou premiado por promover la «libertad económica»
Entre las razones que motivaron este reconocimiento al expresidente, la organización destacó en particular las reformas introducidas al régimen de “vacación fiscal”, que “posicionaron al país como un destino más competitivo sin comprometer su reputación internacional”. El premio está representado por una obra original del artista plástico mendocino Daniel Genovesi, simbolizando el logro alcanzado.
Con esta distinción, además, el expresidente uruguayo se incorpora como Miembro Honorario de The 1841 Foundation, “en reconocimiento a su aporte al fortalecimiento de la libertad económica, la estabilidad institucional y el respeto a la propiedad privada en la región”, agrega el comunicado. Esta membresía honoraria lo integra a una red de personalidades afines a la filosofía de la organización.
Esta distinción a Lacalle Pou ocurre en momentos en que el Parlamento trata una batería de cambios impositivos que sustentan la “consolidación fiscal” propuesta por el gobierno del Frente Amplio y que incluye, entre otras cosas, la adopción doméstica del tributo mínimo global a las multinacionales. El contraste entre las políticas premiadas y las actualmente en debate parlamentario marca el escenario político actual.
¿Es Uruguay un paraíso fiscal?
La organización liderada por Litwak elabora un índice para más de 80 jurisdicciones donde pondera aspectos cuantitativos y cualitativos del entorno impositivo. En la última edición, difundida en mayo pasado, Uruguay figuró con un puntaje que lo aproximó a la categoría de «paraíso fiscal». Esta clasificación genera recurrentes análisis sobre el perfil tributario del país.
El sistema impositivo uruguayo se basa en el principio de territorialidad, lo que significa que solo grava los ingresos generados dentro del país. Para los residentes fiscales, los ingresos extranjeros —como dividendos, intereses o ganancias de capital de activos fuera del territorio— están exentos de impuesto a la renta durante un período de hasta 10 años desde que se obtiene la residencia. Esta exención, combinada con tasas impositivas competitivas, ha sido un factor de atracción de inversiones.
Además, las Zonas Francas uruguayas ofrecen exenciones totales de impuestos sobre exportaciones, importaciones y servicios relacionados, fomentando un ecosistema de banca privada y servicios financieros. Un artículo de Bloomberg de 2023 lo describió explícitamente como «un paraíso fiscal con muchas playas y poco crimen», destacando cómo el flujo de expatriados ricos ha impulsado la economía local. Organizaciones como Tax Justice Network han incluido a Uruguay en sus índices de opacidad fiscal.
Presiones globales y evolución normativa contra el lavado
A lo largo de la década de 2010 y principios de 2020, Uruguay enfrentó escrutinio de organismos como la OCDE y la Unión Europea (UE) por su baja tributación y falta de intercambio automático de información fiscal en algunos casos. En 2017, por ejemplo, fue incluido temporalmente en la «lista gris» de la UE por deficiencias en transparencia, lo que generó controversia y obligó a reformas rápidas para salir de ella.
La controversia se intensificó con el auge de la migración fiscal pospandemia. En 2023-2024, el país vio un boom de solicitudes de residencia fiscal, atrayendo a argentinos, brasileños y europeos huyendo de cargas impositivas más altas. Esto levantó alarmas en foros internacionales, con acusaciones de que Uruguay estaba socavando esfuerzos globales contra la elusión fiscal, como el Plan BEPS de la OCDE.
Desarrollos recientes: alejándose del borde en 2025
En 2025, Uruguay ha dado pasos firmes para desmarcarse de esta imagen. El 10 de octubre, el Consejo de la UE actualizó su lista de jurisdicciones no cooperativas, y Uruguay figura en la categoría de países que «cooperan plenamente con la UE y no tienen compromisos pendientes», lejos de la lista negra (que incluye a Panamá y Rusia) o la gris.
De igual modo, Portugal eliminó a Uruguay de su lista de paraísos fiscales en septiembre de 2025, efectiva desde 2026, reconociendo avances en transparencia y cumplimiento de estándares globales.
El proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029, presentado recientemente, introduce cambios significativos: adopción del Pilar 2 de la OCDE (que grava al 15% las multinacionales con ingresos bajos), tributación de ganancias de capital extranjeras y ajustes a incentivos en Zonas Francas. Estas medidas responden a presiones fiscales internas —con un déficit público del 4,1% del PIB en 2024— y externas, buscando equilibrar la atracción de inversiones con la sostenibilidad. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha optado por aumentos modestos de impuestos en lugar de recortes drásticos, priorizando la estabilidad.
Fuente LR21
