El presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, expuso este jueves ante la reunión conjunta de comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. En el encuentro continuó el debate sobre el proyecto de reforma previsional en Entre Ríos, que la semana pasada consiguió media sanción en el Senado.
Ayer, en la sesión de Diputados se dio ingreso formal a la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, e inmediatamente comenzó el debate en comisiones. En efecto, se recibieron opiniones de representantes de distintos sectores para fijar posición sobre el proyecto. Participaron la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y, por la tarde, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever).
“Nunca hicimos una defensa sectorial para agentes del Poder Judicial, sino que manifestamos cómo impacta esta reforma en la totalidad de los entrerrianos. Si bien se puso un plazo para la emergencia, el plazo es muy amplio, por dos años con prórroga sólo comunicando a la Legislatura. Esto genera cierta tensión, sobre todo si lo comparamos con la emergencia más grave que tuvimos que fue la de pandemia por Covid. No duró ni la mitad de esta”, dijo Cánepa presidente de la Asociaicón de la Magistratura de Entre Ríos. Recordó que en el debate en comisiones del Senado, fue mucho más profundo y explícito, por lo cual no elongaría su exposición en Diputados.
Recalcó Cánepa que la emergencia es del Estado provincial, cuando se “restringen derechos de carácter constitucional”. Y comparó la propuesta de declaración de emergencia para reformar el sistema previsional con la “emergencia vial”, o “emergencia de obras públicas”. “Se suspendieron procesos, no se afectaron derechos de terceros. Son emergencias parciales”, señaló. Consideró que la emergencia que se declarará no es “parcial” sino “parcialita”. “Ese es un punto que tensiona con lo que conocemos en línea jurisprudencial nacional y local”, advirtió
También refirió a la modificación progresiva de la edad. “Llevará 13 años la aplicación plena de la reforma. La emergencia es de dos años prorrogable. Esto debería traerse más adelante para hacer razonable la emergencia”, marcó Cánepa.
“Quise ser breve porque en el Senado hicimos una evaluación extensa de la emergencia, pero la incluyeron igual. Respecto de la reforma en sí, como se trata de un derecho constitucional, cabe el principio de no regresividad. Eso impone un norte muy claro. El equilibrio fiscal tiene que ver con el reconocimiento progresivo del derecho, no regresivo. Ese principio de regresividad tiene dos lineamientos muy específicos: el Estado debedecir por qué la medida que toma es la menos lesiva de todo el abanico de medidas. No vimos que en el Senado se haya dado esa discusión. Sí se bajó el haber inicial de los 30 años a los 15, los últimos 180 sueldos. Este período es el mayor del país. No pareciera una medida progresiva, pero además tiene otra cuestión ese artículos ¿cómo se van a calcular los 180 sueldos actualizados? En este salario actualizado lo que no se dice es cómo se va a actualizar, y queda delegado en el Poder Ejecutivo sin marco, sin línea ni directriz. No luce progresivo”.
El otro punto es la movilidad. “Cuestionamos en su momento la reducción a un solo escalafón, en función a dos principios del derecho de previsional”, dijo y explicó: “Cada organismo o Poder tiene una realidad distinta y todos los escalafones se actualizan de manera distinta. Cada sector con su convenio, conforme a sus propias autonomías y estados. Al reducir a un solo escalafón, a la corta o a la larga, habrá un planteo de proporcionalidad. Porque todos los convenios colectivos de trabajo tienen su frecuencia de actualización. La ley no dice ni cuantas paritarias deben existir por año. Uno verá que los salarios delos activos se van a actualizar con una regularidad que no acompañará la actualización que establece la ley que será mucho menos actual. Nuestra propuesta fue hacer escalafones sectoriales y establecer promedios como para que esa proporcionalidad no se rompa en lo inmediato y el haber de pasividad no pierda valor adquisitivo”.
Más adelante, Cánepa señaló que “el tema de la jubilación de oficio es un tema grave”. Manifestó que si al momento de cumplir la edad jubilatoria y los aportes, si el empleado no inicia el trámite jubilatorio, el Estado lo va a desvincular por no iniciar el trámite jubilatorio. El Estado puede iniciar el trámite de oficio, porque la ley no dice que se lo echa pero se lo jubila. Esto me parece que va a dar mucho trabajo y tiene solución. O se lo separa de administración y se lo jubila, o se le inicia el trámite de oficio. Pero lo que no se puede hacer es separarlo sin sumario ni inconducta y sin garantizar medio de subsistencia. Es una cuestión que hay que analizar con cuidado”, alertó Cánepa.
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