Como todos sabemos, al asumir Milei como presidente, casi de inmediato, presentaron una artillería que modifica y elimina leyes, disuelve organismos públicos, programas, todas de altísimo impacto social y económico, muchas de una gravedad nunca vista, imponiendose por sobre leyes que poseen el resguardo constitucional de no regresión, o simplemente violando mandas constitucionales per se.
La garantía constitucional del derecho a la salud ha sido fuertemente golpeada.
La eliminación de la Superintendencia de Salud, trajo aparejada la falta de control sobre las Obras Sociales y Prepagas, el cierre de entidades de supervisión y autorización necesarias y la pérdida de garantías de continuidad en tratamientos, provisión de medicamentos, cobertura de intervenciones, estudios, prestadores profesionales. Asimismo la calidad de atención disminuyó, los costos se dispararon poniendo en riesgo sobre todo el derecho de los afiliados de menores recursos.
La consecuencia automática del decreto 70/2023, fue la suba descontrolada de los abonos de las empresas de Medicina Prepaga, automáticamente se iniciaron miles de acciones judiciales contra los ajustes lo que llevó a una acción colectiva. Para evitar el colapso y pérdidas millonarias, las empresas llegaron a un acuerdo en el que se establecieron límites a esa “liberación de precios”. Aún hoy hay miles de amparos en la Corte Suprema de Justicia esperando resolución.
Otra de las consecuencias más importantes es la migración de afiliados de altos recursos de obras sociales cuyo sustento es la solidaridad, desfinanciando las arcas y poniendo en jaque el sistema.
La devaluación llevada a cabo por el gobierno, también hizo estragos en las empresas y obras sociales, elevando considerablemente costos de insumos, prestaciones, medicamentos. Ello inevitablemente derivó en una disminución en la calidad, cantidad de las coberturas y asistencias, ocasionando también un incremento de reclamos judiciales por diferentes coberturas insatisfechas.
Otros de los factores decisivos para la crisis actual son: 1.- Las pérdidas de empleos registrados -ergo pérdida de coberturas de o.s.- que vuelcan a familias enteras al sistema público de salud -saturandolo- 2.- Los incrementos en los precios de medicamentos, consultas, prestaciones, que se costeaban en muchos casos sin obra social, abonando un coseguro o con una cobertura porcentual y se tornó imposible. El combo del aumento desmesurado del costo de vida y la caida del salario real hiere de muerte la garantía constitucional del acceso a la salud de los argentinos.
Los datos reales indican un incremento casi de 100% de acciones judiciales por cuestiones de salud: Reclamos por entrega de medicaciones e insumos oncológicos y otras patologías crónicas, cuidadores domiciliarios, terapias profesionales en materia de discapacidad, intervenciones quirúrgicas.
Por Selva Chesini
Abogada – Gualeguaychú
