Hay algo profundamente inquietante en una democracia cuando el presidente de la Nación convierte el insulto, la descalificación y la agresión verbal contra periodistas y medios de comunicación en una suerte de latiguillo discursivo. No estamos ante un exabrupto ocasional ni frente a una disputa circunstancial. Estamos ante una conducta reiterada que compromete la calidad de nuestras instituciones y degrada la convivencia democrática.
Por Rubén Pagliotto (*)
Javier Milei ha hecho de la confrontación con el periodismo una marca de su comunicación política. «Ensobrados», «basuras», «mierda humana», «ignorantes», «imbéciles» y otras expresiones de idéntica estofa integran un repertorio de agravios que resultarían impropios en cualquier debate civilizado. Cuando los profiere quien ejerce la Presidencia de la República, su significación se agrava exponencialmente.
La investidura presidencial, como sabemos, no es un atributo ornamental. Entraña responsabilidades institucionales que no pueden ni deben quedar subordinadas al temperamento, las antipatías ni los enojos de quien circunstancialmente ocupa el Poder Ejecutivo. El presidente no es un ciudadano más cuando ejerce su autoridad: sus palabras y también sus gestos tienen una capacidad de irradiación, una gravitación pública y una potencialidad intimidatoria que no pueden ignorarse.
Por eso, banalizar sus agravios como simples expresiones de espontaneidad o autenticidad constituye una equivocación tan seria como peligrosa. La vulgaridad no es sinceridad, ni la injuria coraje, ni la violencia verbal una manifestación de autoridad. Muchas veces, apenas disimula la incapacidad de responder con razones.
El problema -como acontece hoy en nuestro país- adquiere mayor dimensión y ribetes de enorme peligrosidad cuando se advierte que la hostilidad no parece dirigirse indiscriminadamente contra toda la prensa, sino que alcanza con particular virulencia a quienes investigan, cuestionan o critican la gestión gubernamental, mientras un reducido círculo de “periodistas” y medios, ostensiblemente complacientes con el presidente y sus políticas, recibe un trato sensiblemente diferente. La libertad de prensa no puede ni debe depender del grado de adhesión al poder de turno. Si la consideración presidencial se distribuye según la docilidad del interlocutor, lo que se pretende no es periodismo, sino aquiescencia e indigna sumisión.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha documentado esta problemática. En su investigación “El insulto como estrategia”, analizó 113.649 publicaciones de la cuenta presidencial en X, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, e identificó 16.806 posteos con expresiones ofensivas, despectivas o estigmatizantes. No se trata, por tanto, de una percepción antojadiza ni de una controversia meramente semántica: existe una conducta cuya sistematicidad ha sido documentada y advertida públicamente.
Conviene despejar, además y a fortiori, una confusión deliberada. Defender la libertad de expresión del Presidente no obliga a convalidar cualquier forma de ejercerla. Milei tiene pleno derecho a cuestionar informaciones, refutar opiniones, denunciar falsedades y controvertir a sus críticos. Lo que no puede ni debe jamás pretender es que la magnitud de su investidura vuelva irrelevante las consecuencias de sus palabras.
Tampoco se trata de idealizar al periodismo. Existen, desde ya, errores, intereses, sesgos y prácticas reprochables. Pero ninguna de esas circunstancias habilita la estigmatización presidencial ni convierte al agravio en una respuesta legítima. Los errores se refutan; las falsedades se desmienten; las conductas ilícitas se denuncian por las vías pertinentes. La descalificación sistemática no sustituye ninguna de esas obligaciones.
La libertad de prensa no constituye un privilegio o una prerrogativa corporativa de periodistas o empresas periodísticas. Es, antes que nada, un derecho de la sociedad, connatural a una República. Sin una prensa libre, crítica e independiente, se debilita el control ciudadano, se oscurece la gestión pública y se deterioran las condiciones indispensables para el funcionamiento de un Estado constitucional de derecho. No por casualidad, nuestra Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos le dispensan una protección fundamental.
Hay, finalmente, algo todavía más grave: la naturalización de esta violencia verbal. Cuando el insulto se repite hasta convertirse en paisaje, la sociedad corre el riesgo de confundir la degradación con normalidad y la intolerancia con carácter. La palabra presidencial, lejos de contribuir a esa degradación, debería honrar la responsabilidad de quien la pronuncia.
Como expresara días pasados con inapelable precisión el Dr. Federico Storani – uno de los máximos exponentes de la corriente Radicalismo Auténtico- refiriéndose a Javier Milei: “Su grado de rechazo, su lenguaje grosero y soez ya no lo exhibe “fresco” y sin pelos en la lengua. Lo muestra desequilibrado, violento, con perversas obsesiones, pero sobre todo efímero como el like de un dedito para arriba y ahora con una aplanadora que lo sepulta”.
No le exigimos al presidente Milei que sea complaciente con la prensa, ni que renuncie a sus convicciones. Le exigimos que comprenda que gobernar una República supone aceptar la existencia de voces que no se subordinan, preguntas que incomodan y críticas que irritan.
La prensa libre no necesita la benevolencia del poder. Necesita garantías frente a sus abusos.
Porque cuando el presidente denuesta a quienes tienen el deber de fiscalizarlo, no es solamente el periodismo el que resulta agraviado: es la propia República la que queda expuesta a una preocupante intemperie institucional.
Rubén Pagliottto (*) es Abogado y dirigente de UCR Activa, línea interna de la Unión Cívica Radical (UCR) que integra a nivel nacional Radicalismo Auténtico (RA), sector del radicalismo que es claro y contundentemente opositor a los gobiernos de Rogelio Frigerio en la provincia y a Javier Milei en la nación.
(*) Publicado originalmente en AIM
