Por mucho tiempo nos vendieron la idea de que la democracia es ir a votar cada cuatro años y después callarse. Pero si eso fuera cierto, ¿para qué existen las promesas de campaña?. Un político que llega al cargo con un discurso y gobierna con otro rompe el único contrato que tiene con la gente. Y cuando se rompe un contrato, la parte afectada tiene derecho a reclamar.
Por Eugenio Jacquemain (*)
Los mal llamados escraches, los reclamos directos en actos públicos o ante la presencia de funcionarios, no son un invento de ahora. Son el mismo mecanismo que usó la ciudadanía durante décadas cuando sintió que la traicionaban. Hubo cacerolazos, protestas frente a ministerios y actos interrumpidos cuando gobernaban unos y otros. En cada caso, los que hoy se indignan, explicaban con calma que era “la voz del pueblo cansado de la impunidad” y que “la calle pone límites donde las instituciones no llegan”.
Ese argumento no pierde validez porque cambie el nombre del gobierno. La coherencia democrática no puede depender de la camiseta. Si estaba bien exigirle a un ministro que dé la cara en 2014, sigue estando bien en 2026. Lo contrario es admitir que lo que se defiende no es la rendición de cuentas, sino el propio bando.
El reclamo directo cumple una función simple: acortar la distancia entre el que manda y el que vota. Obliga al funcionario a salir de la burbuja, a escuchar sin teleprompter, a recordar que su cargo no es una propiedad. Mientras no haya violencia física, es presión política pura, incómoda por diseño. Y debe serlo, porque la incomodidad es el precio de romper una promesa en público.
Una democracia madura no teme a la interpelación. La necesita. Si ayer era legítimo, hoy también lo es. El derecho a reclamar no se alquila según quién gobierne.
(*) Editorial Fuera de Juego-Somos Gualeguaychú 01-06-26
