Después del trabajo de un año, la comisión de la Cámara de Diputados que investigó la extensión y justificación de licencias presuntamente irregulares por parte de integrantes de la Fenapes, resolvió enviar lo actuado a la Fiscalía, a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y también al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen) según lo informado a Orilla y Media por el Diputado Alfonso Lereté.
Sobre este tema el diputado Alfonso Lereté (Partido Nacional) expresó a este medio que tras finalizar su trabajo, la Comisión Investigadora llegó a sus conclusiones tras la citación a numerosas personas que concurrieron a declarar al Parlamento, unos 6.000 folios de documentos con testimonio e información aportados por Secundaria.
Según el legislador que integró la Comisión, “la conclusión es clara y concreta y se va a estar refrendando el próximo 15 de junio en el plenario de la Cámara de Diputados.
Según la resolución, a la que accedió Orilla y Media, del trabajo de la investigación de la comisión “surgen negligencias en el contralor de autoridades de la época (2015-2019) que derivaron en omisiones, irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva reseñadas en abril de 2022, por parte de funcionarios públicos afiliados a Fenapes e integrantes del Codicen”.
La comisión investigó en particular el actuar de seis sindicalistas pertenecientes a la cúpula de Fenapes: Graciela Almeida, Virginia García, José Olivera, Ana Pescetto, Marcel Slamovitz y Alejandra Vespa, pero a su vez, también se involucró en lo actuado al exconsejero de Secundaria Javier Landoni y la exdirectora de Secundaria Celsa Puente.
Desde la oposición se argumenta que las autoridades del CODICEN y los partidos de la Coalición de gobierno, están en un proceso de persecución sindical.
Ante esto, Alfonso Lereté responde que “estamos mandatados por la Constitución y la Ley, no puedo mirar para el costado” porque “en este caso concreto, detectamos la presunción de determinadas conductas con apariencias delictivas” agregando “Este problema se enfrenta realizando la denuncia correspondiente”, afirma el legislador blanco y por eso se informó a “las 8 personas que habíamos detectado por omisiones e irregularidades, a quienes se les dio acceso a los más de 6.000 folios de la investigación”.
Las figuras que conllevan un presunto delito, según Alfonso Lereté son: fraude, abuso de funciones, falsificación, encubrimiento y omisión de los deberes del funcionario público.
Además, agrega que la existencia de una situación irregular “se comprueba cuando se trató este tema en Secundaria con la presencia de la Prof. Celsa Puente, directora del entonces Consejo de Educación Secundaria entre 2014 y 2018, oportunidad en que se llegó a la conclusión que se estaba frente a una situación anómala tras el caso de un docente de San José a quien entonces se le hizo reponer las clases que no había dado. Si usted está seguro que tiene la cobertura legal, ¿por qué se les hizo compensar las clases?” expresó Alfonso Lereté a Orilla y Media
Declaraciones de los propios ex jerarcas en torno a este y otros casos similares, reclaman discreción porque “podría generar un problema a los profesores por escarnio público No se sancionó como tendría que haberse sancionado y quedó demostrado que no había convenio y que era una situación irregular”, expresa finalmente Alfonso Lereté .
