Hay dos formas de rendir cuentas en el Estado. Ello depende del lugar que ocupes en el organigrama.
En Entre Ríos, el docente que para, sabe que al día siguiente tiene que entrar a SAGE y cargar la declaración jurada de inasistencia. Si no lo hace, el descuento del día llega sin mediación. No hay llamado, no hay prórroga, no hay margen para el olvido. El sistema está aceitado para que el castigo económico sea inmediato y automático. La lógica es simple: si no diste clases, no cobrás ese día.
A pocos kilómetros de ahí, en Buenos Aires, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se toma su tiempo con la declaración jurada que realmente importa: la patrimonial. La que detalla bienes, ingresos, posibles conflictos de interés. La que la Oficina Anticorrupción exige para saber si el funcionario se enriqueció en el cargo o tiene intereses que chocan con la función pública. Esa declaración puede demorarse semanas, a veces meses. Y no pasa nada. No hay descuento, no hay suspensión.
El contraste no es menor. Al trabajador se le exige transparencia sobre su ausencia, sobre un salario que ronda los 700 mil pesos. Al funcionario con poder de decisión sobre el presupuesto nacional, se le pide transparencia sobre su patrimonio, y la exigencia se vuelve flexible.
Lo que se revela acá no es un problema administrativo. Es un mensaje político. Para el que está abajo, la norma es disciplina y sanción inmediata. Para el que está arriba, la norma es una formalidad que se cumple “cuando se puede”.
Entonces el relato del esfuerzo compartido se quiebra. No se puede hablar de austeridad y responsabilidad cuando la rendición de cuentas es rigurosa para el que no decide y laxa para el que decide.
La declaración jurada del docente sirve para descontarle el día. La declaración jurada del jefe de Gabinete debería servir para controlar su poder. Pero mientras una se usa como herramienta de control laboral, la otra queda en un cajón esperando el momento oportuno.
Esa es la doble vara. Y mientras exista, hablar de igualdad ante la ley suena más a frase de acto escolar que a realidad institucional.
Podríamos intentar otro paralelismo
Cuando un funcionario viaja y le preguntan quién lo paga, la respuesta suele ser la misma: “es un tema personal”. Cuando un docente o un estatal se toma vacaciones y reclama aumento, la respuesta del otro lado suele ser la inversa: “si están tan mal, ¿por qué se van de viaje?”.
Cada vez que se conocieron viajes del vocero y ahora jefe de Gabinete, la defensa fue estándar: se trata de asuntos privados, con fondos privados, fuera del horario laboral. La frase cierra el debate en el acto. No se rinde cuenta del origen del dinero, no se explica el vínculo con proveedores del Estado, no se cruza con la agenda pública. Lo personal funciona como zona exenta de control.
Del otro lado, el empleado público que pide recomposición salarial, carga con una sospecha inversa. Si se toma vacaciones, se lo acusa de incoherencia: “¿te quejas del sueldo pero te vas de vacaciones?”. Si se queda, se lo acusa de vagancia: “si quieres ganar más, labura más”. Las vacaciones, que son un derecho legal y una necesidad de descanso, se convierten en prueba en su contra. Como si para reclamar un salario digno hubiera que demostrar pobreza visible los 365 días del año.
En esto, también hay una asimetría del argumento
Al funcionario, se le concede que su vida privada es suya. Nadie le pide recibos ni le revisa los movimientos de tarjeta. A la enfermera, al maestro, al administrativo, se le niega esa separación. Su vida privada se vuelve evidencia pública cada vez que pide paritaria. El mensaje implícito es: vos podes tener vida privada solo si no reclamás nada.
El fondo del asunto, no es que un funcionario no pueda viajar. Es que el estándar de transparencia y el estándar de sospecha no son los mismos. Lo “personal” protege al que maneja información y contratos públicos. Lo “personal” se usa para desacreditar al que solo pide llegar a fin de mes.
Al final, la discusión no es sobre viajes ni sobre vacaciones. Es sobre quién tiene derecho a tener una vida fuera del trabajo sin que eso se use en su contra. Y hoy, ese derecho está distribuido de manera muy desigual en nuestro país.
