La caída de la fintech Wenance en Argentina tuvo un efecto contagio en Uruguay. Después de que la firma sea acusada de usura y estafa y que a su CEO, Alejandro Muszak, le embargaran la Ferrari, unos 300 uruguayos denunciaron haber sido estafados por USD 10 millones por la compañía argentina. Algunos meses después, el Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó el cierre de sus actividades.
Wenance estructuraba fideicomisos privados para financiar los préstamos que otorgaba. Con la promesa de buenas rentabilidades, la empresa había captado a empresarios, abogados, contadores y comerciantes como clientes. Pero de un día para el otro, dejó de pagar dividendos, según la denuncia que presentaron los inversores a la Fiscalía uruguaya. Inicialmente, plantearon que sufrieron una pérdida de USD 7,5 millones, una cifra a la que se suma la de otro grupo de denunciantes, que ronda los USD 1,5 millones.
Ocho meses después de presentada la denuncia, el BCU publicó una comunicación en la que instruye del “cese de las actividades sin autorización y habilitación” de Wenance Uruguay.
Se trata de una empresa argentina que llegó a Uruguay en febrero de 2022. La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU inició las actuaciones de supervisión y constató una “multiplicidad de incumplimientos”, consignó El País. Una de las faltas constatadas era que “no se encontraba desarrollando asesoramiento en inversión o canalización de órdenes de clientes” cuando estas eran las actividades que definían la licencia del asesor de inversión.
“Los ingresos de Big Capital corresponden solo a esta actividad, emitiéndose la totalidad de las facturas a Wenance Uruguay S.A”, indicó la resolución del regulador uruguayo.
“La multiplicidad de incumplimientos, la imposibilidad de evaluar al personal superior de la firma, así como la falta de acceso a la información vinculada con su actividad, en particular a los registros que debe mantener como asesor de inversión, no permite ejercer la debida fiscalización por parte de este Banco Central, lo cual supone una infracción grave que amerita el cese de actividades”, concluye el Banco Central de Uruguay.
FUENTE: Infobae
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