La ministra Fernanda Cardona señaló que el gobierno intenta sostener las tarifas de los combustibles en Uruguay y mantiene un monitoreo ante las presiones por la guerra en Medio Oriente.
Según detalló la jerarca, uno de los focos principales ha sido el análisis del consumo en zonas de frontera, donde las diferencias de precios con países vecinos como Argentina y Brasil pueden generar distorsiones. En ese sentido, el gobierno también consideró el impacto de las medidas adoptadas sobre el Imesi, que buscaban mitigar esas brechas y evitar un aumento excesivo del consumo proveniente del exterior.
“Lo que hicimos fue anunciar algunas medidas que tenían que ver con haber hecho el seguimiento internacional de la región, de los vecinos y también del mundo”, señaló Cardona. En esa línea, recordó que se expusieron las subas registradas en Argentina y Brasil y que eso obligó a reforzar el monitoreo sobre disponibilidad, stock y precios.
Uno de los datos destacados por la ministra es que, pese a las expectativas iniciales, no se registró un “shock negativo” en el consumo que comprometiera las reservas. “La buena noticia es que en cuanto a stock, a disponibilidad, realmente el monitoreo fue importante, fue muy bueno en el sentido de que no tuvimos ese shock que esperábamos negativo de consumo, por lo tanto nuestra ventana de tiempo está todavía cubierta, les diría, hasta julio, agosto”, afirmó.
Los precios de importación y la presión por la guerra
En paralelo, el gobierno aguarda la publicación del Precio de Paridad de Importación (PPI), un indicador elaborado por la Ursea que sirve como referencia para la fijación de tarifas. Sin embargo, Cardona fue enfática en aclarar que ese valor no determina de forma automática el precio final al consumidor. “Para nosotros el precio para importación es una referencia que hay que considerar, pero nunca fue el valor que determina el precio final de venta al público”, sostuvo.
El contexto internacional, marcado por la crisis en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la evolución del precio del barril, agrega presión sobre la política local de combustibles. En ese marco, el gobierno ya destinó unos 25 millones de dólares para contener las subas y evitar trasladarlas directamente a los consumidores, apoyándose además en líneas de financiamiento y herramientas de cobertura implementadas por Ancap.
Fuente Ámbito
