El gobierno uruguayo impulsa un giro profundo en su política salarial con vistas a la ronda de Consejos de Salarios que comenzará en julio, y lo hace bajo una premisa que trasciende la discusión de sueldos: transformar la forma en que se fijan los precios en la economía. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Gabriel Oddone, confirmó que propondrá un esquema de desindexación gradual que desligue los ajustes salariales del índice de precios al consumo, con la mira puesta en reducir la inercia inflacionaria y ganar competitividad.
El plan parte de un diagnóstico claro: múltiples contratos, tanto públicos como privados, continúan atados automáticamente a la inflación, lo que mantiene vivas las presiones sobre los costos y limita la baja del IPC a mediano plazo. “No basta con contener la inflación al 5 %; necesitamos evitar que se propague en cadena”, explicó Oddone al justificar la iniciativa. Por eso, el gobierno uruguayo impulsa un cronograma que comenzará por los segmentos de mayores ingresos y preservará mecanismos de protección para los trabajadores de menores salarios, a fin de no erosionar su poder adquisitivo en la transición.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezado por Juan Castillo, ha planteado reparos sobre el alcance de la medida, recordando que la recuperación económica es dispareja entre sectores. Sindicatos nucleados en el PIT-CNT comparten la inquietud y reclaman cláusulas de salvaguarda por si la inflación vuelve a repuntar. Del lado empresarial, en cambio, la propuesta cosecha adhesiones: consideran que la desindexación permitirá acordar salarios en función de la productividad y contener los precios finales.
Mientras tanto, economistas del Frente Amplio reconocen que el modelo de indexación automática fue útil cuando la inflación superaba los dos dígitos, pero admiten que el escenario actual exige instrumentos diferentes. En ese contexto, el gobierno uruguayo impulsa mesas de diálogo tripartito para definir parámetros de referencia y evitar conflictos. Una de las ideas en discusión es introducir ajustes semestrales basados en una combinación de proyecciones del Banco Central y variables sectoriales, en lugar de la inflación pasada.
Las próximas semanas serán decisivas: la pauta oficial se presentará antes de fin de junio para que los 25 grupos de negociación la analicen. Con ello, la administración busca sellar un nuevo contrato social que combine estabilidad macroeconómica y equidad distributiva. Si la desindexación prospera con consenso, Uruguay podría dar un paso relevante hacia un esquema de precios menos rígido y más competitivo.
