Organizaciones de todo el país se vienen moviendo hace meses para frenar la explotación petrolera en Uruguay, que pone en riesgo la delicada flora y fauna del mar. Hubo movilizaciones en varios departamentos costeros y del interior del país de forma simultánea.
Este lunes, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial fue escenario de un mensaje potentísimo de la ciudadanía: se realizó la entrega física de más de 21.700 firmas ciudadanas en oposición a los proyectos de exploración petrolera en aguas territoriales.
La acción fue coordinada por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay, que articuló movilizaciones simultáneas en varios puntos del país. Las concentraciones se registraron en departamentos costeros como Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia, además de en la capital, Montevideo, y otras localidades del interior.
La campaña de recolección de adhesiones se organizó en un plazo reducido de días, según indicaron los organizadores. El volumen de firmas obtenidas a nivel nacional es interpretado por el colectivo como un indicador de un «rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre«.
El acto de entrega se desarrolló mientras el ministro de la cartera, Edgardo Ortuño, ofrecía una conferencia de prensa en el mismo edificio para detallar las autorizaciones concedidas a cuatro empresas.
La Asamblea denunció que este llamado a los medios en el mismo horario constituyó un intento de “boicot” a su acto ciudadano. También cuestionaron que las resoluciones oficiales de diciembre no fueran publicadas de inmediato en los portales de difusión institucional, lo que, a su juicio, limitó el acceso a la información en el momento de su emisión.
No a la explotación petrolera en Uruguay: cuestionamientos jurídicos y ambientales
En el documento entregado a las autoridades, los manifestantes acusan al Ministerio de Ambiente de actuar como “garante del extractivismo petrolero”. Esta afirmación se enmarca en una crítica más amplia hacia la política energética del gobierno, la cual, según los peticionarios, muestra una contradicción entre el discurso de transición ecológica y el avance en proyectos vinculados a combustibles fósiles. Señalan que esto ocurre en un contexto internacional de crisis climática.
Desde una perspectiva legal, la Asamblea argumenta que los contratos de exploración firmados por la empresa estatal ANCAP adolecen de nulidad. Alegan que vulneran el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente y la Ley 19.128, que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines. También citan principios del Acuerdo de Escazú de Costa Rica relativos a la participación pública y el acceso a la información.
Con base en estos argumentos, el colectivo ha presentado una acción de nulidad ante la Justicia. Solicitan que, mientras se resuelve este proceso, «se suspendan todas las actividades de prospección y perforación». Además, revelaron que, «pese a la existencia de una medida cautelar aceptada por la Justicia civil el 8 de diciembre, el Ministerio de Ambiente haya otorgado licencias ambientales a cuatro empresas para la primera fase de exploración».
El peligro de la exploración offshore
Un eje central de la protesta es la afirmación de que el gobierno carece de “licencia social” para impulsar la exploración offshore. Las más de 21.000 firmas son presentadas como la evidencia tangible de este descontento ciudadano. La Asamblea insiste en que la voluntad popular debe ser un factor determinante en la toma de decisiones sobre políticas que, a su criterio, conllevan riesgos ambientales significativos.
La organización también informó que, paralelamente al litigio judicial, la empresa APA Corporation ha solicitado la realización de un pozo exploratorio. Denunciaron que, incluso, se habrían iniciado estudios de “percepción social” vinculados a esa posible perforación, mientras aún se tramita la acción legal que busca anular los contratos base. Esto es visto como una señal de que el proceso avanza sin esperar los fallos de la Justicia.
Finalmente, las demandas concretas dirigidas al Ministerio de Ambiente incluyen la no aprobación de los Planes de Gestión Ambiental presentados por las empresas contratadas hasta que exista un pronunciamiento judicial definitivo. Asimismo, exigen que se respete y considere la postura ciudadana manifestada a través de la recolección de firmas, subrayando la falta de un consenso social alrededor de estas actividades económicas.
Fuente LR21
