La exdiputada Valentina Dos Santos fue reafiliada al Partido Nacional tras cumplir su condena por el caso de horas extras en Artigas.
Valentina Dos Santos se ha reincorporado oficialmente al Partido Nacional luego de que su procesamiento judicial por el caso de las horas extras irregulares en la Intendencia de Artigas llegara a su fin. El trámite de afiliación fue aprobado durante la reunión del directorio del partido celebrada el pasado lunes. La ahora secretaria general de la comuna artiguense había renunciado tanto a su banca como a la militancia partidaria en el transcurso de la investigación que la involucraba en diversas irregularidades administrativas.
La investigación, que concluyó a mediados de 2024, determinó que la exdiputada actuó y tomó decisiones vinculadas a la comuna de ese departamento norteño, específicamente en lo concerniente a los pagos de horas extra que se realizaron de manera irregular. El Tribunal de Cuentas constató que se desembolsaron un total de 52 millones de pesos en dicho concepto, beneficiando a 53 funcionarios de la institución.
Finalmente, la justicia la imputó por el delito de usurpación de funciones. La pena establecida para Dos Santos fue de seis meses de prisión, la cual se sustituyó por un régimen de libertad a prueba, con la obligación de cumplir dos meses de tareas comunitarias. Este año, el mismo Partido Nacional le impidió presentarse como candidata en las elecciones municipales de Artigas bajo su lema, como consecuencia directa de la condena.
Recibida de vuelta en el PN
Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, se refirió a la situación. El líder político confirmó que no existen impedimentos para que la exdiputada se reintegre al partido, argumentando que ya cumplió con la condena estipulada por la justicia. “No hay impedimentos para que Dos Santos se reincorpore al PN, debido a que ya cumplió su condena y se le aplicó la sanción que correspondía en su momento”, dijo Delgado durante una intervención en el programa Telenoche.
Previamente, y como parte de las sanciones internas aplicadas por la fuerza política, se le había negado la posibilidad de ser candidata a la intendencia. A pesar de este antecedente, Valentina Dos Santos ya se desempeña en un cargo de confianza dentro de la administración municipal. Actualmente ocupa el puesto de secretaria general de la comuna de Artigas, bajo la actual gestión del intendente Emiliano Soravilla.
La figura de Dos Santos ha estado ligada durante años a la política del departamento de Artigas. Es sobrina del exintendente Pablo Caram y, en varias oportunidades, llegó a ocupar el cargo de intendenta en carácter interino. Su trayectoria política se vio interrumpida temporalmente por el escándalo judicial, el cual se originó a principios de 2023 tras la viralización de un recibo de sueldo de una funcionaria municipal.
El caso estalló cuando se hizo público un recibo de sueldo de Stefany Severo, esposa de Rodolfo Caram –primo de Pablo Caram y entonces secretario general de la intendencia–. El documento mostraba pagos considerados excesivos por horas extras: 209 horas extras y 39 horas en feriados durante noviembre de 2022, por un monto de 108.000 pesos, y 196 horas extras con 56 en feriados en diciembre, por 120.000 pesos. Inicialmente, la administración intentó presentarlo como un caso aislado.
Audios y mensajes de WhatsApp recuperados durante la investigación demostraron que Valentina Dos Santos, aprovechando su posición interina, era quien ordenaba estos pagos a funcionarios que, según las pesquisas, habían conseguido votos para su lista política. De esta manera, la exdiputada habría incurrido en asumir funciones que no le correspondían, dando origen al delito de usurpación de funciones por el que finalmente fue condenada.
La Fiscalía, a cargo del fiscal adscripto Federico Rodríguez, llevó adelante la investigación por delitos como fraude, omisión de deberes y usurpación de funciones. El proceso culminó en julio de 2024 con la aceptación de un acuerdo abreviado por parte de los imputados. Este mecanismo legal permite una reducción de la pena a cambio de que los acusados admitan su responsabilidad en los hechos, evitando de este modo la realización de un juicio oral completo.
Para Valentina Dos Santos, el cargo específico fue el de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 166 del Código Penal uruguayo. La pena original de seis meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba, más dos meses de tareas comunitarias. Gracias al acuerdo abreviado, la condena se redujo en un tercio; de lo contrario, habría enfrentado entre 3 y 12 meses de prisión efectiva.
Otras personas relacionadas también recibieron condenas. Pablo Caram, exintendente de Artigas y tío de Dos Santos, fue condenado por omisión de los deberes del funcionario público al no denunciar las irregularidades a tiempo. Su pena fue de 14 meses de prisión, sustituidos por libertad a prueba, con 4 meses de tareas comunitarias. Rodolfo Caram, primo de Pablo y exsecretario general de la intendencia, fue condenado por fraude al facilitar los pagos irregulares a su esposa, Stefany Severo, quien también fue implicada como coautora en el delito de fraude.
Paralelamente al escándalo de las horas extras, otro de los puntos investigados fue el proyecto “Vale Emprender”, impulsado por la propia Valentina Dos Santos. Este programa funcionó entre noviembre de 2021 y julio de 2024 bajo el paraguas del «Promoción de emprendimientos productivos». Fue auditado por el Tribunal de Cuentas de la República y utilizó 17,7 millones de pesos financiados con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Intendencia de Artigas, en una proporción del 85% y 15% respectivamente.
El informe del TCR señaló importantes observaciones sobre la ejecución del proyecto. Según informó el periodista Eduardo Preve, el documento auditivo indicó que “no es posible verificar si las partidas recibidas fueron ejecutadas y aplicadas al fin previsto«. Esta resolución fue aprobada por unanimidad por todos los ministros del tribunal, designados por los distintos partidos políticos con representación parlamentaria.
Cabe destacar que la auditoría también aclaró que el proyecto “Vale Emprender” no recibió financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que en su momento la presentación en redes sociales del programa así lo hubiera indicado. Esto generó más interrogantes sobre la gestión y transparencia de los fondos públicos manejados durante la iniciativa, aunque no derivó en imputaciones penales adicionales.
Fuente LaRed21
