El Ministerio de Salud confirmó a ANÁLISIS una escalada presupuestaria muy fuerte -4,5 veces entre 2023 y 2025- explicada en gran parte por la necesidad de sustituir con fondos provinciales el financiamiento nacional que se retiró de programas estructurales como Remediar (con una caída del 83,5% en los botiquines entregados), Sumar+ (con $1.918 millones de deuda nacional pendiente) e Incluir Salud (financiado en un 98% por la Provincia). A la vez, una fragilidad estructural en el recupero de costos hospitalarios, con la Obra Social de Entre Ríos (OSER) llegando a cobrar apenas el 38% de lo que facturó en 2024, en sintonía con la crisis financiera de esa obra social y una transformación silenciosa en quién usa el sistema público. Según los datos proporcionados a este medio periodístico, cada vez más pacientes con cobertura médica -dos de cada tres hacia 2026- recurren a los centros de salud gratuitos, mientras la planta de personal permanente se reduce y se sostiene mediante contratos transitorios. A todo este panorama se suma una deuda de $774 millones con prestadores privados de salud -concentrada en un 98% en tres proveedores de diálisis y oncología, incluido el centro estatal CEMENER, aunque en el informe se da por “cancelada definitivamente”- y una diferencia de $13.233 millones entre lo que el propio detalle de pagos de Incluir Salud registra para 2024-2026. Y la cifra de $38.200 millones que el texto principal destaca como la inversión total del programa en ese período.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos respondió, a través de una nota firmada personalmente por el ministro Daniel Ulises Blanzaco, un pedido de acceso a la información pública de trece puntos que incluyen presupuesto, compra de medicamentos, campañas de vacunación, salud mental, demanda del sistema público, recupero de costos a obras sociales, derivaciones a prestadores privados, recursos humanos, el Hospital de la Baxada, proyectos de ley y contrataciones de bienes y servicios. Ese documento de síntesis narra la gestión 2023-2026 como una transformación integral -”de respuestas fragmentadas a una lógica de red”- con métricas destacadas: más del 90% de los centros de salud con actividad registrada en el sistema SADER, 45 ambulancias nuevas, 440.000 estudios almacenados en el sistema PACS provincial y un crecimiento del 18,9% en la dotación profesional. Sin embargo, cruzando esas mismas cifras con los anexos numéricos -resúmenes de tesorería, planillas de licitaciones, informes de recupero de costos- aparecen datos que el texto principal minimiza o no menciona: la dependencia acuciante de refuerzos presupuestarios frente a partidas nacionales que dejaron de llegar, una salud pública que atiende cada vez más pacientes con cobertura, y un sistema de obras sociales provincial (OSER, exIOSPER) que en 2024 solo logró cobrar el 38% de lo facturado a los hospitales.
Según el propio informe oficial, el presupuesto total ejecutado por el Ministerio de Salud pasó de $145.902 millones en 2023 a $433.110 millones en 2024 (2,97 veces más), $652.088 millones en 2025 (1,51 veces el año anterior) y $449.268 millones entre enero y julio de 2026, con una proyección oficial de $768.000 millones para el cierre del año. En total, entre 2023 y 2025 el gasto en salud se multiplicó por 4,47, y si se cumple la proyección 2026 el crecimiento acumulado en tres años y medio llegará a 5,3 veces.
Una desagregación más específica -la de las transferencias de Rentas Generales a hospitales, en la planilla “Resumen transferencias fondos partidas hospitales- muestra un patrón revelador dentro de ese crecimiento: en 2023 el 58% de los $13.984 millones transferidos a hospitales correspondía a una partida fija mensual (“Partida Hospitales”) y el resto a “refuerzos” extraordinarios. En 2024, sobre $63.453 millones transferidos, la relación se invirtió: la partida fija representó apenas el 30% y los refuerzos -montos variables, decididos mes a mes según la coyuntura- treparon al 64% del total, además de $3.554 millones en deuda arrastrada de 2023. En otras palabras, la forma predominante de financiar a los hospitales entrerrianos durante el año de mayor inflación del período no fue el presupuesto planificado, sino la improvisación mes a mes vía refuerzos, un patrón de gestión reactiva más que de planificación.
En 2025 las transferencias llegaron a $83.095 millones y en el primer semestre de 2026 ya se transfirieron $44.089 millones -una proyección anual de unos $88.178 millones-, lo que confirma una meseta de crecimiento nominal luego de la escalada de 2023-2024. El propio informe aclara que aproximadamente el 80% del concepto “refuerzo general” se destina a medicamentos, insumos, descartables y oxígeno, y el resto a combustible, servicios, racionamiento, refacciones edilicias y equipamiento sanitario.
Medicamentos y la compra centralizada
La Dirección de Contrataciones del Nivel Central del Ministerio de Salud adjudicó 43 procedimientos de compra de medicamentos, insumos y equipamiento en 2024 por $5.048,8 millones; 35 procedimientos en 2025 por $6.151,1 millones y, hasta el 7 de agosto de 2026, 18 procedimientos por $20.264 millones. O sea, un salto que el propio informe atribuye a la nueva compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales de mayor complejidad (San Martín, San Roque, Centenario, Masvernat y Justo José de Urquiza), adjudicada con catorce oferentes y acompañada de un centro logístico en Colonia Avellaneda. Hay, además, 22 procedimientos adicionales en trámite por $5.200,1 millones estimados para 2026.
Un análisis separado, correspondiente a compras específicas de programas nacionales complementados con fondos provinciales (Salud Sexual y Reproductiva, Remediar, epidemiología), muestra la misma tendencia: de $12,7 millones invertidos en 2023 a $175,4 millones en 2024 (13,8 veces más), $677,5 millones en 2025 y ya $291,9 millones en la primera mitad de 2026. En ese universo más chico de compras, la empresa VI Farma SRL aparece como proveedora recurrente en los cuatro ejercicios, junto con adjudicaciones puntuales muy grandes a proveedores unipersonales, como los $105,69 millones que ganó Alcorta Pharma (a nombre de Marta Liliana Molina) por 1.000 kits de mifepristona en 2025.
Un capítulo aparte, no incluido en el documento de síntesis, pero sí en un informe técnico específico, es la compra de drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados a través de CUCAIER: la Provincia debió empezar a complementar los envíos de INCUCAI desde junio de 2023 porque esos envíos resultaban insuficientes. Las transferencias del Tesoro Provincial para este fin pasaron de apenas $2 millones en diciembre de 2023 a $606,4 millones en 2024 (303 veces más), $427,1 millones en 2025 y ya $599,9 millones en la primera mitad de 2026, superando en seis meses todo lo gastado en el año anterior completo. El total acumulado 2023-2026 es de $1.635,5 millones para sostener un tratamiento que, en teoría, debería cubrir íntegramente el programa nacional de seguimiento pos-trasplante.
Los programas nacionales en crisis
El propio informe ministerial documenta, en la sección “Otros ejes priorizados”, una serie de datos que retratan el retiro del financiamiento nacional en salud durante el período, en un patrón que reproduce lo ya detectado en anteriores respuestas de otros organismos provinciales sobre fondos de Nación no girados. Sobre el programa SUMAR+ (cobertura de salud para población sin obra social), con 522.796 personas inscriptas y 251 convenios con efectores a abril de 2026, el informe reconoce una deuda nacional de $1.510 millones en cápitas mensuales adeudadas entre enero de 2025 y junio de 2026, más $408,5 millones de una cápita semestral adicional: $1.918,5 millones que Nación le debe a la red sanitaria provincial por un programa que la Provincia sigue sosteniendo.
El caso del programa REMEDIAR (medicamentos gratuitos para atención primaria, distribuidos en botiquines a los centros de salud) es más contundente todavía: los botiquines entregados por Nación cayeron de 5.414 en 2024 a 4.079 en 2025 (-24,7%) y a apenas 892 entre enero y mayo de 2026, una caída acumulada del 83,5% respecto de 2024. El promedio de especialidades medicinales que contenía cada botiquín bajó de 65 en 2024 a 41 a comienzos de 2026, y el propio Ministerio informa que las previsiones nacionales para los próximos tramos son de apenas 16 y luego 3 especialidades. Frente a este vaciamiento, la Provincia debió asumir “refuerzos financieros y compras provinciales” para sostener el programa con recursos propios.
En el mismo sentido, el informe reconoce que el financiamiento del Programa Incluir Salud (transporte y cuidadores) y de las prestaciones de diálisis alcanzó, durante 2023-2024, un 98% de cobertura con fondos provinciales: es decir, apenas el 2% restante provino de Nación, pese a tratarse nominalmente de un programa federal. El Hospital de la Baxada, por su parte, requirió según el informe un aporte mensual de $900 millones durante ese mismo período inicial, financiado por la Provincia.
El Programa Provincial de Diabetes, en cambio, sí muestra una inversión provincial creciendo por decisión propia y no por sustitución de fondos nacionales: la cobertura pasó de 7.182 pacientes en septiembre de 2025 a 7.704 en agosto de 2026 (+7,3%), mientras la inversión creció de $7.881,8 millones a $11.749 millones, un 49% -muy por encima del 32,6% de inflación interanual que cita el propio informe-, lo que implica una mejora real en el financiamiento por paciente.
En tanto, el informe de la Dirección General de Recursos Humanos confirma el crecimiento del 18,9% en la dotación combinada de la Carrera de Enfermería (Ley 10.930) y la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria (Ley 9.892), que pasó de 6.243 agentes en 2023 a 7.421 en 2026, un incremento absoluto de 1.178 profesionales. Ese crecimiento, sin embargo, no se dio en la planta permanente: el propio informe reconoce “una disminución gradual del personal de planta permanente” en los tres agrupamientos (enfermería, médicos y no médicos), compensada por “un crecimiento sostenido del personal incorporado mediante el régimen de Suplencias Transitorias Exclusivas de Salud”. Es decir, el sistema de salud entrerriano sostiene su ampliación de planta apoyándose cada vez más en contratos transitorios en lugar de cargos de planta permanente, un patrón de precarización laboral que el propio Ministerio describe con eufemismos de gestión (“modificación progresiva en la estructura de las modalidades de designación”) pero no niega.
El no cobro de OSER
El informe del Punto 7 -recupero de costos a obras sociales y prepagas- desagrega, hospital por hospital y año por año, cuánto facturaron los efectores públicos a IOSPER/OSER, PAMI y otras obras sociales por atender a sus afiliados, y cuánto de eso efectivamente cobraron. Los totales globales muestran una brecha muy significativa y, en el caso de OSER, una crisis de cobrabilidad que coincide en el tiempo con la crisis financiera de la obra social provincial ya documentada en investigaciones anteriores de acceso a la información que realiza ANÁLISIS.
En 2023, sobre $136,5 millones facturados a IOSPER, se cobró el 73,1%. En 2024 -el año del cambio de nombre a OSER y de la crisis financiera de la obra social- la facturación a la exIOSPER saltó a $1.115,7 millones, pero el cobro fue de apenas $428,9 millones: una tasa de cobranza del 38,4%, la más baja de todo el período. En 2025 la cobranza se recuperó parcialmente al 64,5% (sobre $2.216,7 millones facturados) y en el primer semestre de 2026 volvió a caer al 47,6% (sobre $1.143,8 millones). La otra franja de “otras obras sociales” (privadas y sindicales, sin PAMI) muestra un patrón similar de cobranza débil y volátil: 72,5% en 2023; 36,8% en 2024; 46,6% en 2025 y 56,8% en 2026.
PAMI, en cambio, mantiene una cobranza consistentemente alta: entre 74% y 93% según el año, con el pico en 2024 (92,8% de $6.408,6 millones facturados). Sumando las tres fuentes, la tasa de cobranza total del sistema hospitalario provincial fue de 73,6% en 2023, 72,5% en 2024, 75,7% en 2025 y 70,1% en el primer semestre de 2026, relativamente estable en conjunto, pero solo porque PAMI compensa la debilidad crónica de OSER y las obras sociales menores. En términos absolutos, la brecha entre lo facturado y lo cobrado por el sistema hospitalario público a las obras sociales acumuló, entre 2023 y el primer semestre de 2026, más de $6.700 millones sin cobrar.
Uno de los hallazgos menos destacados por el propio Ministerio, pero más llamativos desde el punto de vista social, aparece en el informe de la Dirección de Primer Nivel de Atención sobre incremento de demanda en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud). Además de confirmar el fuerte crecimiento del volumen total de atenciones -de 618.400 en 2023 a 1.266.000 en 2024 (2,05 veces) y 1.685.000 en 2025-, el informe muestra que la proporción de pacientes atendidos que sí cuentan con obra social viene subiendo de forma sostenida: 47,7% en 2023; 48,8% en 2024; 60,2% en 2025 y ya 63,2% en el primer semestre de 2026, con picos mensuales por encima del 65%.
Esto significa que, si en 2023 algo más de la mitad de la demanda en los centros de salud gratuitos correspondía a personas sin cobertura -el público históricamente objetivo de la atención primaria pública-, hacia 2026 casi dos de cada tres pacientes atendidos en esos mismos centros ya tienen una obra social o prepaga que, en teoría, debería cubrir su atención en otro efector. La lectura de este dato admite más de una hipótesis: desde una mejora en el registro de la cobertura hasta un desplazamiento real de pacientes asegurados hacia la red pública, posiblemente vinculado a las dificultades de acceso o copagos en el circuito privado. Pero el propio Ministerio no ofrece una explicación causal en el informe, más allá de señalar el dato como una tendencia sostenida.
Los números en el Hospital Baxada
Los resúmenes de pago de la Tesorería General de la Provincia a “Salud Entre Ríos” en la sociedad que administra el Hospital de la Baxada “Teresa Ratto” bajo convenio prestacional con la Provincia y PAMI desde 2015, muestran una escalada sostenida: $2.384,6 millones transferidos en 2023; $6.761,4 millones en 2024 (2,8 veces más); $12.442 millones en 2025 (5,2 veces el monto de 2023) y $5.378,4 millones entre enero y el 20 de julio de 2026, lo que proyectado a año completo rondaría los $9.930 millones.
Un dato de forma societaria que no aparece destacado en la síntesis ministerial: la entidad que cobra estas transferencias figura en los registros de pago de 2023 a 2025 como “Salud Entre Ríos S.E.” (Sociedad del Estado) y a partir de 2026 como “Salud Entre Ríos S. A. U.” (Sociedad Anónima Unipersonal), un cambio de forma jurídica ocurrido en el marco del traspaso formal del hospital a la órbita provincial en 2025, ratificado por los Decretos Nº 3062/25 GER-GOB y su adenda Nº 214/26 GER-GOB, cambio que no es meramente nominal. Una S.A.U. tiene un régimen de control, transparencia y rendición de cuentas distinto al de una Sociedad del Estado.
El gobierno nacional dejó de pagar en Entre Ríos sus programa Remediar, Sumar+ y el 98% de Incluir Salud. A la par, el presupuesto de Salud en Entre Ríos aumentó 4,5.
El Punto 8 del informe firmado por Blanzaco detalla la ejecución del Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), que cubre a beneficiarios de Pensiones No Contributivas mediante una combinación de efectores públicos y prestadores privados. Entre enero de 2024 y julio de 2026 se gestionaron más de 1.500 afiliaciones y se ejecutaron aproximadamente $38.200 millones, desagregados en: $4.700 millones para 2.522 prestaciones de discapacidad; $17.800 millones para 12.000 prestaciones farmacológicas de alto costo; $9.500 millones para sostener hemodiálisis continua de unos 150 pacientes y 683 prestaciones de trasplante; y $6.000 millones en 1.775 subsidios para cirugías, prótesis y ortesis. El documento también reconoce la regularización de “una deuda histórica” con CEMENER, el prestador estatal de diagnóstico de alta complejidad, sin precisar el monto de esa deuda.
Deuda real con prestadores
El informe incluye, como anexo digital, los resúmenes de cuenta corriente de SIAF de los 17 prestadores privados de mayor volumen que complementan a la red pública (diálisis, trasplantes, medicina nuclear, oncología, salud mental, cuidados domiciliarios), con el detalle de cada factura entre el 1° de enero de 2023 y el 17 de julio de 2026. El saldo final de esas cuentas corrientes, es decir la deuda que la Provincia mantenía con cada prestador al cierre del informe, permite una lectura más precisa que la síntesis ministerial sobre el estado real de los pagos.
De los 17 prestadores relevados, nueve tenían saldo cero al 17 de julio de 2026 -incluidos Hospital El Cruce, Sanatorio Americano, Radioterapia Concordia y Home Care Litoral, entre otros-, lo que indica que sus cuentas estaban al día. Pero, los ocho restantes acumulaban una deuda conjunta de $774.160.929, concentrada de manera extrema en tres proveedores: BEQUEM (diálisis y trasplante), con $374.517.179 adeudados; CEMENER (medicina nuclear, radioterapia y hemodiálisis), con $279.372.910; y el Centro Privado del Riñón, con $103.104.457. Entre los tres representan el 97,8% de toda la deuda con prestadores de salud. El dato de CEMENER resulta particularmente relevante porque contradice, al menos parcialmente, la afirmación del propio informe ministerial de haber logrado “la regularización y cancelación definitiva” de una “deuda histórica” con ese prestador. El resumen de cuenta oficial, con fecha de corte del mismo día en que se firmó la respuesta al pedido de acceso a la información (17 de julio de 2026), muestra que la cuenta seguía con un saldo deudor de casi $280 millones a favor de CEMENER, ya sea porque la deuda “histórica” cancelada era otra, anterior a este período, o porque la cuenta corriente sigue generando nueva deuda corriente al mismo ritmo que se paga.
Otros registros que no cierran
El Ministerio adjuntó también el detalle línea por línea de todos los pagos del Programa Federal Incluir Salud entre 2023 y 2026: 752 páginas con cada honorario profesional, cada prestación de discapacidad, cada tratamiento de salud mental pagado a proveedores y profesionales individuales. Los totales que el propio documento consigna al cierre de cada año son: $2.072.882.217 en 2023; $10.270.412.403 en 2024; $13.200.365.615 en 2025 y $1.496.294.515 en el tramo de 2026 relevado (hasta aproximadamente mayo).
Sumando 2024, 2025 y el tramo de 2026 -el período que la síntesis ministerial dice haber ejecutado en “aproximadamente $38.200 millones”- el propio detalle de pagos arroja un total de $24.967.072.533: unos $13.233 millones menos que la cifra redondeada que figura en el cuerpo principal del informe. La diferencia podría explicarse por gastos de Incluir Salud registrados en otras partidas o circuitos administrativos no incluidos en este anexo específico, por prestaciones contratadas directamente por Nación con cada prestador (que el propio informe menciona como una categoría aparte, como los medicamentos para enfermedades poco frecuentes o hemofilia), o por una diferencia en el corte temporal del anexo (que parece llegar solo hasta mayo de 2026 y no hasta julio, como el resto del informe). En cualquier caso, la brecha entre el número que se destaca en el texto principal y el que surge de sumar el propio detalle de pagos es lo bastante grande como para merecer una aclaración adicional del Ministerio.
En tanto, el informe fotográfico y descriptivo de obras edilicias para 2026 -separado del informe 2025, centrado en intervenciones más chicas de mantenimiento eléctrico y de infraestructura- precisa que el Ministerio destinó $402.837.389 a obras en hospitales y efectores (sin contar CAPS) y $102.129.000 a obras en Centros de Atención Primaria, totalizando más de $505 millones en refacciones edilicias durante 2026. La obra de mayor magnitud individual es la construcción de una nueva Unidad de Terapia Intensiva de 492 m² en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, con una inversión de $1.434.242.237 financiada íntegramente con Tesoro Provincial -una cifra que por sí sola casi triplica el total combinado de refacciones edilicias del resto de la red- y que agregará 13 camas críticas, incluidas dos con presión negativa para patologías infectocontagiosas.
Otras dos obras significativas de 2026 se financian con fondos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y no con Tesoro Provincial: la refacción del CAPS “Dr. Bartolomé Giacomotti” de Concepción del Uruguay, por $250.736.396, y la reparación integral del Hospital “General Francisco Ramírez” y su Hogar de Ancianos en Feliciano, con un presupuesto oficial de $254.530.052 y 180 días de plazo de ejecución. El informe también menciona, sin cifra asociada, un ahorro estimado de $35 millones mensuales en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú gracias a una readecuación tarifaria y de banco de capacitores frente a consumos eléctricos excesivos.
El propio Ministerio, en la conclusión de su informe, admite que persisten “desafíos continuos”: sostener la sostenibilidad presupuestaria frente a la alta demanda, completar la renovación de ambulancias, reglamentar el recupero de costos y “garantizar abastecimiento”. Es decir, una frase que, leída junto con los datos de Remediar, CUCAIER y la deuda con prestadores privados, describe con más precisión que cualquier discurso de gestión. el estado real de la dependencia entrerriana de un financiamiento nacional. Que, según sus propios números, dejó de llegar.
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