El oficialismo y la oposición en el Senado, coincidieron en la necesidad de adaptar la normativa a los estándares internacionales.
El Senado uuguayo aprobó este miércoles, con votos de todos los partidos, el proyecto que introduce cambios en la Ley Integral de Prevención del Lavado de Activos y ahora la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su discusión final.
El proyecto fue respaldado en general por unanimidad, aunque durante la votación en particular se registraron discrepancias entre oficialismo y oposición sobre algunos artículos vinculados al alcance de las auditorías y los controles financieros.
La senadora frenteamplista, Bettiana Díaz, celebró el consenso alcanzado en la Cámara Alta y valoró que el acuerdo multipartidario constituye «una muy buena señal» en términos de avanzar en lo que es «una política de Estado«.
«Había que adaptar la normativa uruguaya. Luego de que Uruguay tuvo en 2023 una evaluación nacional de riesgos en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo, lo que hicimos fue tomar parte de esas recomendaciones. No solo construimos una estrategia nacional de combate al lavado, sino que también impulsamos una serie de medidas entre las que se enmarca esta modificación», sostuvo Díaz.
Controles más estrictos en fronteras y transacciones
La legisladora Díaz detalló que los cambios aprobados fortalecen el control de fronteras, la auditoría de transacciones y los mecanismos de debida diligencia, que obligan a justificar el origen de los fondos que ingresan al sistema financiero. «Apuntamos a tener una supervisión más efectiva, especialmente en sectores de mayor exposición al riesgo», añadió.
Por su parte, el senador nacionalista, Javier García, aclaró que el texto aprobado «no crea una nueva ley», sino que actualiza disposiciones vigentes. «Lo primero es dejar claro que no se está votando una ley de lavado de activos. La primera fue en 2017, luego en 2022 se hizo una modificación, y ahora se introducen ajustes a esa normativa», señaló y luego agregó: «No se llena un vacío, hay una ley vigente; lo que se hace es agregar algunas circunstancias y modificar otras».
El proyecto se enmarca en la estrategia nacional hacia 2030 de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aprobada este año, que busca alinear la legislación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esta aprobación, el Parlamento busca mostrar avances concretos en materia de transparencia y control financiero, en un contexto regional donde el crimen organizado y los flujos ilícitos de capitales se consolidan como uno de los principales desafíos económicos y de reputación para los países del Cono Sur.
Fuente Ámbito
