Oposición en Uruguay y el secreto bancario

El diputado de la oposición (PN) Pablo Abdala cuestionó las modificación incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto respecto del secreto bancario y el Impuesto Mínimo Global (IMG) por ser nada más que «una nueva versión de lo mismo».

El gobierno introdujo cambios en aspectos fundamentales del Presupuesto relacionados con las modificaciones tributarias que generaron mayores polémicas tanto entre la oposición como entre el empresariado: el acceso a al información financiera por parte de la Dirección General Impositiva (DGI) y la implementación del IMG a través del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD).

Los ajustes en ambas iniciativas respondieron a las críticas que se elevaron en diferentes sectores al respecto. Sin embargo, según dijo Abdala, las propuestas no dejaron conformes a los legisladores de la oposición. «Es el mismo perro con distinto collar. Creo que es una nueva versión de lo mismo”, sostuvo.

Modificaciones que se quedan a medio camino

Las discrepancias del diputado blanco tienen que ver, principalmente, con que la modificación respecto del secreto bancario «establece un procedimiento previo con intervención del juez pero a través de un mecanismo muy sumario en el ámbito de la Justicia civil, no en el ámbito de la Justicia penal, como está previsto hoy en la legislación”.

Esta situación haría que la DGI pueda pedir «en cualquier momento» y con un plazo de diez días la información financiera en cuestión ante el «silencio positivo de la Justicia»; porque si ésta «no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que hay una aprobación tácita», explicó. Una situación que implicaría «el levantamiento de cualquier cuenta bancaria, de cualquier persona, de cualquier empresa”; por lo que, “más allá de ese barniz”, se trata de la pérdida del secreto bancario.

Por otra parte, respecto del Impuesto Mínimo Global, Abdala consideró que, “en el afán de lograr esa recaudación, estamos dando una señal apresurada en relación al clima de negocios, las condiciones para que las inversiones vengan a radicarse». Más aún si se tiene en cuenta que dicho tributo «no está definitivamente resuelto en el mundo”.

Los cambios tributarios incorporados por el gobierno

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el martes ante la Comisión integrada de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados una serie de modificaciones al proyecto presupuestario. Entre ellas, una nueva regulación sobre el levantamiento del secreto bancario.

En ese sentido, el nuevo articulado establece que la DGI deberá presentar un reclamo formal ante la Justicia cuando pretenda acceder a información financiera de una empresa; y deberá fundamentar por qué la medida resulta necesaria para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización tributaria.

Con el nuevo esquema, si la Fiscalía no presenta argumentos contrarios, las empresas quedarán obligadas a levantar la reserva sobre las operaciones que estén bajo investigación. La Justicia tendrá un plazo de 30 días hábiles para expedirse tras el reclamo de la DGI y, en caso de no hacerlo, el organismo tributario podrá acceder de todos modos a la información solicitada.

Asimismo, el MEF anunció que las empresas instaladas en zonas francas finalmente no estarán afectadas por el Impuesto Mínimo Global, luego de un acuerdo entre el gobierno y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicho convenio permitirá “excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto”, según explicó el ministro Gabriel Oddone.

Fuente Ámbito