El Foro de Políticas Públicas difundió una carta abierta dirigida al pueblo de Entre Ríos en la que cuestionó la adquisición multimillonaria de alimentos precocinados destinados a los comedores escolares de la provincia, realizada a una empresa radicada fuera de la jurisdicción provincial. La entidad calificó la operación como un hecho de «gravedad institucional» y remarcó que la contratación resulta «incompatible con los derechos humanos y el superior interés de los niños» a los que estarían destinados los productos.
El pronunciamiento se conoció luego de que la cuestión «tomara estado público» a partir de la presentación judicial caratulada «Varios padres en representación de sus hijos, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y Fundación Cauce c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo» (Expte. n° 36.759 año 2026), en la que se abrió una instancia de participación por un plazo de siete días.
En su texto, la entidad advirtió que el objetivo de la compra es «adquirir alimentos precocinados de dudoso valor nutricional» a una firma con sede en Buenos Aires, lo que —sostuvo— provocaría «un fenomenal trasvasamiento de fondos públicos a otra jurisdicción».
«Ignoró a los productores y comerciantes»
El Foro señaló que la decisión gubernamental «ha ignorado sin motivación atendible ni justificable a los productores y comerciantes de la Provincia» y recordó que Entre Ríos «es una de las principales productoras de citrus, arroz, huevos, miel, carne, verduras, frutas, leche» en el concierto de las provincias argentinas.
Con tono cuestionador, la entidad se preguntó «cuál fue el motivo que los llevó a ignorar a nuestros productores y comerciantes, a sus familias y a sus hijos» y por qué motivo las autoridades incurrieron en «un intolerable apartamiento del programa diseñado por la Constitución Provincial» sancionada en 2008, cuyos preceptos calificó de «orden público, inderogables».
Violaciones constitucionales
El documento enumeró una serie de artículos de la Constitución provincial que, a criterio del Foro, fueron vulnerados por la contratación. En primer término, citó el artículo 30, que establece que el Estado debe garantizar «la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados», y el artículo 35, referido a «la operatividad progresiva de los derechos reconocidos por la Constitución».
También invocó el artículo 37, que ordena que los funcionarios «deben servir exclusivamente a los intereses del Pueblo manteniendo la ética, reconocida como un valor social que hace a la esencia del sistema republicano». A ello sumó el artículo 67, que obliga al Estado a «promover el bienestar económico y social de la colectividad» y, en su inciso b), a «alentar el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa, domiciliada y radicada en la Provincia».
Asimismo, la entidad remarcó que se apartaron de la manda que exige «adoptar políticas socialmente responsables y promover el desarrollo sostenible» y de lo dispuesto por el artículo 86, que garantiza políticas públicas para «el desarrollo progresivo de las actividades productivas».
Impacto fiscal y reclamo de participación
En materia impositiva, el Foro de Políticas Públicas advirtió que la compra «estaría provocando un vaciamiento del erario público de magnitud» y que, al mismo tiempo, «le impide a la Provincia beneficiarse con el cobro de genuinas actividades lucrativas» al tratarse de una empresa de otra jurisdicción.
Por ese motivo, la entidad exhortó a los responsables de la marcha de los asuntos públicos a «que ajusten sus decisiones a las directivas de nuestra Constitución» y planteó que «resulta imprescindible la participación de los sectores productivos y comerciales, nutricionistas, pediatras y defensores de menores en la formulación de políticas públicas alimentarias».
El Foro exigió, además, que los alimentos sean «de origen estrictamente entrerriano» y que se provean «respetando la previa recomendación del Colegio de Nutricionistas de la provincia». Precisó que deben estar destinados a niños escolarizados, a menores alojados en hogares del Copnaf, a adultos mayores en geriátricos provinciales, a personas internadas en hospitales, a personas en situación de calle y a personas privadas de su libertad.
La carta fue firmada por el presidente del Foro de Políticas Públicas, Sebastián Etchevehere, y el vicepresidente, Rodolfo Estelito Blas Pérez.
Fuente AIM
