En un comunicado al que tuvo acceso Orilla y Media, el Comité de Base Paraná se metió de lleno en el debate por la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos con sus pares de Santa Fe y San Juan.
El texto es el siguiente:
¡La Banca de liquidación!
Por estos días se hizo pública la fusión de tres bancos de la familia Eskenazi Banco de San Juan, Entre Ríos y Santa Fe. El de Santa Fe absorbería a las otras dos entidades concentrando el patrimonio y el personal. Los argumentos de la fusión para junio de 2027 responderían a una estrategia empresarial orientada a fortalecer la presencia de las entidades en el mercado financiero fuera de Buenos Aires y ampliaría su participación en sectores productivos como la minería y al agro; respecto a la minería creemos que está orientada a la extracción de arenas silíceas que está generando un desastre ambiental y al agro que acompaño la denominada Ley de Fitosanitarios de las “buenas prácticas agrícolas” es decir la contaminación con tóxicos profundizando el deterioro de la salud pública de las comunidades y los territorios. La iniciativa que fue enviada a la Legislatura, dónde fue aprobada por unanimidad sin el debate pertinente, contempla que la nueva casa central funcionaría en Santa Fe y/o Buenos Aires, lo que implica un cambio institucional significativo para Entre Ríos con una nueva denominación social y una identidad comercial. El banco es el agente financiero del Estado, administra recursos públicos y participa directamente en el movimiento económico provincial.
¿Habrá reapertura del debate sin especulaciones sobre la manda constitucional de la creación de una banca pública?
¿La provincia conservará la capacidad de decisión sobre una entidad que cumple un papel estratégico en su economía?
Adelantamos nuestra posición con un rotundo NO a las dos preguntas sabiendo que se trata de un empresariado monopólico prebendario y abusivo, y que los sectores políticos con representación parlamentaria responden a la lógica de ese capital con diferencias sólo de formas.
¿Qué dicen los trabajadores del Banco?
En declaraciones a AIM (6/11/26) “la Asociación Bancaria de Paraná se declaró en “estado de alerta” ante el proceso de fusión del Banco de Entre Ríos (Bersa) con los bancos de Santa Fe y San Juan. Si bien las autoridades de la entidad financiera aseguraron que se mantendrán las sucursales y los puestos de trabajo, “estamos en estado de alerta porque por escrito no hay nada, es todo verbal por el momento”, afirmaron desde la entidad. La principal preocupación sindical pasa por asegurar que la reestructuración financiera no afecte los puestos de trabajo, las condiciones laborales ni la presencia territorial de las sucursales del Bersa en Entre Ríos”.
Una vez más la burocracia sindical mirándose el ombligo de uno de los sectores, el financiero, más beneficiados por el modelo de saqueo, ajuste represión y exclusión en marcha. La dirigencia sindical del sálvese quien pueda no se interesa por el resto, no cuestiona la banca usuraria privada y mucho menos tiene un horizonte más amplio dónde las finanzas públicas estén al servicio del crédito accesible al pueblo, los trabajadores y la producción.
Breve Historia
- El banco nació originalmente en 1933 bajo una estructura mixta con fuerte control estatal, pero atravesó distintas etapas hasta quedar en manos privadas.
- Durante el menemismo con aires neoliberales de privatizaciones del patrimonio público se realizó la primera privatización (1994 – 1995). Gobernaba Entre Ríos el peronista Mario Moine, y su legislatura sancionó la Ley N° 8866 para transformar la entidad en sociedad anónima y venderla. En 1995 se adjudicó a un consorcio integrado por bancos cooperativos de la región.
- El gobernador Radical Sergio Montiel traspasó el banco a capitales extranjeros durante la crisis (1999 – 2002). En 1999 la entidad fue adquirida por el Banco Bisel, controlado por el grupo francés Crédit Agricole. Tras el estallido económico y financiero de 2001, el grupo francés abandonó el país en mayo de 2002.
- Intervención estatal transitoria (2002 – 2005). Ante la salida de los accionistas extranjeros, el Banco de la Nación Argentina asumió temporalmente el paquete accionario y la administración del banco durante tres años para evitar su caída y garantizar la continuidad del servicio.
- Con la vuelta del peronismo al gobierno con Jorge Busti se reprivatizó definitivamente (2005). En agosto de 2005, tras una licitación nacional, el Banco Nación transfirió las acciones al Nuevo Banco de Santa Fe (perteneciente al Grupo Petersen / familia Eskenazi). Allí nació el actual Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., consolidando el esquema privado que rige hasta hoy.
- El Banco Entre Ríos (Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.) no es un banco estatal ni cuenta con participación accionaria del Estado provincial. Su naturaleza jurídica es una sociedad anónima de capital privado. Hoy día este banco es agente financiero de la provincia mediante un contrato de concesión para administrar los recursos y haberes públicos.
- ¿Qué se licitó en este Julio/20 en Entre Ríos?
El Decreto 781 del P.E. del 3 de junio anunciaba: “Ante el inminente vencimiento del contrato de Agente Financiero que vincula al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. con la Provincia de Entre Ríos que presta el servicio de Agente Financiero y Caja Obligada” se llama a licitación pública.
Nuestra postura es promover la estatización del banco de Entre Ríos, para que se planifique la economía (nacionalización de la banca), el trabajo y la producción, tal cual lo dispone la manda constitucional. La Banca es un sector estratégico en la economía y no puede quedar en manos privadas, cuyas decisiones están signadas por el negocio y no para promover bienestar general de la población. Por eso exigimos la estatización bajo gestión de los trabajadores y usuarios.
En el año 2020 denunciábamos la nueva licitación, y alertábamos por la pérdida de autonomía financiera provincial, porque se le otorgaba al banco la exclusividad para percibir todos los recursos de organismos y empresas del Estado, pago de haberes, percepción, administración y transferencias de fondos de coparticipación federal y provincial, recaudación de tributos y pago a proveedores del estado. Además de mantener cautivos a todos los empleados públicos y docentes entrerrianos sin posibilidad alguna de saliese del esquema.
Indicábamos que la licitación por diez años (con la opción de prórroga de otros cinco) ponían al desnudo los dobles discursos a los que nos tienen acostumbrados los políticos; en este caso del gobernador Gustavo Bordet y la ‘oposición’ de Juntos por el Cambio que avaló con silencio cómplice. En ese marco, nos llamaba la atención el silencio y la naturalización de hecho consumado del conjunto de la sociedad como también las distintas ramas de del comercio y la industria, las ‘entidades denominadas del campo’, la asociación de trabajadores bancarios, la asociación de cooperativas, y un largo etc.
“Se critica a los especuladores financieros, la fuga de capitales, la falta de créditos accesibles, se critica que el Estado favorece los intereses de bancos extranjeros por sobre los nacionales, definitivamente se habla mucho, pero las decisiones como estás (que son de fondo) demuestran con claridad que no hay intenciones de cambiar, sino de seguir con la misma matriz mercantil en una sociedad cada vez más empobrecida y desigual.
El capital financiero se expresa en todo tipo de aprietes, corridas, propagandas, sobornos con una máscara simpática, con sentido de pertenencia local, usando un tono cercano, cotidiano, y regional amortiguando sus males con las fundaciones con apariencia filantrópica; ese monstruo deja espacios a sus siervos del poder político clásico cebados en la corrupción. Allí medran gerentes de los tres poderes de una república falsa que da lugar al sistema de privilegios instalado.
Banco provincial
Esta clase política propatronal no tiene intenciones de montar un banco provincial ni tampoco de cumplir con la Constitución de Entre Ríos que autoriza la creación de un Banco de la Provincia:
ARTÍCULO 74.- El Estado creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado, por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la Provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social. Será banco oficial y agente financiero del Estado, en la medida que su desarrollo lo permita y podrá serlo de los municipios que lo requieran. La Ley fijará su carta orgánica, garantizando en sus órganos directivos la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores. El Estado será siempre el accionista mayoritario, sin perjuicio de la participación privada en la formación del capital. En ningún caso se podrá disponer la privatización de sus acciones.
Pasaron 21 años de la entrega del Banco a Eskenazi (2005) y 18 de la Reforma de la Constitución Provincial (2008), y el mandato del artículo 74 sin concretar, y nos deberíamos preguntar: ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades les cabe a los funcionarios? ¿A quién beneficia la banca privada? ¿Qué intereses están en juego?
Reflexiones finales
Con tasas de interés usurarias “los bancos se la llevan “en pala” y a través de ellos se hacen todas las maniobras especulativas. Los trabajadores y jubilados entrerrianos venimos siendo empujados a la pobreza e indigencia por la profundización de políticas de ataques a los derechos como es el salario. Con salarios de miseria nos llevan a endeudarnos para cubrir necesidades humanas elementales como alimentarnos, y la “solución” no es aumento generalizado de los ingresos sino enterrarnos más con planes de refinanciación de deudas. Un verdadero escándalo ignominioso el convenio entre el gobierno de Entre Ríos de Rogelio Frigerio y el Banco Entre Ríos con la implementación del “Plan de Alivio Financiero” para refinanciar deudas de empleados públicos, privados y jubilados (11/05/26).
A 50 años de la genocida dictadura militar sigue vigente la Ley de Entidades Financieras de Martinez de Hoz, que permitió (y permite) que se siga fortaleciendo lo que alguna vez se llamó popularmente “la patria financiera”. Endeudaron al país y fueron el vehículo para que naciera la terrible hipoteca de la deuda externa que aún hoy sufrimos y padecemos.
Se hacen miles de maniobras fraudulentas, hubo vaciamiento de entidades y huidas, estafando a depositantes y dejando en la calle a decenas de miles de trabajadores. Jugaron a la ruleta con los ahorros de los trabajadores y de los jubilados (Ejemplo cercano 2001).
El único mecanismo capaz de terminar con esta estafa: la nacionalización de la banca. Estamos planteando en concreto la existencia de una banca estatal, donde sus órganos directivos garanticen la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores como mandata la Constitución Provincial.
Una condición central que esa banca nacionalizada sea gestionada por los propios trabajadores, quienes, conjuntamente con las otras organizaciones de trabajadores y del resto de los sectores populares, decidirán democráticamente a dónde se destinarán prioritariamente los recursos, en base a las reales necesidades y no, como es actualmente, a la maximización de las ganancias de los banqueros. Solo tomando esta medida, estaremos en condiciones de cortar de raíz “la bicicleta especulativa” en que se ha transformado el negocio bancario.
Con la inmensa cantidad de recursos que maneja la banca provincial estaría en condiciones de otorgar préstamos para el consumo popular, para la construcción de viviendas, para pequeños comerciantes, industrias y productores tan golpeados para la crisis inducida desde el gobierno, y para obras de infraestructura y desarrollo. Las tasas de interés bajarían y el estado entrerriano dejaría de pagar por 10 años las escandalosas comisiones a un privado y permitiría que las cuotas a pagar estén al alcance del salario obrero.
El nuevo desafío debe ir por la equidad en el uso de los fondos públicos, y la apertura de un cauce a través de la riqueza del pueblo y del suelo para los entrerrianos y entrerrianas. La Banca es un sector estratégico en la economía y no puede quedar exclusivamente en manos privadas, cuyas decisiones están signadas por el negocio y no para promover bienestar general de la población.








