El gobierno anunció medidas económicas y beneficios sociales, enfocados en la población más vulnerable para atender la suba de precios, que comprenden: ajuste del monto de las asignaciones familiares; congelación del precio del supergás hasta setiembre; descuento de 50% en la recarga de supergas a los beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y aplicación de un IVA personalizado a través de la plataforma TuApp.
Además, para la harina de trigo, se eliminará el arancel en las importaciones extrazona y, en el caso de la proveniente de Argentina, se reducirá a la mitad (de 12% a 6 %). En el caso de los aceites de soja y girasol, también se les eliminará el arancel extrazona y, a los importados desde Argentina se les bajará de 16% a 8%.
También fue anunciada una medida basada en la ley de Presupuesto, que habilita a que los controles sanitarios se hagan de manera aleatoria y no en todos los barcos que llegan con alimentos. Esto permite bajar la tasa que cobra el LATU para los controles, de 1,5% a 0,5%. Según el gobierno, esto también deberá repercutir en los precios finales de los productos.
Los anuncios sobre beneficios sociales, fueron presentados en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, junto a los también ministros Martín Lema (Desarrollo Social), Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social) y Omar Paganini (Industria, Energía y Minería).
Detrás de los cuatro secretarios de Estado acompañaban, de pie, los dirigentes de la coalición multicolor Pablo Iturralde (Partido Nacional), Adrián Peña (Partido Colorado), Irene Moreira (Cabildo Abierto), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Omar Rodríguez (Partido Independiente).
Arbeleche dijo que el gobierno “está teniendo ante el aumento de los precios internacionales la misma actitud que en la respuesta a la pandemia”, que es “analizar las situaciones y dar respuestas focalizadas, así como sostenibles en el tiempo”.
La ministra estimó que el paquete de anuncios implica “entre 40 y 50 millones de dólares”, y destacó que estas medidas nacieron de un acuerdo previo entre las distintas partes de la coalición.
Según Arbeleche, “la economía está creciendo” y eso permite tomar estas medidas:
“De la mano de ese crecimiento se da la creación de puestos de trabajo. La foto del mercado laboral hoy es positiva. Sin embargo, si uno mira el contexto internacional, observa un panorama más complejo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto ha llegado a un aumento de los precios a nivel internacional de lo cual Uruguay no es ajeno”.
La ministra Arbeleche, matizó que Uruguay “tampoco es el país donde ha crecido más la inflación y ejemplificó: “Estados Unidos tiene un objetivo de 2% y está en 8%. El año pasado se cerró en Uruguay en 8% y hoy estamos en 9,4%. Este gobierno busca que la gente pueda acceder a la misma cantidad de bienes que antes”, dijo.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema anunció cinco medidas enfocadas en poblaciones de menores recursos:
Aumento de 4% en las asignaciones familiares del Plan de Equidad y en la Tarjeta Uruguay Social, que se aplicará a partir de julio y abarcará a unas 850.000 personas.
Congelamiento del precio del supergás que durará hasta fines del mes de setiembre.
Rebaja del 50% en las recargas de supergás para quienes reciben ya beneficios del Mides. Esto implica que a un millón de personas, aproximadamente, la garrafa de 13 kilos les costará $411 en lugar de $823.
Habilitación a través de una aplicación de celular del cobro del Plan de Equidad y la tarjeta Uruguay Social, para acceder a productos con un descuento “focalizado” del IVA. Además estos usuarios podrán agregar a sus cuentas hasta $2.000 de sus propios recursos para también comprar con el beneficio.
Lema anunció también “un refuerzo de 1.500 pesos por niño” de entre cero y seis años que reciben las asignaciones del Plan de Equidad; indicó que esto abarca a unos 130.000 niños, es decir, 42% del total de la población de esa franja etaria.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a su turno, anunció una ampliación de la franja etaria de personas vulnerables a quienes los empresarios puedan dar trabajo recibiendo subsidios.
Actualmente, este beneficio contenido en la ley de promoción del empleo rige para los empleadores que tomen a personas de 15 a 29 años o mayores de 45; ahora se firmará un decreto que lo extienda a personas de entre 30 y 44 años.
Estos empleadores tendrán un aporte estatal no reembolsable de hasta 5.000 pesos mensuales por cada empleado que se contrate en régimen de jornada laboral completa y que no haya tenido trabajo formal en el último semestre. Este subsidio se pagará durante 4 meses.
