Los concejales de Juntos por el Cambio y su par de Gualeguaychú Entre Todos, no acudieron hoy a la sesión convocada a los efectos de avanzar en la designación del Defensor del Pueblo y el Ambiente de Gualeguaychú por considerar que el proceso se encuentra viciado de nulidad.
Momentos antes de la sesión mencionada, los ediles presentaron una nota a la presidenta del HCD, Lorena Arrozogaray, donde se argumenta su inasistencia en el hecho de “no consentir y menos ser parte de una burda farsa al pueblo de Gualeguaychú”, ya que se estaría actuando de manera ilegítima, vulnerando no sólo lo establecido por la ordenanza específica, sino también por las constituciones nacional y provincial.
“No debemos dejar de señalar que, en el ejercicio de la presidencia de este órgano deliberativo, debe ser la primera custodia del principio de legalidad y de las ordenanzas que este mismo Concejo ha sancionado. Observamos, impávidos, cómo en el camino a la sesión de este día, es tal el desprecio al principio de legalidad, el que, además, se demuestra con un total desparpajo, ya que no han dado siquiera cumplimiento con ordenanzas tan añejas como la de trámite administrativo y que han sido pacíficamente interpretadas por todas las composiciones anteriores a este cuerpo”, remarcaron apuntando a la designación del Defensor del Pueblo, al tiempo que fueron aún más allá al indicar que “a ello se agrega el notorio desdén o una clara ignorancia interpretativa enseñada por toda la doctrina argentina del derecho administrativo que dice que, los días establecidos en una ordenanza, si no hay una referencia específica en la misma, se computan por días hábiles y no corridos, como lamentablemente ha sucedido aquí, incluso a costa de dejar a valiosas personas afuera de este proceso con tal de llegar a este momento decisorio” en referencia al nombramiento del Defensor del Pueblo.
Los ediles Juan Olano, Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Luis Castillo agregaron que “han erigido a una comisión evaluadora con tres personas, integrada inicialmente con una de ellas que además era postulante, y que, luego con el correr del procedimiento fue suplantada ¿Nos preguntamos con qué criterio se eligió al subrogante? ¿Se había establecido con anterioridad quién o quiénes deberían reemplazar a la persona que se alejaba de la comisión evaluadora? ¿En qué momento y dónde se consignó la persona que debía representar a todas las ONGs y elegir democráticamente entre ellas a quien los representara?”, criticaron.
En este marco de irregularidades emanadas del oficialismo, los concejales incorporaron una más: “no dejamos de señalar con la arbitrariedad y la insensatez que se condujo esta supuesta comisión evaluadora, la que, en definitiva, no evaluó a nadie, ya que de haberlo hecho hubiera adoptado parámetros homogéneos para valorar antecedentes y luego, como corolario, establecer un orden de mérito a este cuerpo deliberativo que ha sido desprestigiado por una evidente aberración jurídica”, puntualizaron.
Asimismo, wn referencia al nombramiento del Defensor del Puebloseñalaron que “se trata de una actitud que marca el ADN del piaggismo y de cómo se manejó estos años. Es un atropello más, un tipo de avasallamiento al que nos quisieron acostumbrar y hasta el último día de gobierno van a actuar de ese modo. Intentan forzar la ley para nombrar a alguien del riñón político, sin pensar en beneficios para la comunidad. A su vez, esa persona trabaja en el Ejecutivo o sea está reñida moralmente con el cargo que intenta ocupar. Es una desvergüenza más de las que el pueblo castigó con el voto, pero parecen no darse cuenta”.
Por último, expresaron que “por si todo esto no bastara, a estas groseras falencias constitucionales, le agregaron -en su irremisible arrogancia- un criterio que asusta por la falta de formación cívica, prácticamente una postura y un temperamento equivalente al derecho del medieval que impidió a las personas que han sido impugnadas defenderse y, lo que es más grave aún, no se les dio la oportunidad de ser escuchadas y que ofrecieran pruebas de descargo, violentando así la más sagrada de todas las garantías establecidas en el artículo 18° de nuestra Constitución Nacional”, finalizaron en respuesta a la designación por parte del oficialismo del Defensor del Pueblo.
