Legisladores de LLA y la Campaña del Desierto

A 146 años de la denominada “Campaña del desierto”, los legisladores provinciales Roque Fleitas y Débora Todoni (La Libertad Avanza) impulsan un proyecto de resolución para declarar de interés legislativo el aniversario.

“Esta empresa, impulsada desde el Poder Ejecutivo y con el respaldo del Congreso Nacional, representó un hito fundamental en el proceso de consolidación institucional de la República Argentina. Mediante un riguroso plan de avance militar, logístico y político, el Estado federal logró incorporar definitivamente a la jurisdicción nacional las extensas regiones de la Patagonia, favoreciendo el desarrollo productivo y la radicación de nuevos pobladores”, argumentaron.

Para ambos legisladores libertarios, la campaña militar estuvo “enmarcada en una visión de progreso y modernización, permitió la expansión de la frontera agropecuaria y la integración económica de nuevas zonas al circuito comercial del país”. “Fue, además, una expresión del principio liberal de orden y propiedad, elementos fundamentales para garantizar la paz, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido de la Nación”, agregaron.

De acuerdo a la fundamentación del proyecto, “es oportuno reivindicar el esfuerzo, la planificación y la visión estratégica de quienes llevaron adelante esta acción transformadora, que permitió sentar las bases de una Argentina moderna, unificada territorialmente y abierta al desarrollo y la inversión”.

Reivindicación oficial y demanda

En 2024, año en el que el presidente Javier Milei reivindicó la “Campaña del desierto”, se presentó una denuncia en la Justicia por parte Ivana Noemi Huenelaf, mujer indígena Mapuche Tehuelche, por derecho propio y conjuntamente con su letrado patrocinante, el abogado Fernando Cabaleiro. En su presentación, solicitó que se inicie un juicio por la verdad para que se investigue la comisión de los hechos que encuadrarían dentro de la figura de “genocidio”, cometidos por el Estado argentino durante los años 1878 y 1890 en lo que se denominó como política de Estado “Conquista del desierto”, definiendo dicho proceso como un propósito sistemático planificado y premeditado de exterminar a todos los integrantes de los pueblos indígenas Mapuche, Tehuelche, Pampa y Ranquel que habitaban los territorios de la bio región patagónica-pampeana. Allí se señala que aquel plan “incluyó fusilamientos, desapariciones y abandono de personas indígenas, apremios ilegales, torturas, actos crueles inhumanos destinados a causar la muerte o graves daños a la integridad física y mental, reclutamiento de mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes con traslados y desplazamientos forzosos a campos de concentración, disciplinamiento, despersonalización y cancelación del idioma, cultura y creencias procurando la sustracción de su identidad ancestral, disgregación y separación de las comunidades para evitar nacimientos en el seno de las familias indígenas, apropiación de menores y luego sometimiento a la servidumbre, trata de personas y hasta esclavitud”.