La Nación se borra, la Provincia se apura y los legisladores oficialistas acompañan: detrás de la nueva ley no hay solución vial, hay abandono, negocios y peajes.
Por UCR Activa (*)
Ayer el Senado entrerriano aprobó por mayoría el Régimen General de Concesiones de obras, infraestructuras y servicios públicos. El oficialismo lo presentó como una herramienta para dar seguridad jurídica y facilitar inversiones. Pero el problema no es solo la ley. El problema es el contexto en el que se sanciona: un gobierno nacional que se desentiende de obligaciones básicas y un gobierno provincial que, en lugar de defender a Entre Ríos, se apura a adaptarse a ese retiro.
La nueva norma habilita concesiones sobre obras y servicios nuevos o existentes, con cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones. Incluso prevé acuerdos sobre rutas nacionales si media convenio con la Nación. Es decir: la provincia dejó listo el andamiaje legal para administrar con privados lo que el Estado nacional debería sostener con recursos públicos que no se sabe adónde van a parar.
Tres días antes de la sanción definitiva, Rogelio Frigerio anunció que la Ruta Provincial 45 de Ibicuy será la primera ruta en ser concesionada bajo este esquema, con peaje para camiones y tránsito libre para vecinos. La nota periodística que difundió ese anuncio agregó que por esa traza circulan alrededor de 400 camiones diarios, en su mayoría con arena destinada a Vaca Muerta. Una vez más: “La penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas…”
Un documento legislativo advertía que la RP 45 es la principal salida de la arena extraída en Ibicuy, que ingresan y egresan más de 350 camiones batea por día y que ese tránsito agrava en forma creciente su deterioro. La Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 57, establece que el transporte con exceso de carga responde por los daños que ocasiona a la vía pública y debe afrontar un pago compensatorio por la disminución de su vida útil. En una traza castigada por el tránsito pesado vinculado a la arena silícea, el problema no es solo cómo financiar la reparación, sino por qué el Estado no controló ni hizo pagar antes a los responsables del daño. ¿Por qué los entrerrianos debemos pagar, aunque sea indirectamente, una obra cuyo costo debería recaer en quienes rompieron esa ruta?
A eso se suma otro dato político relevante: sectores empresarios nucleados en Entre Ríos 2050 celebraron la ley como la herramienta necesaria para recuperar y potenciar la trama vial, y respaldaron explícitamente este modelo de concesiones y peajes, también con la Ruta 45 como primer caso. Eso refuerza la idea de que la premura legislativa no respondió solo a la necesidad de “ordenar normas”, sino también a la decisión de dejar habilitado cuanto antes un esquema de negocios.
Mientras tanto, la Nación reduce su compromiso con la infraestructura y descarga sobre las provincias obligaciones que le son propias. Ya vivimos algo parecido en los años 90 con la educación: descentralización sin financiamiento. Hoy el mismo libreto reaparece en materia vial.
Había otras alternativas: reclamar con firmeza los recursos que corresponden, discutir soluciones específicas, controlar a quienes destruyen las rutas y hacer cumplir la ley. Pero eligieron otro camino. Por eso, esta ley no muestra fortaleza provincial. Muestra resignación. Y los legisladores que la votaron son corresponsables: en vez de defender los intereses de los entrerrianos, le allanaron el camino al abandono nacional y a los peajes privados.
(*) Agrupamiento interno UCR Entre Ríos
