Luis Lacalle Pou "estaba al tanto de todo", exjerarca de Defensa apunta a la gestión anterior en el caso Cardama

El exsubsecretario, Rivera Elgue, señaló a Javier García y Armando Castaingdebat como responsables de conceder prórrogas al astillero español Cardama.

El exsubsecretario de Defensa e integrante de Cabildo Abierto (CA), Rivera Elgue, se refirió al escándalo en torno a la contratación del astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, y apuntó contra los responsables políticos de entonces: «El presidente estaba al tanto de todo», aseguró sobre Luis Lacalle Pou.

En medio de la escalada de tensión entre el oficialismo y la oposición ante la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama y de denunciar un presunto «fraude o estafa» ante la presentación de una garantía inexistente —situación que implica una investigación también sobre posible complicidad de funcionarios públicos en ejercicio al firmarse el proceso de compra—; Elguer buscó desmarcarse de lo que podría convertirse en otro escándalo político de la administración anterior

Con ese objetivo, el cabildante generó aún más revuelo, porque apuntó directamente a los máximos responsables al momento de firmar el contrato con el astillero español: en diálogo con el semanario Búsqueda, el exjerarca sostuvo que la «decisión política» de conceder prórrogas a la empresa para que fueran capaces de presentar la garantía exigida en el contrato —un reaseguro que ningún banco europeo parecía querer otorgar hasta la llegada de EuroCommerce Bank, hoy denunciada como una compañía «de papel»— fueron los titulares del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Javier García, primero, y luego Armando Castaingdebat.

«El presidente estaba al tanto de todo», aseguró, en referencia a que Lacalle Pou sabía sobre la situación en torno a la aceptación de la garantía. Cabe recordar que el contrato con Cardama, firmado en diciembre de 2023, establecía que el astillero debía presentar dos garantías en un plazo máximo de 45 días; sin embargo, y por medio de la concesión de varias prórrogas por parte del Ministerio, éstas recién fueron presentadas en octubre de 2024, es decir, más de nueve meses después del límite original.

Según relató Elgue, él fue el que propuso incorporar una segunda garantía al contrato ante lo que ya eran críticas de la entonces oposición del Frente Amplio (FA), que apuntaban a que en la redacción del documento «se cocinaba» la compra. Asimismo, fue el representante del MDN que viajó en mayo de 2023 junto con con un oficial de la Armada para visitar el astillero. Sobre esas cuestiones declaró en la investigación administrativa que realiza la Oficina Nacional del Servicio Civil entorno a la compra de las patrullas oceánicas, independiente y paralela a la que iniciará Fiscalía ante la denuncia del Poder Ejecutivo.

Se retoman las inspecciones en España

Mientras las respectivas investigaciones comienzan o siguen su curso, el gobierno decidió retomar las inspecciones sobre la construcción de las patrullas oceánicas en Vigo, “mientras el contrato esté vigente”, según confirmó la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

La jerarca confirmó el envío de una notificación a Mario Cardama, dueño del astillero español, en la que sostuvo que, “más allá de los hechos de notoriedad que han acontecido por estos lares, retomamos la actividad con todas las potestades que tienen nuestros dos representantes de la Armada”. De todos modos, aclaró que continúa el proceso judicial para rescindir el contrato.

Respecto de las críticas de la oposición, que avanza con su interpelación, puso el foco en el rol del gobierno de Lacalle Pou. “Quienes estuvieron en esta transacción, saben perfectamente cómo se disparaban los pagos. Esa respuesta la tienen, pero con mucho gusto la vamos a dar el día que se nos interpele”, apuntó Lazo, quien dijo que “se daban sin que se enterara la ministra u otros integrantes del equipo”.

Fuente Ámbito