En el marco de la demanda civil presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, y ante la petición de la perito bióloga designada, la justicia libró exhorto a la CARU para que remita documentación, informes, monitoreos, análisis y antecedentes actualizados sobre estudios de calidad de agua del río Uruguay efectuados dentro del área comprendida entre Termas de San José y la localidad de Concepción del Uruguay.
Avanza en la justicia federal la acción judicial preventiva de daños en materia ambiental presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por la instalación de la planta de combustible sintético en Paysandú, frente a la localidad de Colón.
La perito bióloga designada solicitó “que, a los fines de dar adecuado cumplimiento a los puntos de pericia oportunamente encomendados, y en virtud de requerirse información técnica y científica actualizada vinculada a estudios de calidad agua del Río Uruguay solicito se libre oficio a la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.) a fin de requerir que acompañe documentación , informes , estudios, monitoreos, análisis y antecedentes actualizados efectuados dentro del área comprendida entre Termas de San Jose, Entre Rios, Argentina y la localidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina”.
El juez federal a cargo dio curso a la petición y determinó que se libre exhorto a la CARU para que remita toda la información requerida.
A este respecto, Michel manifestó: “Como venimos planteando desde el inicio, la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado Río Uruguay, y la justicia viene dando pasos concretos en ese sentido”.
“Mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente”, expresó.
