Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos manifestaron su “profundo cuestionamiento frente a la decisión del Gobierno provincial de presentar el inicio del proceso de recategorización del personal de Enfermería como un logro de gestión y resultado de acuerdos sectoriales, a partir de reuniones mantenidas exclusivamente con representantes de una organización sindical”, supo AIM.
“Es necesario poner las cosas en su lugar: la recategorización del personal de Enfermería no es una concesión del Gobierno, ni una decisión política que pueda atribuirse como un logro propio o sectorial. Es un derecho establecido en la Ley provincial Nº 10.930, que debe cumplirse y garantizarse para todas y todos los trabajadores alcanzados por la normativa y que acumula un importante atraso en su implementación”, señalaron.
“El avance de este reclamo no responde a favores políticos, sino al plan de lucha y a la movilización masiva que las y los trabajadores de la salud protagonizaron en las calles el pasado 11 de noviembre. Fue la movilización de los trabajadores la que puso el tema en agenda. La conquista es colectiva y no puede convertirse en patrimonio de ningún sector”, enfatizaron.
“No cuestionamos que se avance con las recategorizaciones. Por el contrario, defendemos su implementación y el reconocimiento de la trayectoria, la formación y el desarrollo profesional de Enfermería. Lo que rechazamos es que un derecho colectivo sea utilizado como herramienta de comunicación política o que su tratamiento se reduzca a negociaciones sectoriales y excluyentes, dejando de lado al conjunto de las y los trabajadores involucrados”.
“La Ley 10.930 no puede convertirse en una herramienta de propaganda ni utilizarse para construir protagonismos sindicales o gubernamentales. Su cumplimiento exige responsabilidad institucional, transparencia, igualdad de trato, participación y garantías para todas y todos. Por eso, exigimos al Gobierno provincial y al Ministerio de Salud: criterios de recategorización claros, públicos y transparentes; plazos concretos y garantías efectivas de implementación; igualdad de oportunidades para todo el personal alcanzado por la Ley 10.930; instancias de diálogo y participación que contemplen al conjunto de los trabajadores y sus representaciones; respuestas a las demandas históricas del sector: mejoras salariales, pases a planta, continuidad de contratos y condiciones laborales dignas”.
Sentenciaron que: “No alcanza con anunciar que se puso en marcha un proceso ni con mostrar resultados de reuniones sectoriales. Los trabajadores necesitan certezas, respuestas y derechos efectivos, no titulares”.
Desde ATE “ratificamos nuestro compromiso con la defensa de las y los trabajadores y exigimos que la Ley 10.930 se cumpla en toda su dimensión, sin exclusiones, privilegios ni discrecionalidad”.
En diálogo con AIM, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes consideró “improcedente” anunciar en conjunto (gobierno y el otro sindicato) el cumplimiento de derechos ya establecidos por ley, como el pago de prolongaciones y recategorizaciones, porque eso “implica desconocer la ley y el principio de equidad”.
Rechazo a la reforma del Código Procesal Laboral
Por otra parte, desde el Sindicato advirtieron que, “bajo el argumento de modernizar y agilizar el servicio de justicia, la iniciativa introduce cambios regresivos que debilitan las garantías procesales y colocan a los trabajadores en una situación de mayor desprotección frente a los empleadores y las aseguradoras de riesgos del trabajo”.
ATE presentó ante la Cámara de Diputados su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno provincial, “por considerar que representa un grave retroceso en los derechos y garantías de las y los trabajadores”.
“Esta iniciativa se inscribe en la misma política de ajuste y quita de derechos que impulsa el Gobierno de Milei y que Frigerio replica en Entre Ríos, avanzando sobre conquistas laborales y debilitando las herramientas de protección de quienes trabajan”, remarcaron.
“No vamos a permitir que, bajo el argumento de modernizar la justicia, se impongan más obstáculos para reclamar y se recorten derechos conquistados”. Y reclamaron “una Justicia Laboral para ampliar derechos, no para recortar garantías”.
Fuente AIM








