Existe una línea roja muy clara entre el marketing político agresivo y el desconocimiento del Estado de derecho. Lo que la gestión de Rogelio Frigerio y su funcionario Lautaro Azzalini están desplegando en Entre Ríos ha dejado de ser una simple maniobra de prensa para convertirse en un grave estallido de prepotencia e incoherencia institucional.
Por Pablo M. Mugherli (*)
La mecánica de esta gestión es tan transparente como perversa: desacreditar sistemáticamente aquello que se quiere cambiar para hacer políticamente aceptable su reemplazo. Utilizar episodios aislados para tildar a los comedores escolares de «descontrolados» y «anárquicos» busca moldear la opinión pública desde micrófonos porteños para entregar el sistema a corporaciones centralizadas como Teknofood, aplastando de paso al comercio, a la producción local y al empleo de nuestras localidades.
Sin embargo, la contradicción del relato oficial roza el absurdo al analizar el rol que le asignan a los directivos de las instituciones. Injuriar de forma generalizada a los directores de escuelas bajo veladas sospechas de corrupción y, al mismo tiempo, mantener en sus manos la gestión del almuerzo evidencia un cinismo preocupante. Si las autoridades realmente están convencidas de que existe corrupción y aun así les dejan el manejo del almuerzo, se convierten en inmediatos cómplices de aquello que denuncian. El almuerzo representa el salvoconducto financiero más importante de la partida alimentaria; se sabe que la masa de recursos que mueve un almuerzo es infinitamente superior a la de un desayuno o una merienda. Si el gobierno creyera verdaderamente en sus propias acusaciones, jamás delegaría la caja más abultada a quienes difama. Al hacerlo, demuestra que el discurso de la «corrupción» no es una preocupación real de control, sino un pretexto conveniente para justificar el negocio de la centralización.
A este manejo arbitrario se suma una postura de inusitada gravedad institucional. Manifestar abiertamente que, sea cual sea la resolución de la Justicia, ellos van a avanzar igual con su idea, trasciende la mera soberbia política para constituir una actitud de explícito carácter sedicioso. Un funcionario público que advierte que las sentencias judiciales no frenarán su voluntad está desconociendo deliberadamente la división de poderes y el orden constitucional de la provincia.
Pretender gobernar por la vía del hecho consumado, manchando la honra de los directivos escolares y amenazando con pasar por encima de la Justicia, configura una práctica autoritaria. Los entrerrianos no podemos tolerar que la prepotencia de un relato pretenda situarse por encima de las leyes de la provincia.
(*) Docente – C. del Uruguay
