La situación de la cementera de ANCAP en Paysandú genera creciente preocupación entre autoridades y trabajadores, en medio de versiones sobre una posible reducción de la actividad en la planta. Aunque aún no existe una decisión oficial del ente estatal, las evaluaciones técnicas indican que podría avanzarse en un esquema que afecte la operativa local.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, advirtió que cualquier medida impactará negativamente en el departamento y reclamó definiciones concretas. Tras una reunión con autoridades de ANCAP, diputados y ediles departamentales, calificó el encuentro como positivo pero insistió en la necesidad de certezas sobre el futuro de la planta.
“Paysandú necesita certezas y decisiones concretas, no solamente buenas intenciones”, sostuvo Olivera, quien remarcó que la actividad del ente tiene un peso decisivo en el entramado productivo local, tanto por los puestos de trabajo directos como por el movimiento económico que genera.
Según explicó el jefe comunal, una de las alternativas que se analiza es la eventual reubicación de trabajadores en la planta de Minas, aunque aseguró que los empleados rechazan esa posibilidad. “Bajo ningún punto de vista los trabajadores quieren irse”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, señaló que el objetivo principal es mantener los puestos de trabajo y aseguró que el organismo está analizando todas las herramientas legales para lograrlo. No obstante, explicó que la planta de Minas presenta ventajas operativas y logísticas que la posicionan como la única capaz de abastecer la totalidad del mercado nacional de cemento.
Actualmente ANCAP posee aproximadamente un tercio del mercado, equivalente a unas 280.000 toneladas anuales. Mientras la planta de Paysandú puede producir alrededor de 200.000 toneladas, la de Minas tiene capacidad para cubrir toda la demanda, además de contar con un horno más moderno y conexión ferroviaria con Montevideo, lo que reduce costos de transporte.
Olivera advirtió que el impacto económico podría ser significativo si se reduce la actividad. Según estimaciones planteadas por el propio intendente, el efecto multiplicador podría alcanzar a unas 600 personas si se consideran los empleos directos e indirectos vinculados a la actividad cementera.
El intendente destacó la apertura al diálogo por parte de las autoridades del ente y aseguró que el gobierno departamental continuará gestionando para que Paysandú mantenga su rol dentro de ANCAP.
Más allá de la coyuntura, Olivera sostuvo que el departamento tiene condiciones para consolidarse como un polo industrial y energético, pero remarcó que se necesitan decisiones estratégicas que aseguren el desarrollo y el empleo local.
Esta nota fue elaborada con información del semanario 20once de Paysandú y el periodista Mauro Goldman.
Fuente Infocdelu
