El futuro de la iniciativa Arazatí, será tema central en la reunión del actual secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, con su sucesor, Alejandro Sánchez.
El proyecto que dejó asperezas en la transición
La transición marchaba sin grandes inconvenientes, en una etapa quizás prematura, cuando el futuro del proyecto Arazatí comenzó a generar asperezas entre los equipos de gobierno. Con la medida cautelar del juez Alejandro Recarey poniendo en pausa la firma del contrato entre OSE y el consorcio de empresas privadas Aguas de Montevideo, no parecía ser un tema de relevancia; pero la medida fue levantada y, en pocos días, la iniciativa no solo tuvo la luz verde judicial sino también la aprobación del Ministerio de Ambiente.
De esta manera, comenzaron los cruces: desde el actual gobierno primero se mostraron cautelosos con tomar cualquier decisión que implicara la firma de un contrato millonario a pocos meses del cambio de mando; y desde el equipo de Orsi —con el presidente electo a la cabeza— pusieron en duda que fueran a comprometerse con el proyecto.
Esto porque no solo querían revisarlo, sobre todo desde el punto de vista ambiental —con serias dudas respecto a la calidad del agua potable resultante, a partir de factores como la salinidad, el pólder y las cianobacterias—, sino también porque, tal y como está explicitado en las bases programáticas del Frente Amplio, la prioridad del futuro gobierno será Casupá. De todos modos, Orsi aseguró que su gestión honrará los contratos firmados y que una revisión no implicaba, necesariamente, echar para atrás la iniciativa.
Sin embargo, los cruces y cuestionamientos fueron aumentando, y argumentos relacionados al carácter privado de Arazatí —y al deseo de que fuera obra 100% pública por parte del FA— fueron inmiscuyéndose en la discusión. Más aún cuando Ortuño fue designado como futuro ministro de Ambiente, considerando que, desde su antiguo rol como director en OSE, fue de los más críticos al proyecto.
Finalmente, el 6 de enero, el presidente Lacalle Pou aseguró que la decisión de su gobierno —pese a todo lo dicho previamente— era firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora.
«Obviamente, con el gobierno que viene vamos a tratar de ponernos de acuerdo, hay algunos temas que a nosotros nos parecen lógicos que hace tiempo los venimos hablando, si podemos llegar a un acuerdo, mejor», añadió.
Quedará ahora por ver qué postura tomará la futura administración y si, efectivamente, el 1° de marzo asumirá con el contrato del proyecto Arazatí firmado y el compromiso estatal asumido.
Fuente Ámbito
