La factura pesa cada vez más en los ingresos. El EPRE debería estar del lado del usuario, con independencia real, transparencia y defensa efectiva de quienes pagan el servicio.
Por UCR Activa Entre Ríos
Cuando abrís la boleta de luz, todos los meses ves un problema concreto. Ves un servicio esencial que ocupa cada vez más lugar en la economía del hogar o de tu negocio. Y cuando eso pasa, la pregunta no es sólo cuánto subió: la pregunta es quién controla, quién explica y quién defiende al usuario.
En Entre Ríos, ese rol le corresponde al EPRE, el Ente Provincial Regulador de la Energía. No debería ser un sello burocrático ni una oficina lejana. Debería ser un organismo fuerte, autónomo y con capacidad real para equilibrar una relación desigual: de un lado, las empresas y las decisiones tarifarias; y del otro, familias, jubilados, trabajadores, comercios y productores que no pueden prescindir de la energía.
Los datos oficiales muestran con crudeza por qué esto importa. Tomando un ejemplo residencial N2 de 150 kWh mensuales y comparando cuadros tarifarios oficiales, el valor mensual de referencia pasó de alrededor de $3.598 en febrero de 2024 a $17.317 en noviembre de 2025, sin contar impuestos locales. Es una suba aproximada del 381% en menos de dos años.
Fuente del gráfico: cuadros tarifarios oficiales del EPRE/ENERSA para febrero 2024, agosto 2024, febrero 2025, julio 2025 y noviembre 2025. Ejemplo elaborado sólo para mostrar la magnitud de la variación.
Evolución ilustrativa de una tarifa residencial N2 en Entre Ríos (150 kWh/mes, sin impuestos locales).
Mientras la tarifa eléctrica residencial tomada como referencia en Entre Ríos pasó de un índice 100 en febrero de 2024 a alrededor de 481 en noviembre de 2025, el salario promedio formal medido por RIPTE llegó aproximadamente a 260 y el salario mínimo apenas a 182 en el mismo período. Es decir: la energía eléctrica subió muy por encima de los ingresos.
Por eso no alcanza con discutir tarifas: hay que discutir control. Cuando un servicio esencial sube muy por encima de los salarios y el ente regulador pierde independencia, se debilita la herramienta que debería proteger a familias, jubilados, trabajadores y pequeños y medianos comercios frente a aumentos, cargos dudosos y decisiones tomadas sin suficiente transparencia ni participación social.
Nadie discute que el sistema eléctrico necesita sustentabilidad. Lo que sí debe discutirse es bajo qué reglas, con qué controles y con qué grado de transparencia. Porque una tarifa puede ser legal y, aun así, resultar socialmente injusta o políticamente irresponsable si el usuario no tiene una defensa institucional seria.
UCR Activa sostiene algo simple: un servicio público esencial no puede quedar librado a la inercia.
Si la tarifa sube, también tiene que subir el nivel de control. Si se exige esfuerzo a la sociedad, también debe exigirse un ente regulador normalizado, independiente y abierto a la participación de usuarios y consumidores.
La energía no puede administrarse con oscuridad institucional.
UCR Activa Entre Ríos
