Yamandú Orsi aceptó la solicitud de apoyo del gobierno de Javier Milei, en el marco de la apelación del caso YPF contra la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera.
El apoyo de Uruguay en el caso YPF
Uno de los países consultados por Argentina fue Uruguay que, en instancias anteriores, ya ha comparecido como «amicus curiae» en apoyo del país vecino. Una solicitud que fue aceptada por el gobierno de Yamandú Orsi, por lo que el país apoyará la defensa argentina ente el tribunal estadounidense, al igual que lo hará también el Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump.
¿Qué significa que Uruguay sea «amicus curiae» de Argentina?
La expresión «amicus curiae», como muchas de la jerga del derecho, proviene del latín. Su traducción literal es «amigo de la corte» y se trata de una presentación escrita que realiza un tercero ajeno a un litigio con el objetivo de ofrecer voluntariamente su opinión, información o perspectiva sobre algún aspecto del caso. Quien presenta este escrito no es parte del juicio, pero posee un interés justificado en el resultado del mismo.
En este caso, el gobierno uruguayo participará en la apelación a la orden de entrega de las acciones de YPF —por el momento, no en la apelación contra la sentencia en primera instancia de 2023 que condenó al Estado argentino—, bajo el argumento de evitar sentar precedentes negativos a los intereses de los Estados en futuros litigios que tengan lugar en Estados Unidos.
La misma explicación ofrece la administración Trump para involucrarse: considera que el fallo va en contra de la inmunidad soberana, un principio clave del derecho internacional, en tanto infringe las normas que protegen los bienes de un Estado de ser embargados por tribunales de otro país, sobre todo si esos activos no se encuentran físicamente en la jurisdicción del tribunal que emite la orden.
Asimismo, la función del «amicus curiae» es asistir al tribunal para que tome una decisión más informada y precisa. El escrito aporta argumentos, datos técnicos o consideraciones legales que pueden enriquecer el análisis de los jueces más allá de los alegatos presentados por los demandantes y demandados. Esta tarea estará a cargo del prosecretario Díaz, tal y como se explicitó en la resolución firmada por Orsi y Oddone.
La decisión judicial en torno a esta apelación se conocerá el lunes 27 de octubre; mientras que la apelación a la sentencia de 2023 podría resolverse en los primeros meses de 2026.
Fuente Ámbito
