Llevarian a Colonización a la justicia, los denunciantes sostienen que la compra se aprobó con vicios de procedimiento y posibles conflictos de interés.
Diputados del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) e Identidad Soberana (IS) acudirán este jueves a la Justicia para presentar una denuncia penal contra el Instituto Nacional de Colonización (INC) por la compra de la estancia María Dolores, adquirida por 32,5 millones de dólares.
Según informó el portal Búsqueda, el reclamo formal ante la Suprema Corte de Justicia incluirá acusaciones por presuntos delitos de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público.
La denuncia fue inicialmente anunciada por el diputado de IS, Gustavo Salle, luego de que Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA) decidieran aplazar la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. Tras su comunicado, se sumaron a la iniciativa el legislador colorado Juan Martín Jorge, quien había solicitado la investigación parlamentaria y, posteriormente, diputados blancos.
Los argumentos de la denuncia ante la Justicia
Los legisladores opositores sostienen que la compra de la estancia se concretó en el marco de un «presunto desvío de los fines de la administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado«.
Entre los puntos cuestionados, señalan que al momento de la operación el área de Liquidación del INC no contaba con presupuesto suficiente para afrontar el gasto, lo que implica una posible vulneración de las normas financieras.
En cuanto a la acusación de falsificación ideológica, afirman que la resolución se dictó sin contar con el informe técnico exigido por el artículo 28 de la ley 11.029. Ese documento habría sido agregado posteriormente, con fecha antedatada al 28 de abril de 2025, e incluía reparos «sustantivos» que no fueron considerados. Según los denunciantes, también faltó un estudio económico integral de la explotación regular, y la documentación se habría manipulado «para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada».
Los legisladores además acusan al directorio del INC de actuar de forma irregular, al aprobar la compra con solo tres votos cuando el Tribunal de Cuentas (TCR) exige cuatro. También objetan la contratación externa de un informe profesional y remarcan la conjunción de intereses, ya que dos integrantes del directorio eran colonos y no debían participar de la votación.
Fuente Ámbito
