La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos (Uruguay) aprobó una nueva estrategia nacional basada en la evolución de riesgos.
Uruguay avanza en el fortalecimiento de su sistema de prevención frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y este martes, la Comisión Coordinadora encargada del tema aprobó una nueva estrategia nacional que será elevada al presidente Yamandú Orsi para su ratificación oficial.
La reunión, celebrada en la Torre Ejecutiva, fue encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y contó con la participación de altas autoridades como la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la fiscal de Corte, Mónica Ferrero; y representantes de los ministerios de Economía, Defensa, Educación y Cultura, así como del Banco Central del Uruguay (BCU)y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JTEP).
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, explicó que el nuevo plan se elaboró sobre la base de la evaluación nacional de riesgos realizada en 2023. El documento contempla «cambios y ajustes» alineados con las prioridades del nuevo gobierno, que asumió en marzo.
«Siempre hay desafíos, pero en términos generales estamos conformes. Estamos trabajando con un equipo fuerte para seguir avanzando en la materia», destacó Libonatti al cierre de la sesión.
El objetivo es cumplir con las normativas del GAFI
Durante la jornada también se presentaron los principales resultados del trabajo realizado en los primeros cuatro meses del año. Aunque no se brindaron detalles del contenido del documento, desde la Secretaría se adelantó que la estrategia contempla medidas de prevención, monitoreo y cooperación interinstitucional con el objetivo de proteger al sistema financiero y comercial del país frente a prácticas ilícitas.
El gobierno uruguayo busca mantener su reputación internacional como plaza confiable y transparente, en línea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ese sentido, la aprobación de esta estrategia es un paso clave para reforzar las capacidades del Estado en el combate al crimen organizado, especialmente en momentos en que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo adquieren nuevas formas y mecanismos en todo el mundo.
Con esta hoja de ruta, la administración Orsi se propone modernizar herramientas de control, estrechar la cooperación con organismos internacionales y consolidar una política de Estado en materia de transparencia y lucha contra el delito financiero. Ahora, resta la firma del presidente para su entrada en vigencia.
Fuente Ámbito
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