El gobierno avanza con la investigación luego del atentado al domicilio de la fiscal de Corte, que ya cuenta con dos detenidos.
El presidente Yamandú Orsi, convocó este lunes a las 11 al ministro del Interior, Carlos Negro, a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a la Torre Ejecutiva, tras el ingreso de desconocidos a la vivienda de la fiscal que realizaron disparos durante la madrugada de este domingo, en un hecho que se investiga como un atentado vinculado al narcotráfico.
El ataque desató reacciones inmediatas en el gobierno y también en los principales partidos políticos. Según la denuncia realizada por Ferrero ante la Policía, alrededor de las 5 de esta madrugada, dos personas ingresaron a su domicilio y efectuaron al menos dos disparos antes de darse a la fuga. Aunque no se reportaron heridos, los impactos de bala causaron daños materiales en la finca.
Dos jóvenes fueron detenidos como sospechosos del episodio y se cree que forman parte de la banda criminal Los Albín, el brazo ejecutor de las operaciones del narcotraficante Sebastián Marset en Uruguay. El móvil sería una venganza por la incautación de 2,2 toneladas de cocaína valuadas en 13 millones de dólares y que podrían haber alcanzado 60 millones de dólares una vez colocadas en Europa.
«Van a caer»
El ministro Carlos Negro señaló en conferencia de prensa que en el gobierno están «preocupados, pero, sobre todo, ocupados” luego del ataque y advirtió: “No nos moverán ni un centímetro y van a caer. Ya cayeron dos y no serán los únicos ni los últimos en caer”.
El mensaje de la oposición
La gravedad del episodio motivó a reacciones desde la oposición. Por caso, el Partido Nacional (PN) realizó una sesión extraordinaria este domingo y, tras la cita, el presidente de su directorio, Álvaro Delgado, apuntó que «es un tea institucionalmente muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay» y pidió «que mañana no sea una anécdota».
Lo propio hizo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC). Al finalizar el encuentro, su secretario general, Andrés Ojeda, consideró que el ataque «marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado», por lo que llamó a redoblar los esfuerzos: «Esto nos impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado».
