En los próximos días, los diputados votarán una modificación en el costo de las multas de tránsito. La iniciativa propone reducir los montos siempre que el infractor pague dentro de los 90 días posteriores a la notificación. Cuanto más se demore, más caro será el valor final. El proyecto ya fue negociado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Congreso de Intendentes, y aún mantiene puntos en discusión entre oficialismo y oposición.
La propuesta original es de los diputados Conrado Rodríguez (Colorado), Sebastián Andújar (Nacionalista) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto). Según informó El País, la intención es aprobarla en comisión el 29 de abril y llevarla al pleno de Diputados durante los primeros días de mayo. Uno de los temas que genera diferencias es la creación de un fondo para educación vial con parte de lo recaudado.
El año pasado se aplicaron más de un millón de multas en el país. Sin embargo, la morosidad superó el 67%: de 1.036.735 sanciones, solo 333.702 fueron pagadas. En el caso de los conductores extranjeros, el incumplimiento llega al 96%. Este contexto impulsa la búsqueda de un sistema que incentive el pago voluntario.
Reducción de hasta 50% para quienes paguen en 90 días
Para el exceso de velocidad de hasta 20 km/h por encima del límite, la multa actual es de 5 Unidades Reajustables (UR). Eso equivale a unos 9.572 pesos. Con la nueva regla, si el conductor paga dentro de los 90 días, el costo baja a 2,5 UR (4.786 pesos). El MTOP pidió esta cláusula para favorecer a los “buenos pagadores”.
Si el pago se hace entre el día 91 y el 180, el monto sube a 3,5 UR (6.700 pesos). Pasados los seis meses, vuelve a ser 5 UR. El mismo criterio se aplica para excesos de 21 a 30 km/h. Allí la multa base es 8 UR (15.315 pesos). Con pago rápido baja a 4 UR (7.657 pesos), entre 91 y 180 días se paga 5,5 UR (10.529 pesos), y después de 181 días se restablecen los 8 UR.
Cambios en excesos graves y otras faltas
Para quienes superan el límite entre 31 km/h y el doble de la velocidad máxima permitida (menos uno), la sanción baja a 6 UR si se abona en los primeros 90 días. Luego escala a 8,5 UR y finalmente 12 UR. En los casos más extremos, cuando se duplica o más el límite, la multa se fija en 15 UR (28.716 pesos) sin descuentos.
Otras infracciones mantienen sus montos. Cruzar un semáforo en rojo o hacer adelantamientos prohibidos en rutas nacionales sigue en 10 UR (19.144 pesos). Conducir bajo efectos del alcohol o drogas, o negarse a la espirometría, también se mantiene en 15 UR.
La modificación más fuerte es para circular sin matrícula, ocultarla o alterarla. Por pedido del MTOP —que informó que más de 300.000 multas no se pudieron aplicar por esta causa—, la multa sube de 4 UR a 15 UR. Todo lo recaudado por este concepto se destinará a obras de infraestructura vial a través de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND).
Reincidentes y fondo educativo en discusión
El oficialismo evalúa agregar un tratamiento especial para reincidentes. Se los definiría como aquellos con más de cinco infracciones en rutas nacionales en un año. Paralelamente, el MTOP presentó su propia propuesta, que no reduce los montos actuales sino que ofrece descuentos porcentuales más pequeños, con el objetivo de “incentivar en vez de penalizar”.
El punto más polémico es la creación de un “Fondo de Educación en Seguridad Vial” administrado por el MTOP. Según el texto, servirá para “diseñar e implementar campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores, la instalación de radares pedagógicos, para lograr un adecuado cumplimiento de la normativa de tránsito, que contribuya a reducir la siniestralidad en Uruguay”. Se destinaría el 10% de lo recaudado por multas por exceso de velocidad.
El diputado Rodríguez es el principal impulsor de este fondo. Considera que el proyecto no debe ser solo económico sino también incluir políticas de educación vial. Sin embargo, desde el Frente Amplio dudan si el Parlamento tiene facultades para crear este fondo o si corresponde al Poder Ejecutivo.
Durante una comparecencia del presidente de Unasev, Marcelo Metediera, ante la comisión de Hacienda, el jerarca fue consultado sobre las campañas actuales. Metediera reconoció que hay algunas a través de intendencias, Primaria y Secundaria, pero que las campañas de bien público solicitadas a Presidencia “no alcanza”. Y agregó: “Igual, históricamente, Unasev ha hecho campañas en redes, en territorio, vinculadas al inicio del verano, turismo, carnaval, el inicio de clases, el día del peatón. Ese tipo de campañas también se utilizan y se pueden reforzar. Entonces, ¿tenemos previstas campañas de bien público? Sí, tenemos solicitadas. Todavía no hemos podido lograr que se resuelvan, pero el fondo (de Seguridad Vial), de alguna manera, nos puede dar cierta independencia para potenciar las campañas, en términos económicos, claramente. Por eso apostamos también a ello”.
Plazos y votación en mayo
Si se cumple el cronograma, la comisión dará el visto bueno el 29 de abril. Luego el proyecto pasará al pleno de Diputados, donde se votaría en los primeros días de mayo. Las diferencias entre oficialismo y oposición persisten en torno al fondo educativo, pero hay voluntad de llegar a un acuerdo.
El sistema escalonado de pagos —descuento por pago rápido, valor intermedio y monto pleno— busca reducir la alta morosidad actual. En 2025, la recaudación total por multas superó los US$ 66 millones, pero dos de cada tres infracciones quedaron sin cobrar. La nueva ley apunta a cambiar esa tendencia sin necesidad de aumentar las sanciones.
Fuente LR21
